Denuncian que Moreno Bonilla utiliza los pinsapos de la Sierra de Grazalema para el “lavado verde” de Iberdrola
El delegado de la consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía y el director del parque natural Sierra de Grazalema han acompañado al presidente de la Fundación Iberdrola a una plantación de pinsapos en este parque natural; “puro postureo” para el colectivo Ecologistas en Acción-Cádiz que denuncia se utiliza “para encubrir las emisiones contaminantes de esta empresa energética propietaria de centrales térmicas y nucleares”.
Iberdrola es la propietaria de la central térmica de Arcos, la más contaminante de la sierra de Cádiz, que emite un millón de toneladas al año de CO2. Además, esta central térmica consume 4 millones de m3 de agua al año, equivalente al consumo de una población de 55.000 habitantes. A esta empresa “contaminante y despilfarradora de un recurso natural básico como es el agua” la blanquea la Junta utilizando un parque natural según el colectivo ecologista.
Estas repoblaciones son calificadas como “innecesarias, pues el pinsapo ha demostrados ser una especie con una enorme capacidad de colonización y expansión; de hecho, existe una importante regeneración natural de pinsapos en las sierras cercanas al pinsapar de la sierra del Pinar”. Sólo en sierras más alejadas, donde hubo bosques de pinsapos que fueron talados o quemados, “es justificable plantar pinsapos, como se está haciendo en la sierra de los pinos, en Villaluenga y Cortes de la Frontera”.
Según EeA “tampoco son ciertas los datos que aporta la delegación de Sostenibilidad sobre los pinsapos. En la actualidad no hay 500 hectáreas, sino unas 400 hectáreas de pinsapos en el parque natural Sierra de Grazalema. Y tampoco se ha duplicado desde que los adquirió el Estado en 1972, sino en el último siglo, pasando desde las 200 hectáreas que había hace un siglo, a las 300 en 1972 y a las 400 actuales, lo que demuestra una evolución muy favorable sin tener que inventar cifras”.
La Junta pretende mercantilizar los parques naturales. En la nueva ley de montes se ofrecen los montes públicos para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de las grandes empresas.
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