El Parlamento aprueba un aumento del gasto público en enseñanza privada concertada

por Francisco Vílchez · 04/10/2022

El jueves se aprobó en el Pleno del Parlamento el decreto-ley que aumentará la financiación de la enseñanza privada concertada en 45 millones de euros, junto al decreto de rebaja fiscal que elimina el impuesto de patrimonio.

Según el sindicato USTEA “Andalucía sigue el modelo de otras comunidades gobernadas por el PP con el incremento autonómico del modulo de conciertos estatal”. La mayoría absoluta ha validado una medida que “supondrá una financiación extra de 4`5 millones de euros anuales a los centros privados concertados. La partida se suma al presupuesto público destinado a la financiación de la enseñanza privada que en los últimos años no ha dejado de crecer, alcanzando en 2020 los 879 millones de euros, la mayor cuantía en la historia. La limpieza de los institutos es competencia de la Consejería de Educación, pero son los ayuntamientos los responsables de los colegios y no hay prevista ninguna medida similar para los centros públicos de educación infantil y primaria.

El sindicato denuncia que “este decreto-ley supone un aumento de la financiación de los centros concertados de 360 euros anuales por cada unidad escolar de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP y de 520 euros por cada unidad escolar de educación especial. El curso pasado, ya se aplicó un decreto similar que se amplió en diciembre y cuyas ayudas finalizan este mes y que ha supuesto una financiación extra de 6 millones de euros a la enseñanza privada concertada”.

Aunque el incremento de la financiación a la enseñanza concertada por encima del módulo estatal se presenta como una disposición extraordinaria relacionada con la pandemia, USTEA interpreta que “se trata de la introducción disimulada de una
medida reclamada por la patronal de la enseñanza concertada y que ya ha aplicado el
PP en otras autonomías en las que gobierna, por lo que probablemente se convertirá
en un mecanismo de sobre-financiación permanente de la enseñanza concertada”.

USTEA considera que “el objetivo de este decreto no es otro que es el desvío de
fondos públicos a la enseñanza privada con el pretexto de la pandemia”. Hasta 2020,
Andalucía era una de las comunidades autónomas que destinaban a los centros
concertados el mínimo estatal fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el
módulo de financiación por unidad escolar, esto es 28.921´10 euros de la partida
salarial, 4.058´89 en la partida de gastos variables y 6.355´53 para otros gastos, por
cada unidad o clase. Puesto que la partida de personal depende de los complementos
salariales autonómicos, la gran diferencia de financiación de la educación concertada
entre comunidades se debe al incremento o no de la financiación autonómica respecto
al módulo estatal, en las partidas de gastos variables y otros gastos.

USTEA advierte de que “si se suma un descenso de los ingresos a un incremento del
gasto público en enseñanza privada concertada, la financiación de la Educación
Pública andaluza corre un gravísimo riesgo”. “Andalucía es la comunidad autónoma que
menos invierte por alumno o alumna de todo el Estado (5.442 euros anuales), bastante
por debajo de la media estatal (6.230 euros) y solo superado por la cola por la
Comunidad de Madrid. Con la cuantía del regalo fiscal de la Junta a la minoría más
rica podrían contratarse 20.000 docentes al año o construir 180 colegios e institutos
nuevos”.

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Francisco Vílchez

Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.

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