Golpe real y caricatura de golpe en Perú: una entrevista con Héctor Béjar

Con más de 60 años de experiencia protagónica en la política peruana, Héctor Béjar (exministro de Relaciones Exteriores de Pedro Castillo) desmenuza en esta entrevista exclusiva el contexto y los motivos del golpe, y presenta una mirada panorámica de un país enclavado entre la realidad y la ficción.

---

El tranco lento del presidente a caballo

El caballo encabritado que supo montar en Tacabamba «el profe» Pedro Castillo, por ese entonces candidato a la presidencia, acabó no siendo metáfora ni de velocidad ni de bravura. Con tranco lento y paso confuso, su gobierno decidió, desde el primer momento, la estrategia del recule. Un paso atrás y otro también. Moderar para contener. Ofrecer programa por gobernabilidad a una oposición sediciosa e insaciable. Apenas quince meses duró el más inesperado de los gobiernos de la llamada «segunda ola progresista».

Sin embargo, hay que reconocer que las condiciones para el ejercicio de su gobierno no pudieron ser más hostiles, de su escueto triunfo frente a Keiko Fujimori por apenas 44 mil votos en la segunda vuelta electoral. El propio presidente se volvió rápidamente un sin partido, desafectado por voluntad propia o bien abandonado por algunos de los suyos, mientras el fuego amigo entre «sectarios» y «caviares» terminó con la fractura de los bloques parlamentarios. Además, una altísima rotación de funcionarios y diversos escándalos y denuncias convirtieron a muchos ministros en pararrayos, discontinuando todas las políticas del ejecutivo. Podemos agregar también las condiciones económicas adversas generadas por la guerra en Ucrania, e incluso las protestas en las regiones por parte de sectores de los transportistas y de otros sujetos que conformarían a priori su natural base social.

A eso hay que sumar el trabajo de zapa del Congreso: desde el cerrojo parlamentario a las propuestas de reformas a la salud y la educación, hasta las mociones de vacancia y las denuncias por presunta traición a la patria sostenidas contra Castillo. En suma, muchas esperanzas, variadas dificultades y no pocos temores suscitó su gobierno, con el recuerdo vivo de la decepción causada por la presidencia de Ollanta Humala, quien amagó, y no cumplió, con ser una especie de Hugo Chávez criollo.

Conversamos con Héctor Béjar Rivera sobre su balance de un gobierno del que fue parte por un brevísimo período, sirviendo como Ministro de Relaciones Exteriores. Pero la experiencia política de Béjar ha sido de todo menos breve. Durante 60 años tuvo un rol protagónico en la política peruana, desde la vía político-militar que exploró en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el peruano Ejército de Liberación Nacional, hasta su participación institucional en el gobierno de Velasco Alvarado y en su política de reforma agraria, así como en la Asamblea Constituyente del año 1978. Igual de profusa ha sido un vida intelectual, desde la creación del Centro de Desarrollo y Participación (CEDEP), hasta la publicación de numerosos artículos, ensayos y libros, algunos de ellos, auténticos clásicos de la historia y la sociología peruanas. A su vasta experiencia nos remitimos en esta conversación.

Todo parecía indicar que la reforma constituyente era una demanda con un extenso apoyo popular. ¿Por qué esa bandera fue arriada ni bien entró Castillo a palacio?

Es cierto que se planteó, y las movilizaciones siguen planteando, una reforma constituyente. Siempre he dicho que no deberíamos hablar de una asamblea constituyente sino de un proceso constituyente, porque en las condiciones actuales, una asamblea replicaría al parlamento. Corremos incluso el riesgo de que un cuerpo formado de manera apresurada en esta situación de precariedad política que vive el Perú pudiera ser incluso peor que el propio Congreso, dando lugar a una Constitución aún más regresiva que la de 1993, creada por la dictadura de Alberto Fujimori.

Lo que hay que hacer entonces es un proceso constituyente, una labor de educación y difusión con las comunidades rurales y urbanas, desde las bases. Y, partiendo de las intensas luchas populares que se dan en el Perú –que ahora se han intensificado–, ir alumbrado una Constitución que no sea fruto de gente dudosa ni de instrumentos mafiosos.

¿Y qué hay de la reforma agraria que anunció el ex presidente con bombos y platillos?

