El PSOE y Podemos activan una «guerra cognitiva» en su estrategia de seguridad nacional y reintroducen la censura previa

Foto: Paz Esteban, actual directora del Centro Nacional de Inteligencia

Es la primera vez desde el franquismo que el Gobierno introduce abiertamente, y de manera legal y oficial, la hipótesis de la «influencia» en la libertad de prensa y el derecho a la información, como forma de «contrarrestar» lo que llama «estrategias de desinformación».

El gobierno del PSOE y Podemos ha aprobado en el BOE de 31 de diciembre de 2021, quizá el menos leído del año, una Estrategia de Seguridad Nacional en forma de Real Decreto que incluye entre su «mapa de riesgos» las llamadas «campañas de desinformación».

A partir de ahora, será el Gobierno, mediante este decreto, quien llevará a cabo un seguimiento de las publicaciones y determinará qué informaciones son ciertas y cuáles no. En la práctica supone un regreso a la extinta Ley de Prensa e Imprenta de 1966, que si bien suprimió la censura previa sobre los medios de comunicación, sí autorizaba un «examen» posterior.

La norma reconoce que «el ámbito cognitivo es un espacio más en el que ejercer influencia, que se suma a los tradicionales ámbitos físicos: terrestre, marítimo y aéreo«, elaborando así un plan que «contrarreste» lo que el gobierno signe como «desinformación». Además, incluye la tarea de establecer una colaboración «público-privada» con medios afines y con proveedores de redes sociales para que ejerzan una auténtica censura delegada.

Dicho de otro modo, serán empresas como Newtral, Google, Maldita o las filiales de las grandes corporaciones de la comunicación quienes ejerzan esa censura, puesto que serán éstas las que definan qué es información y qué no lo es.

La gravedad de esta medida, que afecta a cualquier publicación como MPR21, es que asimila «información veraz» a «información verificada», de tal manera que una publicación que esté fuera de la órbita de lo que el Gobierno apruebe nunca podrá dar «información verificada». Como con­secuencia, abre la veda para que prensa y medios de comunicación social no se les permita reproducir las informaciones y opiniones de grupos opuestos a las narrativas oficiales.

La práctica de censurar todo aquello que no sea «oficial» realmente no es nueva, pero nunca había sido implantado abiertamente desde la derogación de la legislación fascista, ya que esto imprime una «presunción de veracidad» a todos los comunicados oficiales (como si el Estado no mintiera nunca) y de medios corporativos y una «presunción de falsedad» a lo que no lo sea.

Diego Herchhoren/mpr21.info

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1 respuesta

  1. 06/01/2022

    […] entra­da El PSOE y Pode­mos acti­van una «gue­rra cog­ni­ti­va» en su estra­te­gia de segu­ri… se publi­có pri­me­ro en La otra […]

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