La Junta sigue apostando por la contaminante industria minera. Saca a concurso 99 derechos de investigación
Los intereses empresariales y los criterios de la Junta de Andalucía siguen coincidiendo en el diagnóstico de que Andalucía cuenta aún con recursos y reservas minerales como para ser rentables y que propicien la creación de empleo y riqueza en el territorio, por lo que defiende y potencia la contaminante industria minera.
Como prueba de ello, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta aprobó ayer la convocatoria de un concurso sobre 99 derechos mineros de investigación en 79 municipios andaluces. Se trata del mayor concurso de minería organizado en la comunidad desde hace casi tres años. La superficie global que ha salido a concurso durante las dos últimas legislaturas supera las 740.000 hectáreas.
La Junta sostiene que si estos derechos de investigación se concretaran en la explotación de algún yacimiento se generarían puestos de trabajo en zonas rurales durante castigadas por la crisis. La adjudicación de estos derechos de investigación mineros sólo pueden realizarse sobre terrenos que resulten francos porque hayan caducado derechos anteriores y siempre mediante concurso público.
La superficie global afectada alcanza las 81.600 hectáreas de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada. El concurso en Sevilla alcanza los 37 derechos en 24 localidades: Almadén de la Plata, Las Cabezas de San Juan, Carmona, Coripe, Los Corrales, El Coronil, Estepa, El Garrobo, Gilena, Guillena, Lora de Estepa, Mairena del Alcor, Martín de la Jara, Morón de la Frontera, Osuna, Pedrera, Pruna, La Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucía, Real de la Jara, El Saucejo, Utrera y El Viso del Alcor y Villanueva de San Juan.
Esta apuesta fue detallada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su intervención en el debate de política general celebrado el pasado mes de junio en el Parlamento. Anunció entonces un Plan de Restauración Minera dotado con 25 millones de euros que permitiría intervenir a la Administración en los próximos meses, fundamentalmente en la Faja Pirítica Ibérica onubense, y en los distritos mineros del norte de Córdoba.
Se estima que los recursos potenciales en yacimientos mineros en la Faja Pirítica pueden ser superiores a los 1.500 millones de toneladas. Los progresos conseguidos en el ámbito de la exploración, como la realización de prospecciones a mayores profundidades, alcanzando incluso un kilómetro bajo la superficie terrestre, está abriendo nuevas posibilidades.
Aunque el producto que más se extrae y se investiga actualmente es el cobre, seguido del zinc, en la región se pueden encontrar también otros minerales metálicos, como el plomo, el hierro, la plata y algún depósito de oro, según la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).
Oposición ecologista
Los grupos ecologistas, que rechazan el boom minero en Andalucía, advierten de que estas minas tienen un ciclo de vida corto y el negocio se agotará en poco tiempo devolviendo a la depresión a estas comarcas. Exigen a la Junta que buena parte de los beneficios que se obtengan por estos nuevos derechos se inviertan en las zonas que soportarán la actividad para diversificar sus posibilidades económicas.
Ecologistas en Acción ya criticó que las multinacionales que lideran estos negocios son conocidas por “desaparecer con el beneficio, dejando atrás paro, enfermedades profesionales y destrucción social y ambiental”. También acusan a la Junta de situarse en una posición “acrítica” y aferrarse a la minería como “tabla de salvación”.
Recuerdan que la minería en Andalucía ha supuesto graves impactos ambientales y que mucho tendrían que cambiar los procesos productivos y las garantías exigidas por la administración como para fiarle el futuro desarrollo de Andalucía.
En un comunicado emitido con motivo de la reapertura de la de Aznalcóllar ya advirtió que “la propuesta de la Junta de Andalucía de fiar el desarrollo económico andaluz a la minería no puede ser más errónea, se ponen del lado de las compañías depredadoras de los bienes comunes que aprovechan la escasa atención a las políticas medioambientales por parte de la Junta de Andalucía en época de crisis económica”.
La Otra Andalucía
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