La reforma nunca existió. No fue más que un instrumento publicitario. Incluso hubo quien quiso compararla con la realizada por Velasco Alvarado, pero eso es ridículo.

¿Por qué algunas viejas declaraciones suyas generaron tal nivel de virulencia en la oposición? ¿Cómo fue que se precipitó su renuncia como Ministro?

En el Perú no hay derechas: hay mafias. Este conjunto de mafias y algunos partidos políticos dieron un verdadero alarido de rabia cuando fui nombrado Canciller, por lo que buscaron cualquier pretexto para conseguir mi salida. Usaron como excusa dos declaraciones que hice con mucha anterioridad. Allí afirmaba dos cosas: que los primeros actos terroristas en el Perú fueron cometidos por la Marina en el año 1974, y que el ejército tuvo relación con algunos actos de [la guerrilla] Sendero [Luminoso]. Según ellos esto fue un insulto a las fuerzas armadas. Amenazaron con un golpe y el gobierno, que por ese entonces tenía apenas 19 días, tembló.

Pero es la propia Marina la que reconoce aquello, que editó un libro en homenaje a quienes dentro de la institución hicieron esos actos de terrorismo contra el general Velasco. Uno puede, además, cerciorarse de esos hechos tan sólo con leer los periódicos de esa época. Esto fue en el año 74, mucho antes de que naciera Sendero, que operó desde el 80 hasta el 92. Durante esos doce años, ¿acaso los servicios de inteligencia del Ejército no fueron capaces de penetrar la organización? ¿Eran tan ineficientes? Es evidente que para penetrar una organización terrorista hay que practicar el terrorismo: esas son sus reglas. Esto puede entenderlo cualquiera, no necesita ser un estudioso ni un especialista.

Como resultado de la presión de las fuerzas armadas, a mi se me impidió ir al Congreso. Probablemente Castillo y su círculo más cercano pensaran que eso podía agravar la situación. Si mi presencia ponía en peligro al gobierno lo mejor era que me quitara del medio. Y eso fue lo que hice con mi renuncia.

Las cloacas profundas

Algo parecen haber dejado en claro los últimos años de política peruana: la estructura política está podrida. Seis presidentes en siete años, el dramático suicidio de un ex presidente, un poder judicial que es como el perro del hortelano: no gobierna ni deja gobernar. Un apellido omnipresente, que pasó de la democracia al gobierno de facto, reciclándose luego nuevamente bajo un precario estado de derecho: el fujimorismo, un monstruo de múltiples cabezas y partidos que viene marcando el pulso de los últimos 30 años de política criolla. Una Constitución, de origen non sancto, que tutela y blinda lo que realmente importa: el aparentemente intocable modelo económico neoliberal. Estas son algunas de las cloacas profundas que surcan el Estado peruano.

Hace semanas circulan lecturas absolutamente contrastantes sobre el sistema político del país. La derecha afirma que Perú muestra el fracaso del presidencialismo en América Latina, mientras otros sectores afirman que Perú evidencia los problemas crónicos de un parlamento con poderes y prerrogativas inconcebibles en otros países formalmente presidencialistas. ¿Cuál es su análisis de esa tensa relación de poder entre el ejecutivo y el legislativo, y qué tipo de reforma política imagina usted que podría saldar ese problema de fondo?

Lo que pasa es que la Constitución de 1993 es un mal fruto de un golpe de Estado funesto, y de una enredada negociación del señor Fujimori –presidente de facto en aquella época– con la OEA y con la comunidad internacional. De ahí salió un texto legal lleno de remiendos, que tiene elementos del presidencialismo de facto de Fujimori, que quería –y finalmente logró– perennizar su poder.

Pero por otro lado la presión internacional introdujo algunos elementos interesantes, como por ejemplo la defensoría del pueblo, el habeas data, el tribunal de garantías constitucionales –ahora Tribunal Constitucional–, etcétera. Pero a estas alturas es claro que esa Constitución no sirve para nada. Aquella cuenta además con un famoso capítulo económico que blinda y vuelve invulnerable a la inversión extranjera, exonerada de impuestos en el Perú. Es un aparato que ya no funciona. La discusión sobre derechos humanos, por ejemplo, ha avanzado muchísimo desde el 93 hasta la fecha: hay derechos humanos que han sido incorporados a otras legislaciones en América Latina y en el mundo que en Perú simplemente no existen.

