«Dena ez du balio» («No todo vale»)

«Tomar la posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas. Esta es la cuestión escueta clara y democrática que se dilucida en este nuevo escenario, en esta oportunidad.»

José María Aznar

“Todos tenemos que dar algo para que unos pocos no den todo.”

«Yo hablo con todos, intelectualizo a los militares y militarizo a los intelectuales»

Argala

Por Dani Seixo.

El 9 de octubre de 1976, seis exministros franquistas -Manuel Fraga Iribarne, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora y Licinio de la Fuente- fundaron Alianza Popular. Este partido heredó parte del peso institucional del franquismo y se constituyó como la alternativa política de gran parte de las élites de la dictadura fascista española, con el objetivo de pilotar lo que posteriormente sería conocida como la modélica transición española. Sin embargo, esta transición no fue otra cosa que la tutela política de los restos del poder franquista, intentando evitar a toda costa cualquier tipo de estallido revolucionario por parte del proletariado del estado. Lograron alcanzar esta misión con el firme e interesado respaldo del PSOE y el PCE.

Algunos, todavía hoy, defienden férreamente las firmes convicciones democráticas de dicho partido. Otros, quizás los menos, nos mostramos incapaces de olvidar la biografía política de Manuel Fraga: primer Secretario General del partido y miembro del Consejo de Ministros franquista que ordenó el fusilamiento de Julián Grimau, oscura mano tras el burdo montaje que quiso ocultar el asesinato de Enrique Ruano a manos de la policía del régimen y responsable político directo de las órdenes que se cobraron las vidas de los trabajadores de Victoria. Tampoco olvidamos los gritos de “¡Franco, Franco, Franco!”, que la organización de dicho partido lanzó al aire ante unos 3.000 simpatizantes, recordando y reivindicando la figura del dictador recientemente fallecido.

No olvidamos esto, como tampoco podemos olvidar las más de 2,200 fosas comunes, los 114,000 desaparecidos o las miles de calles y símbolos del franquismo que perduran en nuestro entorno inmediato como perpetuo homenaje a los victimarios que tiñeron el estado español de sangre y lágrimas tras el golpe de estado fascista y la posterior Guerra Civil. Pese a que pueda sorprender a muchos, especialmente a aquellos cuyos padres y abuelos estaban al mando del gatillo, el juramento del joven apóstol del franquismo como jefe del estado por mandato directo del dictador y una Ley de Amnistía, únicamente destinada a garantizar la impunidad de los crímenes y el latrocinio de las élites de la dictadura, no proporcionaron consuelo alguno a todas aquellas familias obreras a quienes les arrebataron la esperanza de un mundo mejor, el derecho a construirlo activamente y finalmente las vidas de sus seres queridos.

El franquismo pasó a integrarse en la monarquía sin pedir perdón ni permiso, pero todos aquellos que se atrevieron a señalarlo fueron catalogados como disidencia política y como tal fueron perseguidos con toda la saña posible por las viejas estructuras policiales, políticas y judiciales de la dictadura, ahora blanqueadas con un leve barniz aparentemente democrático para los más despistados. Los torturadores y altos mandatarios de la dictadura gozaron de impunidad y un trato de favor ante sus crímenes que posteriormente se repetiría con quienes atentaron contra la farsa democrática durante el 23-F o con aquellos que decidieron hacer uso del terrorismo de estado para imponer a sangre y fuego la unidad de España.

Los indultos a los cerebros del GAL Barrionuevo y Vera, golpistas como Armada o la normalidad en la vida de torturadores como Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, convivían en la sociedad española con el silencio absoluto acerca de sus víctimas o de los resortes del franquismo que todavía perduraban en la judicatura, los mandos policiales y militares y el suntuoso rastro de sangre que unía los beneficios del Ibex con los campos de concentración franquistas y el trabajo esclavo. Y por encima de todo ello, un silencio ensordecedor de gran parte de la sociedad y la constante inacción de una izquierda más preocupada por ser aceptada que por exigir justicia y honrar a los suyos.

Por todo ello, la renuncia del partido vasco Euskal Herria Bildu a que siete de sus candidatos puedan ejercer la representación política que su pueblo ltiene la oportunidad de otorgarles mediante una consulta democrática, resulta totalmente incomprensible. Asier Urribarri, Lander Maruri, Begoña Uzkurrum, Agustín Muiños, Juan Carlos Rojo y José Antonio Torre Altonaga, son ciudadanos vascos que han cumplido sus deudas con Madrid y que, por tanto, gozan de los mismos derechos políticos que cualquiera de nosotros en este sainete político que suponen las elecciones burguesas españolas.

