El Estado español avergonzado en la ONU por ignorar los derechos humanos
Ha sido esta mañana. El Estado español se ha sometido al Examen Periódico Universal (EPU): un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que cada cinco años hace una evaluación de los 193 Estados Miembros que la conforman. El objetivo es comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones que han contraído en materia de Derechos Humanos.
En el informe de hoy, se expresa que «El Defensor del Pueblo expresó preocupación por la falta de acciones suficientes para implementar las recomendaciones aceptadas por España en su segundo examen periódico universal». Concretamente apuntan lo siguiente: «(El Defensor del Pueblo) lamentó las escasas condenas contra funcionarios por delito de tortura o malos tratos, debido a la dificultad para investigar los casos detectados y probar las alegaciones; la situación de las mujeres privadas de libertad; la falta de investigaciones y de recursos efectivos para otorgar reparación a las víctimas de terrorismo; la escasa difusión de la información sobre el Fondo Social de Viviendas y el Código de Buenas Prácticas; las dificultades para acceder a los servicios de salud y de educación que afrontaban los habitantes de las zonas despobladas; la deficiente acogida humanitaria de las personas en situación irregular que no podían ser repatriadas, y la gestión de la acogida de los solicitantes de asilo, incluida la inaceptable falta de asistencia jurídica».
El informe denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en el contexto de manifestaciones, poniendo de manifiesto que varias partes interesadas han recomendado que se adopten medidas para eliminar la violencia policial, sobre todo reforzando la formación impartida a la policía acerca de los Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Se ha expresado también preocupación por el funcionamiento del poder judicial, se ha denunciado la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), se ha solicitado al Estado español que garantice la libertad religiosa, la protección de grupos vulnerables como inmigrantes y la atención especial a mujeres y niños que están sufriendo las consecuencias más graves de la crisis económica.
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Con la información recogida en estos informes, los distintos estados miembros de Naciones Unidas han sometido al Estado español a su examen. En base a ello, el Estado puede aceptar las recomendaciones que se le plantean, tomar nota de ellas, o rechazarlas abiertamente. En el examen que le hicieron hace cinco años, fueron planteadas 189 recomendaciones, de las que aceptó 174 (36 de manera parcial) y tomó nota de 15. Sin embargo, al contrastarlas con los informes actuales, es evidente que muchas de ellas, a pesar del compromiso, no se han tenido en cuenta.
Respecto al examen de 2015 hay dos elementos nuevos y de gran calado: la Ley Mordaza y el Procés independentista catalán. Ocupan mucha de la atención del informe.
Han sido varias las recomendaciones contundentes de los distintos estados miembro. Por ejemplo Canadá ha recomendado que el Estado español revise su Código Penal respecto a los delitos de injurias a la corona. Desde la representación españolista se ha explicado que los delitos leves fueron derogados, y que respecto al Rey, gracias a una sentencia del TEDH se modificó también.
Suiza ha señalado que el pasado franquista sigue siendo un reto para l Estado. Líbano y Armenia también han hecho referencia a la importancia de la Memoria Histórica.
Austria ha alertado sobre el régimen de prisión incomunicada. Y otros países como Malta, Países Bajos y Argentina han puesto el foco en las torturas aún existentes. Rusia ha sido quien ha alertado sobre los excesos policiales contra manifestantes. Y Bélgica ha reclamado que se tomen medidas para garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión.
Estados Unidos también ha puesto el foco en esta cuestión, exigiendo que se pida cuentas a los responsables de crímenes y delitos contra periodistas o contra todo aquello que socave el disfrute de la libertad de expresión. Y no ha estado sólo, pues Irán, Italia, México, Suiza, Egipto, Colombia, Costa Rica, Chipre, Alemania e Islandia se han sumado a esta reclamación.
Fuentes: www.diario16.com / www.elnacional.cat
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