Todo eso es lo que hay que explicar, lo que hay que trabajar con las bases populares del país. Lo que pasa es que a esa Constitución, ya remendada en el 93, se la ha ido remendando más. Y fue este Congreso, que supuestamente no quiere que se toque la Carta Magna, el que le ha hecho más de treinta modificaciones que los peruanos ni siquiera conocen. Algunas de estas modificaciones anularon derechos existentes, como el derecho a referéndum.

¿Y qué sucede con la judicialización de la política? Ya en las últimas elecciones, 10 de las 18 candidaturas presidenciales tenían procesos judiciales en curso. ¿Lo qué vemos en Perú es una singularidad local o puede ser considerado un capítulo nacional de una estrategia regional de aplicación del lawfare?

Hay de las dos cosas. Tras el gobierno de Velasco las fuerzas armadas peruanas fueron desnacionalizadas y perdieron calidad: su formación ya no es la de antes, no sólo desde el punto de vista estrictamente militar, sino también desde su cultura nacional y general. La corrupción se introdujo en el Ejército y también en la policía. Sin embargo, saben que no pueden dar directamente un golpe de Estado: no hay un ambiente propicio ni en América Latina ni en el mundo para eso. Pero como todo el mundo sabe, las modalidades de los golpes han ido variando. Hoy tenemos en Perú un «PM», un partido de los medios, muy activo además de monopólico y concentrado. Un «PF», el partido de la fiscalía. Y un «PJ», el partido del poder judicial. Estos tres partidos, junto al Congreso, son los cuatro grandes actores que gobiernan el Perú, teniendo detrás a los grandes capitales locales y extranjeros.

Ese entramado de poder ha hecho que Castillo sea acosado, estigmatizado, enjuiciado, acusado de cinco mil cosas, desde antes que sea presidente, lo que no significa que Castillo sea un líder popular pulcro, puro, ni nada que se le parezca. Castillo es para mi un personaje que requeriría un análisis mucho más detenido. Pero también digo, al mismo tiempo, que lo que se está haciendo contra él es un abuso, absolutamente ilegal. El hecho es que la fiscal de la nación y el poder de la nación se darán el lujo de tenerlo preso, bajo «detención preventiva», por un lapso de tres años. Hemos llegado a tal punto de politización de la justicia que usted puede ir preso y el juez puede tomarse tres años en averiguar si usted es culpable o no de delito alguno.

La recientemente juramentada Dina Boluarte. (Foto: Presidencia Perú)

¿Todos los golpes un golpe?

Como sucedió ya en la dramática coyuntura que culminó con el golpe de Estado en Bolivia del año 2019, los últimos acontecimientos peruanos suscitaron tantas hipótesis y teorías como analistas, operadores y opinólogos se encuentran en estas generosas tierras sudamericanas. Grosso modo, estas interpretaciones en pugna (más que meras teorías, decisivos móviles para la acción –o la inacción– política) se organizan en tres grandes grupos. La primera mirada es la de los que caracterizan lo que sucedió como un autogolpe perpetrado por Pedro Castillo, seguido de la restauración de la normalidad democrática con la asunción de la siguiente persona en la línea de sucesión constitucional, la presidenta juramentada Dina Boluarte. No faltaron incluso los que se atrevieron a comparar a Castillo con Fujimori.

Un segundo grupo de lecturas señala la existencia de “dos golpes”, interpretando como interrupciones democráticas tanto al discurso de Pedro Castillo del día 7 de diciembre, como a su destitución por vía parlamentaria y la posterior asunción de Boluarte, considerada aquí una presidenta de facto o ilegítima. Esta teoría tiene un cercano parentesco con aquella que hablaba de “dos conservadurismos” y llamaba a no tomar partido en el decisivo balotaje que enfrentó a Keiko Fujimori –hija del ex dictador– y al propio candidato de Perú libre el 8 de junio del 2021. Diversos medios “progresistas” se hicieron eco de ambas hipótesis en Perú y en el mundo.

