La ley de regadíos “atenta contra la biodiversidad y su aprobación conllevaría duras consecuencias” para Doñana

El partido Nación Andaluza ha rechazado mediante una nota de prensa el proyecto que regula los regadíos de cinco zonas del condado de Huelva en el entorno de Doñana. La ley impulsada por PP y Vox busca “legalizar cultivos hasta ahora ilegales de dichos municipios y reconocer como agrícolas unas 800 hectáreas de dichos municipios onubenses para que los agricultores que posean fincas puedan utilizar el agua de Doñana” afirman.

Desde Nación Andaluza denuncian que “la proposición de ley es una violación a la labor de conservación de más de 54 años, que ha conseguido otorgar un reconocimiento internacional a un espacio declarado Parque Nacional (1969), Red Natura 2000, ZEPA y Patrimonio Natural por la Unesco. Esta propuesta de ley de regadíos atenta contra la biodiversidad y su aprobación conllevaría duras consecuencias para las
especies más simbólicas tanto de la fauna como de la flora”.

La proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox de 2022 para amnistiar regadíos ilegales en el entorno
del Parque Natural es prácticamente la misma que se tramita ahora. No recoge dos datos clave: ni
el número exacto de hectáreas susceptibles de recalificar como suelo de cultivo regable ni el volumen
de agua necesario para garantizar ese riego. PP y Vox han ofrecido varias cifras, pero siempre con
estimaciones. En esa intervención, Arjona detalla por primera vez que “de las 1.600 hectáreas que
quedaron fuera del plan de ordenación de la Corona Norte de Doñana [el llamado Plan de la Fresa], se
reconocería el derecho de aguas superficiales a 748 hectáreas”.

Señalan que PP y Vox insisten en “las infraestructuras hidráulicas pendientes (evidenciando así nuestra ausencia real de soberanía para acometer políticas del agua propias): la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre…. Esto, claro, no depende sólo del Ejecutivo andaluz, responsable de la cuenca Tinto, Odiel y Piedras sino del Gobierno central -que amputó del estatuto de 2007 las competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir– y que aunque ahora se niega sabemos que acabará satisfaciendo las expectativas ecocidas de los pequeños y medianos agricultores que se beneficiarán de la recalificación”.

La formación independentista anima a participar en todas las movilizaciones y actos de protesta contra esta ley.

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Francisco Vílchez

Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.

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