La Consejería de Turismo pide 5 años de cárcel para tres sindicalistas de Granada por una protesta laboral
El próximo 1 de febrero será el juicio por el que le piden 5 años de cárcel a tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en Granada. La delegada sindical, Vanesa, María José Sánchez, de Unión Kellys Granada, y Néstor Salvador, secretario del SAT-Granada son los tres procesados.
Distintos colectivos han manifestado ya su apoyo a los tres sindicalistas represaliados como USTEA, Nación Andaluza o el sindicato asturiano CSI.
A continuación reproducimos el comunicado que el sindicato ha invitado a suscribir a las distintas organizaciones:
En marzo de 2020 compañeros y compañeras del SAT y de otras organizaciones solidarias con el
caso de Vanesa Sánchez, ocupamos la Delegación Territorial de Turismo en señal de protesta.
Vanesa, delegada sindical del SAT en RYDALCA (empresa encargada de la limpieza de las oficinas
y dependencias de Turismo de la Junta), fue despedida tras el traslado de la sede de la Delegación a
la Avda. de Madrid de Granada. Se dio el caso de que todos los trabajadores/as fueron
subrogados/as por Verdiblanca, la nueva empresa subcontrata, excepto ella, cometiéndose
ilegalidades con el consentimiento de la Junta de Andalucía, al faltar al artículo 28 del Convenio
Colectivo de Limpieza e infringiendo la ley del derecho a la Libertad Sindical respaldada por el
Estatuto de Trabajadores/as.
Ante tal injusticia, consideramos que era necesario alzar la voz y mostrar con contundencia nuestro
desacuerdo ante el despido. Por lo que, nos metimos dentro del edificio público y desplegamos dos
pancartas de forma pacífica. En un principio, la causa se archivó pero se reabrió debido a las
diligencias por parte del subdelegado de Turismo, perteneciente al partido de Ciudadanos. El
próximo 1 de febrero será el juicio por el que le piden 5 años de cárcel a nuestra delegada sindical,
Vanesa, a María José Sánchez, de Unión Kellys Granada, y a Néstor Salvador, secretario del SATGranada. Vanesa llevaba once años limpiando las dependencias de la Junta, fue despedida por ser
delegada sindical y por estar de baja laboral, al considerar la nueva empresa subcontrata de la Junta
que esto suponía una amenaza para sus bolsillos.
No podemos consentir que por reivindicar nuestros derechos laborales nos quieran meter en la
cárcel. Es más, estamos ante un sector altamente feminizado, donde las mujeres sufrimos la
minusvaloración de nuestro trabajo, estando mal remunerado y en desigualdad. Pues, no debemos
olvidar que dentro del sector las mujeres solemos estar contratadas por horas y dadas de alta en
categorías inferiores a las de nuestros compañeros, realizando las mismas tareas.
Denunciamos que se trata de un juicio aleccionador con intención de criminalizar el derecho a
defender nuestros puestos de trabajo ante las ilegalidades que cometen los empresarios/as, que, en
este caso, gestionan la limpieza de las dependencias de la Junta de Andalucía con dinero público.
Querer meter entre rejas a una limpiadora por defender sus derechos es un ataque de máxima
gravedad hacia la clase trabajadora. Por consiguiente, este manifiesto de adhesión solicita el apoyo
de personas y colectivos que consideren este juicio como injusto.
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