Granada: Interponen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el archivo de la denuncia de torturas durante la primera ola

Esta mañana las organizaciones Stop Represión y la Delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han anunciado «la interposición de un recurso de amparo contra el archivo en el caso de detención ilegal y tortura» por parte de la policía durante la celebración de la manifestación alentada por el partido de extrema derecha Vox el pasado 23 de mayo.

Las organizaciones señalan que «la instrucción ha sido insuficiente, decretando el sobreseimiento y archivo de la misma de forma completamente arbitraria y sin haber agotado todos los medios de prueba posibles». En su opinión, «supone la vulneración la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que mantiene que, en supuestos en los que se denuncian torturas y malos tratos sufridos bajo custodia policial, la actuación judicial debe de ser especialmente intensa y perseverante, debiendo agotar todas las posibilidades de investigación».

En su recurso sostienen que se han vulnerado los derechos fundamentales «a la integridad física y moral en relación con la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas la garantías y uso de los medios pertinentes de prueba». Apuntan que «el caso reviste una especial trascendencia constitucional». Por un lado, fuentes de las organizaciones argumentan que el recurso plantea una dimensión de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional como es «la cuestión de la aplicación de las exigencias de motivación reforzada a las resoluciones judiciales que califican unos daños sufridos durante la detención a manos de la policía como meras “lesiones leves” que no afectarían a la integridad moral».

Por otro lado, el recurso también pone de manifiesto que «la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la investigación de malos tratos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución Española está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria». A este respecto, las organizaciones recuerdan que «existe una jurisprudencia constitucional constante y sostenida desde 2007 que impone un especial mandato de desarrollar una exhaustiva investigación agotando cuantas posibilidades de indagación resulten útiles para aclarar los hechos denunciados». Tal y como señalan en la nota de prensa, «hasta ahora en ninguna de las resoluciones impugnadas se ha obtenido una respuesta específica sobre la adecuación de las diligencias efectuadas a la doctrina constitucional».

Por todo ello, solicitan al Alto Tribunal que «reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva y declare que se han violado los derechos fundamentales de los 15 y 24 de la Constitución Española» y que, por tanto, «se revoquen todas y cada una de las resoluciones judiciales impugnadas».