El Frente Polisario librará en Canarias su nueva batalla, ahora por su espacio aéreo, contra el control marroquí del Sáhara
Gilles Devers, el abogado del Frente Polisario en Europa, quiere aprovechar el tirón de dos sentencias sucesivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para apretar un poco más las tuercas a Marruecos “la potencia ocupante”, según él, del Sáhara Occidental.
Entre las iniciativas que se dispone a tomar una afecta directamente a España: acabar con los vuelos de Canarias al Sáhara operados por Binter Canarias, la única compañía aérea europea cuyos aviones aterrizan aun en esa antigua colonia española. El archipiélago va a ser el escenario de su próxima batalla jurídica contra Marruecos.
“La semana próxima enviaré un requerimiento a Binter”, explica Devers al teléfono desde su despacho en Lyon. “Pediré a la aerolínea entablar conversaciones con vistas a que sus vuelos se ajusten a la legalidad para lo que se requiere el acuerdo de los representantes del pueblo saharaui”, añade. “Si no responde o su contestación es inadecuada recurriremos a la Justicia”, anuncia el letrado.
“Operamos vuelos desde Las Palmas a El Aaiún desde 2005 y, recientemente, hemos abierto una nueva ruta a Dajla [antigua Villa Cisneros]”, confirman desde el gabinete de prensa de Binter. “En ambos casos, operamos con todos los permisos pertinentes y, por tanto, con total legalidad”, recalcan.
Devers, de 62 años, es el letrado no solo del Polisario, sino que también representa a la Autoridad Palestina ante la Corte Penal Internacional de La Haya y trabaja además para la Coordinadora contra el Racismo y la Islamofobia, una asociación francesa de defensa de los musulmanes. Como abogado del movimiento que lucha por la autodeterminación del Sáhara se le atribuye una sonada victoria jurídica ante el tribunal europeo hace ya quince meses. La semana pasada visitó Canarias acompañado por Mohamed Khaddad, encargado en la práctica de las relaciones internacionales del Polisario.
“Después de haber logrado avances, en el último año y medio, para que se respete el derecho internacional en tierra y en las aguas del Sáhara Occidental, ahora ha llegado el turno de poner coto a las violaciones de su espacio aéreo”, asegura el letrado. “Con tal fin hemos elaborado un plan de actuaciones jurídicas”, precisa.
Devers considera que ya tiene un primer éxito aéreo en su haber. La suspensión, la semana pasada, de los vuelos de Transavia (filial de Air France) entre París y Dajla. Incoo en octubre un procedimiento civil ante un tribunal de Créteil (periferia de París) contra la compañía, a la que reclamaba que dejara de operar esa ruta y 400.000 euros de indemnización por violación del espacio aéreo. Aún no ha habido sentencia, pero el letrado da por seguro que la cancelación de los vuelos es achacable a su iniciativa.
Transavia le contradijo en Twitter. Solo tenía previsto enlazar París con Dajla de octubre a marzo, señaló, aunque estudiaba “reanudar la ruta el próximo invierno”. Dajla es el paraíso de los surfistas y la temporada alta empieza en abril y acaba en agosto, según indican varias webs (Fly Surf, Kite Trip) dedicadas a ese deporte acuático. Sorprende, por tanto, que la aerolínea deje de volar hasta justo cuando más surfistas se concentran allí.
El abogado del Polisario cuenta con una baza adicional en la nueva batalla jurídica que emprende ahora: los cielos del Sáhara están en teoría bajo el control de Enaire, el proveedor español de servicios de navegación aérea. “España es la responsable de la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental por decisión de la Organización Internacional de Aviación Civil (…)”, reconoció el año pasado el Gobierno español en su respuesta a una pregunta del senador de Bildu Jon Iñarritu.
Al Gobierno de España le corresponde, por tanto, según Devers, que en ese espacio aéreo se cumpla la legalidad y la jurisprudencia que emana de los dos veredictos del Tribunal de Justicia europeo sobre los acuerdos UE-Marruecos de liberación del comercio de productos agrícolas (21 de diciembre de 2016) y de pesca (27 de febrero de 2018). Los jueces europeos sentenciaron que ambos tratados no eran aplicables al Sáhara porque “no forma parte del Reino de Marruecos”. “En ambos juicios los abogados del Estado español hicieron causa común con la Comisión Europea, pero no se salieron con la suya”, recuerda satisfecho el letrado.
La posible cancelación de los vuelos de Binter al Sáhara complicaría los desplazamientos de miles de saharauis que viajan regularmente entre el archipiélago canario y su tierra. Podrían, no obstante, seguir volando a El Aaiún –no a Dajla- con Royal Air Maroc (RAM), la línea aérea del Estado marroquí. “La RAM no es, por ahora, una prioridad para nosotros”, explica Devers. “A diferencia de Binter, no es una compañía europea sino marroquí” lo que dificulta las actuaciones legales, añade.
La prioridad es también, para el letrado del Polisario, conseguir que se ejecuten cuanto antes las dos sentencias del tribunal europeo, especialmente la que concierne a la pesca en aguas del Sáhara donde los 120 pesqueros europeos -90 de ellos españoles- obtienen el 91% del total de sus capturas. El resto lo pescan en aguas de Marruecos. “Esos barcos que faenan frente a las costas saharauis están en situación ilegal y deberían salir de allí de inmediato”, insiste, sin esperar a que expire, el 14 de julio, el actual tratado de pesca. “Lo mismo sucede con los empresarios canarios que invierten allí obviando a los representantes legítimos de los saharauis”, añade.
Por todos estos años de lo que describe como una “explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara”, Devers también reclamará a la Comisión Europea “algo más de 240 millones de euros”. “Solicitaremos esa cantidad por la vía judicial para reparar así el perjuicio padecido por el pueblo saharaui”, concluye.
(Fuente: El Confidencial / Autor: Ignacio Cembrero)
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