La Audiencia Nacional ordenó instalar un programa espía a David Fernández y Arrufat

Los ex-diputados de la CUP David Fernández y Quim Arrufat fueron investigados por la Guardia Civil entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 en la investigación por terrorismo contra el Tsunami Democrátic abierta por la Audiencia española, según consta en el sumario de la causa al que ha tenido acceso VilaWeb. Durante ese tiempo tuvieron pinchados los teléfonos y les intervinieron unas cuantas conversaciones telefónicas, algunas de carácter personal, con la autorización del magistrado Alejandro Abascal y Manuel García-Castellón en el juzgado central número 6 de la Audiencia. Y no sólo eso: en el caso de David Fernández, el juez llegó a autorizar que fuera espiado con un software del que no se da el nombre pero que tiene las mismas características técnicas que Pegasus. Según los informes de la Guardia Civil, no salieron adelante “por razones técnicas ajenas a la investigación”, aunque el informe de Citizen Lab sobre el Catalangate indica que Fernández no fue infectado con Pegasus, pero era un objetivo . Y las escuchas telefónicas continuaron, e intervinieron más conversaciones privadas. El motivo: que tanto él como Arrufat eran sospechosos de ser ideólogos y coordinadores del Tsunami.

Para llegar a esta conclusión la Guardia Civil se basaba, en el informe del 16 de diciembre de 2019, sobre todo en que ambos eran muy activos en las redes y en las calles apoyando las acciones que d desde el 14 de octubre de ese año había convocado al Tsunami como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo español contra los dirigentes políticos y sociales del proceso. Y al hecho de que tenían muchos seguidores en la red y mucha capacidad de influencia. Es el mismo razonamiento que les llevó a espiar, con pinchazos telefónicos y la intervención de casi doscientas conversaciones de todo tipo, el ex-diputado de Podemos Albano-Dante Fachin, junto con Marta Sibina, creadores e impulsores de la plataforma Octuvre.

Capturas de pitos y declaraciones

Además, en el caso de David Fernández, la Guardia Civil decía que debía ser un ideólogo de Tsunami porque “ya en noviembre de 2014 utilizaba el concepto de Tsunami Democrátic a propósito de la primera consulta ilegal del 9-N” y que expresaba el apoyo público a Jordi Cuixart en el juicio contra el proceso en febrero del 2019 con los tweets: “Tsunami democrátic siempre” y “¿cómo se detiene un tsunami?”. Y vinculaban estas expresiones de hacía tiempo con que Fernández participó de forma muy activa en las movilizaciones del Tsunami.

Encontraban destacable que acudiera a una concentración en la plaza de Catalunya y en la marcha hacia el aeropuerto, y como prueba, para demostrarlo, incluían en el informe capturas de pantalla de tweets de David Fernández con fotografías de las protestas. Y presentaban como evidencia que repudiara pitos del Tsunami, que se hiciese eco de varias acciones de protesta: como la de delante de la delegación del gobierno español para impedir que accediera Pedro Sánchez; la del día de reflexión de las elecciones españolas del 9 de noviembre, la protesta en la AP-7 en Pertús con el bloqueo de la frontera, sobre el posible boicot del Barça-Madrid en el Camp Nou… Y enfatizando siempre que tenía un gran número de seguidores en Twitter y que esto le daba mucha visibilidad.

En Pie de Paz y Otegi

Y en este contexto los agentes de la unidad investigadora de la Guardia Civil encontraban especialmente grave que estuviera vinculado a En Pie de Paz, una iniciativa para poder coordinar manifestaciones pacíficas de desobediencia, y que fuese “una persona destacada en organización y entrenamiento para la realización de movilizaciones de resistencia”.

Más aún: la Guardia Civil recordaba la relación de David Fernández con el dirigente de la izquierda Arnaldo Otegi, a quien visitó en la cárcel de Logroño acompañado de Joan Tardà cuatro años atrás, y que de sus “vinculaciones políticas con el País Vasco” acabara saliendo una protesta en el País Vasco simultánea a la del Tsunami en la que se bloqueó la frontera de Irún.

En el caso de Quim Arrufat, el informe del 16 de diciembre decía que participó en una reunión en Ginebra en julio de ese año con el presidente Quim Torra, el presidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la ex-diputada de la CUP Anna Gabriel, la ex-presidenta del ANC Elisenda Paluzie, entre más gente. Y que él tenía influencia en la CUP, que participaba en acciones de protesta del Tsunami y que tenía muchos seguidores en Twitter.

Teléfonos pinchados

Por todo ello, el comandante de la Guardia Civil consideraba justificado pedir al juez la autorización para intervenir los teléfonos móviles de Fernández, Arrufat y Fachin, entre más personas. En ese momento piden disponer de “todos los datos asociados a la intervención telefónica, además del envío y recepción de los datos GPRS y UMTS”, y que de esta intervención se pueda obtener “el registro y grabación del contenido de la comunicación, el conocimiento de su origen o destino en el momento en que se hace la comunicación, la localización geográfica del origen o destino de la comunicación y el conocimiento de otros datos de tráfico”, de modo que se pueda tener una lista de todas las llamadas y todos los mensajes alfanuméricos tanto de entrada como de salida. Por un período de dos meses prorrogable. Es una información que se pide a las operadoras de telefonía y que tienen la obligación de entregar si existe la orden judicial.

