Vicepresidenta de Transición Energética española, Teresa Ribera, habla con la prensa en Bruselas, Bélgica, 26 de julio de 2022. (Foto: Getty Images)
España se ha visto obligado a rendirse ante la Unión Europea (UE) y su iniciativa para independizarse del gas ruso, aunque hace días no la veía eficaz.
Este martes, los ministros de Energía de los 27 países que conforman la UE pactaron recortar el consumo de gas en 15 por ciento, preparándose así para un posible cierre del suministro ruso en un momento en que Rusia ha realizado varios cortes a países europeos en respuesta a las sanciones impuestas en su contra por la operación que realiza desde febrero en Ucrania.
“Estamos obligados a decir que sí […] Pensemos que nunca jamás se ha hecho esto”, de este modo, la vicepresidenta de Transición Energética española, Teresa Ribera, ha informado este mismo martes que España, país que había rechazado anteriormente la propuesta de Bruselas para disminuir el consumo del gas, inevitablemente ha cambiado su postura.
En este marco, ha precisado que tal decisión se debe a impulsar medidas de “ahorro y eficiencia” de energía en España, así como hacer posible que el país europeo contribuya a la seguridad de suministro de sus vecinos, a pesar de que, según ha reconocido Ribera, el Gobierno español ha perdido algunos de sus puntos que había propuesto respecto a una solución energética ante la hipótesis de que no haya gas ruso cuando el invierno ya esté vuelto de la esquina.“Fijar la reducción del 15 % era muy difícil”, ha manifestado Ribera.
De igual manera, ha afirmado que los Estados miembros de la UE están utilizando diferentes volúmenes de gas y las interconexiones no son suficientes para algunos países, lo que obliga a Europa a presentar un plan que brinde una reducción significativa de gas durante el próximo invierno.
El pasado sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de considerar como ineficaz la idea manifestó que Madrid “no puede aceptar imposiciones sin debate ni consulta y que tendrían un efecto lesivo sobre el tejido industrial y sin beneficio claro para nadie”, por lo que la iniciativa de la UE “no tiene en cuenta la situación de partida de los Estados miembros”, señaló.
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