Condena por enchufismo en la Delegación de Educación de Sevilla, una muestra de “la falta de transparencia”
El lunes se celebró en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio oral por el “caso Anais”, motivado por el nombramiento ilegal de esta última en un puesto para el que no reunía los requisitos.
En este proceso se han probado fehacientemente, según el sindicato USTEA, las acusaciones de este, personado en dicha causa. La ex jefa de servicio, Carmen L.P., ha sido condenada, por un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial por manipular la documentación y así poder proponer a “Anais”, la hija del por entonces Jefe del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Sevilla, para un puesto del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, pese a conocer que la misma no reunía los requisitos necesarios para dicho nombramiento, al no ser funcionaria de carrera docente ni personal interino integrante de alguna bolsa definitiva de trabajo de la Consejería de Educación y sin respetarse en el procedimiento de asignación, los principios de publicidad, igualdad, merito y capacidad, durante 2 cursos escolares consecutivos. Carmen L.P. ha sido condenada por falsificar la documentación del expediente sobre Anaís M.M.
La condena por falsificación documental supone un año y medio de cárcel, una multa de 540 euros y un año de inhabilitación especial para cargo o empleo público, además de una multa de 360 euros y seis meses de suspensión de empleo y sueldo por prevaricación.
Sin embargo, han quedado absueltos el ex delegado territorial de la Consejería de Educación Francisco D.M., el ex jefe de Recursos Humanos de dicho departamento Luis Manuel S.A. y a la propia beneficiada Anaís M.M., de los cargos que pesaban sobre ellos.
Desde USTEA consideran que “los verdaderos artífices de las irregularidades que se produjeron en el presente asunto han quedado al margen del mismo, evitando ser acusados, a pesar de los reiterados intentos de que, al menos, fueran interrogados como testigos, para lo cual no se contó con la aprobación ni del ministerio fiscal, ni del juzgado de instrucción”.
Esta condena viene a confirmar, declara USTEA “la falta de transparencia en la publicación y seguimiento de los listados de puestos específicos que convocan las diferentes delegaciones territoriales y que tienen hoy menos justificación aún, con una aplicación informática como SIPRI, donde se ofertan de manera transparente el resto de puestos docentes”.
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