La tercera interpretación subraya la existencia de un golpe único, consumado por vía parlamentaria con la vacancia conseguida, después de dos tentativas infructuosas, contra el ahora ex presidente. Golpe que, desde esta mirada, seguiría un claro patrón regional, con antecedentes como el golpe parlamentario a Fernando Lugo en Paraguay y a Dilma Rousseff en Brasil.

Recapitulemos los hechos: ¿hubo un golpe? ¿Acaso dos? ¿Quién o quiénes lo perpetraron?

Creo que existe un golpe de caricatura y un golpe de verdad. La caricatura de golpe pertenece a la autoría del señor Castillo. Hasta ahora el no ha dicho que pasó, y nadie lo puede asegurar a ciencia cierta. Pero es un hecho meramente anecdótico: el de un presidente que, sin previo anuncio, frente a las cámaras de una cadena nacional, lee un pequeño papel con mano temblorosa, ordenando a los señores de las fuerzas armadas que cierren el Congreso para formar un gobierno de emergencia y reorganizar los poderes del Estado.

En primer lugar hay que decir que el cierre del Congreso es una demanda nacional: salvo los propios congresistas, todo el mundo lo exige. La declaración, en este sentido, cumplía una demanda extendida. Lo mismo pasa con el poder judicial, altamente corrupto: en mi opinión, no sólo habría que reorganizarlo, sino desmontarlo totalmente. Pero la forma tan ingenua y tan infantil en que anunció estas medidas, resulta para mi un misterio. Entonces uno tiene que preguntarse que pasó, cómo lo decidió, por qué, y con la participación e incidencia de quiénes.

Pero todo esto no es más que una anécdota que desorienta, que nos distrae del hecho central. Esto no es un golpe de Estado. El golpe de Estado vino después, cuando violando todas las normas el Congreso lo destituyó en cuestión de minutos. A las pocas horas tenía usted a Castillo en prisión, y a la señora Dina Boluarte, aparentemente preparada para la ocasión, asumiendo la presidencia de la República. En poco tiempo Boluarte declaró emergencia nacional, se negó al diálogo, y comenzó a gobernar el país de manera prácticamente dictatorial, porque las garantías constitucionales fueron interrumpidas en todo el país. En este momento cualquier policía puede romper la puerta de mi casa y meterse en ella sin explicaciones: en la misma situación están ahora todos los peruanos y las peruanas.

¿Y qué opina en torno a la participación presunta de dos actores clave: las fuerzas armadas peruanas y la OEA, que en la figura de su secretario general Luis Almagro tuvo una muy oportuna visita al país pocas semanas antes del golpe?

Hoy todo es posible. Todo es imaginable. Yo todavía no me arriesgaría por ninguna hipótesis. El diario La República publicó un artículo en donde se afirma que Castillo, junto al último Ministro de Defensa designado, el general [Emilio] Bobbio, pidieron su renuncia al Comandante General del Ejército el día anterior al golpe. Según aquel diario, tras una reunión de todos los comandantes del Comando Conjunto, que incluye además del Ejército a la Marina y la Aeronáutica, los uniformados acordaron rechazar el pedido del presidente, decidiendo allí su destitución. Aunque no lo dice expresamente así, el diario sugiere que estaríamos en presencia de un golpe definido por actores militares.

Ahora, ¿que tiene que ver la OEA en este asunto? Lo curioso es que, al menos públicamente y hasta donde sabemos, la OEA ha defendido a Castillo, porque este no afectó de ninguna manera los intereses de los Estados Unidos. Cuando Castillo fue a la Cumbre de las Américas habló de una “América para los americanos”, repitiendo la famosa frase de James Monroe. Había allí un mensaje claro. Y cuando la misión de la OEA estuvo en Perú, se dedicó a criticar más a la oposición que al propio Castillo. Con la información que tenemos me parece difícil suponer que la OEA haya sido promotora de esto. Sigo pensando –y por supuesto me puesto equivocar–, que esto es principalmente un hecho local, protagonizado por actores locales, que se movilizaron por intereses más bien locales.

Es obvio que nuestra derecha cavernaria y ciertos grupos militares odian a Castillo porque no aceptan a su propio pueblo. Algún jefe militar dejó filtrar una información en donde afirman que mientras haya fuerzas armadas en el Perú la izquierda no gobernará el país. El problema entonces ya no es sólo el comunismo, como decían antes: ahora es toda la izquierda la que es rechazada por esta gente.