La decisión de ceder ante las presiones de los herederos de los victimarios de Julian Grimau y Enrique Ruano, o ante la cómplice pasividad y los oportunistas intereses electorales de los asesinos de José Lasa Arostegui «Joxean» y José Ignacio Zabala «Joxi», entre muchas otras víctimas del GAL, no puede de modo alguno entenderse como un paso de cara a la paz o la convivencia democrática entre nuestros pueblos, sino que conscientemente debemos encuadrarla como otra incomprensible cesión ante las espurias dinámicas y las arbitrarias lógicas de un Estado español todavía en manos de quienes nunca han pedido perdón sincero o han ejercido una reparación real ante los miles de asesinados y represaliados políticos por parte de un poder despótico con sede en Madrid.

Y es por ello que mientras la ralea ultra de Covite y Vox corrían rápidamente a apuntarse un tanto por una nueva cesión ilógica de la izquierda abertzale, Partido Popular y PSOE abrían de nuevo las puertas a una revisión de la legislación existente, dejando claro que las promesas de paz y el cambio de las armas por las urnas no habían sido otra cosa que un gran engaño. Tampoco Unidas Podemos y los restos del PCE hablaban en esta ocasión de la importancia de la reinserción como sí hicieron durante la campaña de acoso sufrida por la excarcelación de cientos de violadores a raíz de una polémica decisión del Ministerio de Igualdad español del que forman parte. Y es que del mismo modo que tras el procés, el independentismo catalán nunca podrá avanzar cara a sus objetivos políticos en la democracia española, y sus líderes serán siempre contemplados como una amenaza a neutralizar, por todas las caras del omnipresente nacionalismo español, los representantes políticos abertzales son y serán siempre para Madrid únicamente terroristas. Y esto no lo va a poder cambiar concesión alguna, dado que por muchas cesiones políticas que se concedan, siempre resultarán insuficientes para un sector ultra que solo se dará por satisfecho cuando el germen del independentismo desaparezca definitivamente del Estado.

En este texto permítanme que uno no entre a profundizar o valorar las posibles dinámicas electorales que han propiciado este desenlace tan sorprendente, dado que independientemente de que se trate de garantizar la gobernabilidad a los herederos de quienes pretendieron enterrar a toda una generación de militantes revolucionarios vascos en cal viva o el simple deseo de alcanzar la Lehendakaritza mediante el abandono de cualquier componente revolucionario del independentismo vasco, en aras de la participación de las dinámicas políticas en el marco electoral impuesto por Madrid, la decisión y la línea política adoptada por EH Bildu deben ser juzgadas y enmendadas únicamente por la militancia política de Euskal Herria. Tan solo me permitiré hacer mención a que el oportunismo, entendido como decisiones que buscan obtener beneficios personales o de grupo sin tener en cuenta los principios y objetivos de la lucha de clases y que obstaculizan el avance hacia una sociedad independiente y socialista en nuestros pueblos, en la que la clase trabajadora tenga el control y la propiedad de los medios de producción y se eliminen las desigualdades sociales, supone sin duda alguna una traición absoluta a la clase obrera y en este caso, al legado de la revolución vasca.

Hoy, una vez más, aquellos que nunca han pedido perdón o se han arrepentido de sus crímenes políticos, seguirán exigiendo profundizar en la claudicación de las víctimas, mientras que quienes todavía sufrimos el peso represivo del Estado español y la herencia directa del franquismo, seguiremos luchando por no ser súbditos de una monarquía indecente y de un parlamento que permite que nuestras calles recuerden a los asesinos franquistas, mientras señalan con el dedo acusador a aquellos que ya han pagado ampliamente su deuda con la sociedad. Cabe ahora preguntarse de qué lado está Bildu y la socialdemocracia española en esta disputa por el relato, por el futuro y por el poder. En responder correctamente a esta pregunta, nos jugamos gran parte de nuestras alternativas como militantes revolucionarios. Dado que la necesidad de hacer claudicar a la disidencia, no cesará de modo alguno en Euskal Herria.

Fuente: Antiimperialistas.