El Ingreso Mínimo Vital (IMV,) una medalla que el gobierno progre estatal se colgó en la solapa y resultó ser un fiasco

Es un tema que hemos tocado en varias ocasiones en este diario. Hace ya unos cuantos años, el gobierno progresista español, muy dado a colocarse medallas anunciando avances sociales que luego no acaban de llegar o, si llegan, lo hacen de una manera tan insignificante que para nada resuelve lo que anunciaron. Y es que la socialdemocracia es parte inherente del capitalismo, y este no es un sistema diseñado para procurar el bienestar de todos/as, sino el de un puñado de parásitos a costa de muchas personas.

Sí, el llamado Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue anunciado como la gran solución para que las personas más desfavorecidas no tuviesen problemas y que pudiesen llenar la nevera de alimentos. Pero, como otras muchas cosas, el IMV resultó un fiasco, una monumental mentira.

Además de que la cantidad que ofrecían era absolutamente insuficiente para poder llevar una vida mínimamente digna, pronto supimos que las inmensas trabas administrativas hacían prácticamente inaccesible la materialización de las solicitudes a muchísimas personas.

Siempre hemos sabido que las concesiones del IMV han sido muy bajas y a cuentagotas. Y así sigue siendo en la actualidad. El IMV es una medalla que el gobierno progre (entonces el del PSOE-UP) se otorgó de manera absolutamente inmerecida, como otras tantas.

La noticia

El Gobierno estatal tan solo ha concedido, desde el inicio de la prestación en junio de 2020 hasta finales de noviembre del pasado año, una de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, ayuda destinada a las familias más vulnerables. De las 2.782.730 solicitudes recibidas hasta el 12 de diciembre del pasado año, tan solo aprobó 733.006, mientras que tumbó o tiene pendientes más de 2 millones de peticiones, según informes internos a los que ha tenido acceso ON ECONOMIA.

Pendiente de los cambios que ya debe llevar a cabo la nueva ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, que cogió el testigo en la nueva investidura de José Luis Escrivá y del traspaso de competencias pactado en Catalunya, el Ingreso Mínimo Vital arrastra graves problemas de gestión, burocracia y cambios de criterio que afectan también a quienes ya lo perciben, tal y como han denunciado tanto directores de Servicios Sociales como plataformas ciudadanas y afectados por esta prestación en anteriores informaciones del mencionado medio.

Pese a los expedientes tumbados, el Gobierno alcanzó tres años después de la entrada en vigor de la prestación el número de beneficiarios a los que esperaba llegar: 2,1 millones correspondientes a los 735.562 hogares acumulados con la prestación a mes de diciembre. Ahora bien, el informe interno al que ha tenido acceso ON ECONOMIA apunta a que tan solo 517.641 prestaciones están actualmente activas, con alcance a 1,5 millones de beneficiarios.

Esto podría deberse a los constantes cambios e incluso anulaciones de prestaciones que sufren los usuarios al revisar la administración sus ingresos. Varios usuarios y plataformas constatan que estas anulaciones o rebajas de prestación no son siempre justas o de acorde a los criterios de vulnerabilidad establecidos.

Entre los 2 millones de solicitudes no aprobadas por el Gobierno, existen diversas vías por las que han sido tumbadas. 956.188 millones, casi un millón, han sido denegadas por no cumplir los requisitos establecidos, mientras que 236.037 han sido canceladas durante el trámite y 585.823 han sido inadmitidas, mayoritariamente por falta de documentación o porque el incumplimiento de criterios frenó directamente su admisión a trámite. Existen también 271.658 solicitudes pendientes, muchas de ellas a la espera de que se sume la documentación necesaria.

Fuente: Insurgente.