La asunción de Boluarte ha sido fuertemente resistida, tanto por los ciudadanos del Perú profundo como por diferentes presidentes y liderazgos de la región. Vemos hoy conatos de movilización con notables picos de masividad y radicalidad. Incluso se cuentan de a decenas las víctimas fatales de la represión. ¿Hacia donde puede evolucionar esta situación en las próximas semanas? ¿Llegarán las protestas a un clímax destituyente? ¿Qué salida mediata o inmediata imagina para la crisis?

Hoy vemos una comedia, una mala comedia, en la que la prensa, incluida una prensa llamada “progresista”, se llena de ataques furibundos contra México, Honduras, Bolivia o Argentina. Incluso contra la OEA, aduciendo que hoy todo el mundo está contra el Perú. Eso respecto al plano internacional y a las denuncias sobre el gobierno de Boluarte.

Respecto a la respuesta popular, tenemos que graduar aquí las cosas: no se trata del pueblo en general, aunque sí son sectores muy activos y significativos. Las clases populares, en general, están mirando con mayor o menor indiferencia lo que pasa, como de costumbre. Se encuentran como desenganchadas del mundo político y de todos estos sucesos. Pero los sectores movilizados, está claro, no van a hacer caso del estado de excepción y continuarán protestando. Me cuesta creer que la señora Boluarte no sepa que la continuidad de estas medidas traerá más muertes y más sangre. Y me cuesta imaginar como pudo nombrar un gabinete tan derechista, vinculado a la oligarquía financiera de [Pedro Pablo] Kuczynski, sin ninguna capacidad política ni voluntad de diálogo.

Si Boluarte no deja el poder llevará el país a una tragedia. Lo que ella y su círculo esperan es que la gente se canse y se desmovilice, que se olvide de sus problemas, y continuar así por lo menos dos años más de gobierno. Pero no hay ninguna experiencia histórica que avale en el Perú esa estrategia.

Los extravíos de la izquierda

Raras son las ocasiones en las que un texto escrito hace 60 años puede aún iluminar el presente de un país. Es el caso del libro “Perú 1965: apuntes sobre una experiencia guerrillera”, escrito en el penal de la isla El Frontón entre los años 1966 y 1969 por el propio Béjar, cuando era parte del ELN. Decía allí:

“ […] debido a la insuficiencia y falta de continuidad del trabajo teórico, la izquierda peruana en su conjunto no puede exhibir una interpretación de la realidad peruana basada en estudios serios […] Parte de ese lastre es el que hemos recibido y el que todavía nos impide ver con entera claridad los cambios sociales”.

¿Qué ha sido de la izquierda peruana en las últimas décadas? ¿Por qué no pudo leer con entera claridad los últimos cambios sociales, desde las inesperadas posibilidades electorales de Pedro Castillo hasta esta insurrección popular en puerta? Nos asegura Béjar que la estructura social del país se transformó radicalmente en los últimos tiempos. Pero quizás los muchos “Perú que hay en el Perú” sigan determinando las muchas izquierdas –rurales y urbanas, limeñas o provincianas– que habitan en el campo popular. A estos problemas insolubles hay que sumar, además, la presencia de una derecha histérica que «terruquea» -acusa de terrorista o comunista- a todo el que exprese alguna reivindicación o siquiera la más leve inconformidad.

¿Cuál es el estado actual del movimiento social peruano, independientemente de lo que sucede a nivel gubernamental? ¿Cómo sale de este trance, del breve interregno del gobierno de Castillo?

El movimiento social ha crecido muchísimo. En Perú hay una izquierda política, que está en el aparato político, en el sistema político, y hay lo que podríamos llamar una «izquierda social», que no es izquierda en términos de estricta conciencia política, pero que cuenta con muchos activistas sociales que se sienten de izquierda, tienen ideas políticas sumamente articuladas y son gente altamente honesta. Son miles en el Perú contemporáneo. En ese sentido el movimiento social ha crecido muchísimo. Pero no podemos santificar estos procesos. En este país la corrupción lo atraviesa todo, incluso a sectores del movimiento social.

