Granada Laica reclama la devolución del patrimonio público ‘robado’ por la Iglesia
Granada Laica y otras organizaciones se concentraron (con bolsillos vacíos) para que ‘Recuperemos nuestro patrimonio público’ frente a uno de los bienes inmatriculados, la iglesia de Santa Ana.
En el marco de la convocatoria estatal “Recuperando nuestro patrimonio público”, Granada Laica organizó el pasado 22 de junio, a las 20 h, en Plaza Nueva (frente a la iglesia de Santa Ana), un acto simbólico –que incluyó el gesto de mostrar los bolsillos vaciados por la Iglesia– para reclamar a ésta y al Estado la devolución de las propiedades inmobiliarias y otros bienes inmatriculados.
En Granada, tenemos como ejemplo significativo la emblemática iglesia de Santa Ana (más casa rectoral y jardines), inscrita para la Iglesia en 1991, a pesar de que eso no era legal antes de 1998. Entre los bienes inmatriculados en el periodo contemplado por el Gobierno estatal, no figura en el listado, por ejemplo, el conjunto catedralicio de Granada (Catedral, Capilla Real y Sagrario), registrado por el arzobispado el 22 de junio de 2015, y tampoco otras iglesias y bienes inmuebles de la provincia (en Atarfe, Moclín, Alhama, Almuñécar, Maracena, Armilla, Albuñol,…). De hecho, en el listado del Ministerio de Justicia solo aparecen 244 bienes, cuando en realidad son un total de al menos 1.047 inmuebles. Recordemos que también es incompleto el informe del Gobierno debido a
que los bienes inmuebles enumerados no están debidamente identificados.
Consideramos que el dislate gubernamental tiene como consecuencia que se legitima la mayor parte del expolio llevado a cabo por la Iglesia católica a lo largo de siete décadas. El Gobierno español se hace cómplice del mayor escándalo inmobiliario de la historia del Estado español.
Junto a Europa Laica y a la Plataforma Recuperando, Granada Laica reclama de la comunidad política que busque fórmulas normativas para declarar nulas todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente, y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio público. Además, reclama una reforma urgente de la Ley de patrimonio histórico para dar una solución definitiva a la
protección del patrimonio histórico de raíz religiosa.
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