Las sanciones a Rusia están provocando cambios en los proveedores de gas a Europa y en la forma de transportarlo. El aumento del precio del gas está golpeando duramente a las clases sociales más desfavorecidas por el incremento del IPC y la cesta de la compra básica. Siendo un drama para muchas familias, este no es el principal problema de cambiar el gas ruso por el de EE.UU., Oriente Medio o África: el principal peligro es la posibilidad de accidentes por la complejidad del proceso:

El gas es liquado y transportado en grandes buques metaneros. Al llegar a su destino, este gas líquido, vuelve a su estado gaseoso mediante procesos de transformación en plantas de regasificación. Por su situación geográfica, la planta regasificadora que más gas va a procesar en Europa, va a ser la existente en Huelva. Si esta planta regasificadora y la existente en Catalunya no fueran suficientes, se instalarian plantas regasificadoras flotantes en las cercanías de los puertos, aumentando exponencialmente el riesgo de accidentes, aumentado ante la relajación en las medidas de seguridad por la urgencia de regasificar y distribuir el gas que nos llega en los grandes buques metaneros.

Y nuevamente, será en Andalucía donde se realicen esos procesos de regasificación y distribución del gas, asumiendo la población andaluza el riesgo que supone este cambio de sistema: la sustitución del gas ruso y argelino que llega a través de gaseoductos, por el de EE.UU que llega en buques metaneros y que necesita un proceso de regasificación.

Un gran negocio para la empresas energéticas del Estado español a costa de la seguridad del pueblo andaluz.

La altamente explosiva cuestión del gas

Además de un costo ya exorbitante, el transporte del gas natural licuado (GNL), que ‎supuestamente vendría a reemplazar el gas natural ruso, implica una secuencia de ‎operaciones técnicas extremadamente peligrosas. Las necesarias precauciones acabarán ‎siendo sacrificadas en nombre de la urgencia política. ‎

El Consejo Europeo finalmente parió otro tren de sanciones contra Rusia, decretando de hecho un embargo contra las importaciones de petróleo ruso.

Simultáneamente, el ministro italiano para ‎la Transición Ecológica, Roberto Cingolani, ya anuncia «un embargo contra el gas ruso dentro ‎de poco». ‎

El efecto de bumerang que las sanciones contra Rusia están teniendo sobre la economía de Italia ‎está quedando demostrado en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística ‎italiano (ISTAT):‎
 En un año, el precio de la energía se incrementó en Italia en un 72,5%.‎
 Como consecuencia de ese incremento, el déficit de la balanza energética italiana se disparó, en ‎un año, en más de 5 000 millones de euros –antes estaba en menos de 3 000 millones y ahora ‎sobrepasa los 8 000 millones de euros.

Y, por supuesto, la crisis energética se agravará todavía más si se decreta un embargo contra el ‎gas ruso. ‎

Pero, el ministro Cingolani ya tiene lista una solución: sustituir el gas ruso por el gas natural ‎licuado (GNL) importado desde otros lugares –sobre todo desde Estados Unidos, el Medio ‎Oriente y África. ‎

Para acelerar las importaciones –anunció Cingolani al parlamento italiano– se instalarán centros ‎flotantes de regasificación, remolcados por grandes barcos, en los puertos de Piombino, Ravena, ‎entre otros. A esos puertos llegarán constantemente los buques metaneros, o sea enormes ‎barcos dedicados únicamente al transporte de gas licuado o GNL. Esos buques transferirán el gas ‎licuado a los centros flotantes de regasificación.‎

Eso es una operación altamente peligrosa.

El GNL es un gas convertido en líquido mediante un ‎proceso industrial que lo comprime 600 veces llevándolo a una temperatura de -161 grados centígrados ‎para cargarlo en enormes buques construidos especialmente para transportar GNL. Al llegar al ‎punto de destino, ese gas licuado se transfiere del buque que lo transportó a una estación de ‎regasificación donde se realiza otro proceso que lleva nuevamente ese gas licuado a la ‎temperatura ambiente, utilizando para ello enormes cantidades de agua de mar. Cualquier fuga ‎accidental en medio de esa delicada operación puede tener efectos desastrosos. Por esa razón, ‎las normas internacionales de seguridad estipulan que los centros o estaciones de regasificación ‎deben situarse lejos de todo centro de actividad comercial marítima y de cualquier lugar habitado. ‎

El plan del gobierno [italiano], presentado por el ministro Cingolano y ya en ejecución, ignora ‎esas normas. ‎

El grave peligro al que se expone la población se ve confirmado por el hecho que a menos de ‎‎100 kilómetros del puerto de Piombino –donde estará anclado el centro flotante de ‎regasificación– ya funciona otra instalación de ese tipo.

Esa regasificadora ya existente está anclada a 22 kilómetros de ‎la costa y alrededor de ella hay un amplio perímetro prohibido a la navegación y a cualquier otra ‎actividad por razones de seguridad. ‎

Manlio Dinucci/Voltairenet