Pero lo cierto es que el movimiento social es más fuerte y está más activo que hace algunas décadas: lo vemos hoy, en su gran capacidad de movilización, en su posibilidad de incidir en el gobierno. Este movimiento no espera las consignas de los partidos políticos: es capaz de reaccionar positiva y espontáneamente.

Usted mencionó, en una entrevista reciente, que había en Perú una izquierda positivista, que pensaba en términos de civilización y barbarie. A la vez, mucho se ha discutido sobre la aparente inexistencia de un movimiento indígena, al menos comparable con sus homólogos de países como Bolivia, Ecuador o Guatemala. ¿Cuál es el estado del debate sobre la plurinacionalidad en el Perú? ¿Le parece una perspectiva posible y razonable para reorganizar el Estado? ¿En qué situación se encuentra el movimiento indígena y campesino-indígena?

Existen reclamos y consignas sobre la plurinacionalidad, pero aún no hemos tenido una discusión seria al respecto. En el panorama social del Perú, que es bastante complejo y variado, podemos establecer varias tonalidades y posiciones indigenistas. Los movimientos más fuertes y conscientes de su indigenismo –o de su indianismo, según la perspectiva– son los pueblos nativos de la Amazonía peruana, que se reconocen como comunidades con identidad propia. Es el caso de los asháninkas y los aguarunas, por ejemplo. Estos y otros pueblos hablan alrededor de 200 lenguas, y algunos de ellos cubren una importante extensión del territorio nacional, desde la Amazonía central hasta el sur del Perú.

El otro polo fuerte, de mucha presencia e identidad, es el aymara, en el altiplano próximo a Bolivia, en una frontera que es sólo política y en donde el intercambio cultural es muy fuerte. Con los quechuas la situación es diferente. Perú fue el centro del colonialismo español en América del Sur. Los quechuas fueron sometidos, pero establecieron alguna forma de identificación con el régimen colonial y tuvieron sus propios jefes y curacas durante 300 años. La excepción, muy conocida, fue la de Tupac Amaru y su revolución. Pero no esto no sucedió con el resto de las aristrocracias, de las élites quechuas, que fueron más bien instrumentadas por los colonizadores.

Después hay otras nacionalidades, desaparecidas o menos visibles. El vórtice de la rebelión actual está en territorio de los charcas, en la zona de Apurímac, en los departamentos del centro-sur del Perú. Esa gente ha sido desde siempre muy aguerrida. Ellos tienen su tradición, aunque no se reconozcan a sí mismos como pueblo, sino más bien como apurimeños o abancaínos y también como peruanos. Luego tenemos a la gente del norte, de Cajamarca, de la tierra de Castillo: gente más aculturada, más influida por los españoles de la Colonia.

La situación en suma es bastante variada, y plantea seriamente la posibilidad de construir un Estado plurinacional. Aun no sabemos cómo podría funcionar, ni qué nacionalidades serían eventualmente reconocidas. Pero existe la demanda, e incluso es aceptada por ciertas élites culturales, en torno a una nueva Constitución que pueda albergar un panorama plurinacional y multicultural, aunque existe también la oposición activa de los sectores de la derecha más cavernaria.

Pareciera entonces que la cuestión indígena y la cuestión campesina aparecen muy vinculados a la cuestión regional, y sobre todo a la centralización política y administrativa en Lima, excesiva aún en un continente en donde la centralización alrededor de las ciudades-puerto es un fenómeno muy exacerbado.

Si, lo de Lima es absolutamente dominante. Pero Lima también es provinciana. Gente de todo el Perú está también allí.

Para terminar, ¿cómo ve al país en su contexto regional?

Siempre creí que la mejor forma de lucha es continentalmente. Intensificar los lazos regionales ahora es mucho más fácil; la tecnología nos da todas las facilidades para ello. Es una pena que no tengamos editoriales latinoamericanas como tuvimos hace muchos años. Tenemos medios como Telesur, un ejemplo importantísimo, pero quizás podamos hacer algo más en términos de comunicación. Otras fuerzas políticas del continente han tenido logros políticos muy importantes, que aún no asimilamos, mientras que otras, como la peruana, brillan por su ineficiencia. Hay que hacer todo lo posible por sacar el debate de su contingencia política diaria. Tenemos que dar un debate político de más profundidad, de más larga duración, más continental y también más global.

Fuente: ALAI.