Y la orden judicial llega un par de días después, previo informe favorable de la fiscalía de la Audiencia española. El juez está de acuerdo en intervenirles los teléfonos por su papel de dinamizadores e ideólogos del Tsunami, porque Fernàndez ya hacía tiempo que había hablado de “tsunami democrático” y porque estaba vinculado a En Peu de Pau, porque es muy activo en las redes, en las que tiene muchos seguidores, y porque había participado en las movilizaciones del Tsunami. Compra todos los argumentos de la Guardia Civil, que califica de “indicios sólidos” para autorizar los pinchazos telefónicos. Y recuerda que el hecho de que se investiga es un caso sospechoso de terrorismo y, por su gravedad, hace que la medida esté más que justificada. Y para poder realizar seguimiento de todo este espionaje abre una pieza separada y secreta.

En esta pieza la Guardia Civil informa sobre el avance de la investigación, y en un informe del 10 de enero dice que es necesario ir más allá. Porque el Tsunami volvió a realizar una acción de una repercusión importante, la protesta en el partido Barça-Madrid en el Camp Nou del 18 de diciembre, porque Fernàndez y Arrufat continúan activos políticamente y porque durante un mes de escuchas telefónicas no han conseguido prácticamente nada. A David Fernàndez le intervienen conversaciones privadas con su entorno más íntimo, con la pareja y la madre, que incluyen con todo detalle en el pero no tienen ningún tipo de relevancia. Y de Quim Arrufat destacan una llamada en la que habla sobre la preparación del movimiento Soberanías que impulsó conjuntamente con Xavier Domènech.

Un paso más allá: Software espía en el teléfono

Al no encontrar nada, y a raíz de la “escasez de conversaciones” de ambos, piden una prórroga en la intervención de los teléfonos. Y en el caso de David Fernàndez, al constatar que se comunica principalmente con aplicaciones de mensajería segura como Signal, piden instalarle un software espía en el teléfono, para poder entrar en él sin que él lo sepa y controlar totalmente todo lo que hay en el dispositivo.

La fiscalía está de acuerdo, y el juez Alejandro Abascal el 16 de enero lo autoriza durante un mes. Porque ve que Fernández se comunica por otros canales que no pueden ser intervenidos con los métodos “convencionales”, y con este propósito: “[Para] continuar investigando a los dinamizadores y coordinadores de Tsunami Democrátic, para conseguir el total esclarecimiento de los hechos , es necesaria la instalación de un software que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del titular o usuario del contenido de los terminales.”

Ni la Guardia Civil ni el juez dicen qué nombre tiene el software, siempre hablan “de un software”, pero detallan las prestaciones, la capacidad de tener un control prácticamente total del móvil de forma remota: “Permitirá acceder a la siguiente información: acceso a la agenda de contactos, acceso al registro de videollamadas o llamadas IP, cuenta de correo asociada al terminal, acceso a las comunicaciones mediante las cuentas mencionadas, historial de navegación web, comunicaciones en redes sociales, aplicaciones de mensajería y chats, árbol de archivos […], posibilidad de activación del micrófono instalado en el dispositivo con el fin de captar y grabar las comunicaciones orales.”

Problemas técnicos y el alto de la fiscalía

Pero un mes después, el 13 de febrero de 2020, la Guardia Civil informa que no han podido instalárselo por razones técnicas y pide una prórroga de un mes más para poder acceder a todas las comunicaciones que David Fernàndez debe tener con mensajería segura. El pinchazo telefónico se prorroga y se mantiene activa, pero no da frutos a ojos de la Guardia Civil. Y pasa otro mes y las dificultades técnicas para instalar el software espía en su móvil continúan, por lo que el 13 de marzo piden una nueva prórroga de otro mes. En ese momento el Tsunami Democrátic está inactivo, y se acerca el estallido de la pandemia. El 16 de marzo el fiscal Miguel Ángel Carballo dice que ya es suficiente, y acaba (aparentemente) el espionaje de las comunicaciones de David Fernández, Quim Arrufat y Albano-Dante Fachin, que habían tenido todavía los teléfonos intervenidos .

El argumento del fiscal es que no había información suficiente sobre la posible comisión de un hecho tan grave como los delitos de terrorismo que justificara una medida tan invasiva como esta: “Se necesitan indicios, que son algo más que simples sospechas”. Había carencia de “datos objetivos”.

VilaWeb se ha puesto en contacto con David Fernàndez, que sobre este hecho quiere destacar que es la fiscalía misma que advierte a la Guardia Civil de que lo que pretende ya roza la inconstitucionalidad. Las palabras utilizadas por el fiscal en el informe de 16 de marzo de 2020 eran que una resolución que autorizara de prorrogar aquel espionaje “difícilmente podría cumplir el requisito constitucional de la motivación”.

Sin embargo, la investigación secreta sobre la organización del Tsunami continuó, así como el espionaje infectando el móvil de varios afectados. La causa se mantuvo secreta hasta principios de este año, cuando la fiscalía se planteó continuarla no por terrorismo sino por desórdenes públicos. Pero con el resultado de las elecciones del 23-J y la posibilidad de una amnistía, el juez García-Castellón hizo una maniobra de la mano de la extrema derecha para retener la causa en la Audiencia española por terrorismo, y va acabar implicando al presidente Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El concierto de San Esteban que la Guardia Civil investigaba como terrorismo

La obsesión de la Guardia Civil por investigar al Tsunami Democrático por terrorismo derivó con informes que radiografían el concierto de Sant Esteve del Orfeó Català en Palau de la Música (2019), en el que los cantores desplegaron una pancarta de color azul, que decía: “Tsunami D.” En los informes, se destaca como algo grave la presencia del presidente Quim Torra entre el público, teniendo en cuenta que “hubo gritos de independencia y libertad y se desplegó una pancarta del Tsunami”.

Fuente: Vilaweb.