Denuncian que la Consejería de Desarrollo Educativo discrimina a la enseñanza pública beneficiando a la privada
El modelo educativo privado con dinero público tiene ciertos privilegios que perjudican claramente a la educación pública y según el sindicato USTEA: las aulas mixtas y los procesos de escolarización son ejemplos de ello.
En estos próximos días, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional establecerá los criterios para la renovación de los conciertos educativos en los niveles de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Desde el sindicato de enseñanza USTEA muestran su preocupación mediante una nota de prensa ya que “la firma del nuevo convenio supondrá un blindaje para la escuela privado-concertado para los próximos cuatro años. Mientras tanto, la educación pública, seguirá siendo vigilada con lupa y desmantelada, año a año, por la administración, como está ocurriendo en los últimos años”.
Denuncian que “desde los años 80 hasta la actualidad el modelo concertado andaluz ha variado. En la legislación de 1986 la educación privado-concertada aparecía como subsidiaria de la educación pública “con miras” de ir desapareciendo y siendo absorbida por ésta. Los gobiernos del PSOE-A mantuvieron los conciertos y, desde la entrada al gobierno andaluz del PP, ha habido un aumento desmesurado de las partidas económicas en los presupuestos en materia de educación a la enseñanza concertada (en concreto, 72 millones más este año), y cierre de líneas, año tras año, en la educación pública”.
La Administración se excusa, para ello, en la “bajada de la natalidad”. No obstante, en el informe publicado por la Junta de Andalucía el pasado 29 de mayo se indica que los centros públicos en Andalucía han perdido, casi 92.000 escolares mientras que los centros privado-concertados han ganado 10.000 en los últimos diez años. Para USTEA este dato “demuestra que la bajada de la natalidad está siendo asumida, de manera exclusiva, por la escuela pública”.
En USTEA aseguran que hay datos para justificar la no renovación de decenas de conciertos en toda Andalucía y exigen que no se pueden permitir conciertos educativos en las zonas donde se están recortando líneas en la escuela pública. Y señalan un ejemplo claro “en Córdoba, en el colegio privado-concertado San Rafael, que cuenta este curso 24/25 con tres niños/as matriculados en 3 años y ocho en 4 años, en una zona de escolarización que cuenta con plazas libres en esos niveles en varios centros públicos. Otro caso similar, en Cádiz, en el colegio católico Nuestra Señora de Lourdes, donde tienen 8 alumnos en el nivel de 4 años y seis en 3 años”.
Desde USTEA denuncian que la administración impone un trato discriminatorio y desigual a los centros públicos en comparación con los concertados y consideran que esta situación “constituye una grave vulneración de los derechos educativos, un trato de favor a la Educación Privada-Concertada, pues, manteniendo sus unidades, consigue beneficios”. Uno de ellos es que tienen una ratio por aula más baja, en muchas ocasiones. Esta situación es muy habitual en todas las provincias de Andalucía. Un ejemplo lo encontramos en elcolegio privado-concertado Beaterio de la Santísima Trinidad, de Sevilla capital, que ha tenido este año 38 matriculaciones para dos unidades (19 alumnos y alumnos por clase), mientras el colegio público María Auxiliadora, de Morón, ha tenido 33 solicitudes para el nivel de 3 años, permitiendo tan solo una línea en el centro y desviando el alumnado a otros centros. Así para USTEA “la “libertad de elección de centro” parece respetarse para beneficiar a quienes quieren acceder a centros concertados”.
La política del gobierno de Moreno Bonilla hasta ahora ha perpetuado una visión mercantilizada de la educación, favoreciendo su privatización, desviando fondos públicos hacia centros privados-concertados, y alejándose del verdadero propósito de la educación pública: garantizar el derecho a una educación equitativa para toda la población, sin distinciones ni privilegios.
Desde USTEA exigen “que el gobierno andaluz deje de apostar por el modelo concertado y luche por una escuela pública de calidad, inclusiva y accesible para todas y todos”.
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