Castilla: La Audiencia de Guadalajara confirma la sentencia y la condena contra los seis jóvenes repobladores de Fraguas (videos)
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha rechazado el recurso interpuesto por los habitantes del poblado de Fraguas y ha confirmado la condena a los seis jóvenes, condenados en junio pasado en primera instancia por un juzgado de la ciudad castellana.
El pueblo de Fraguas, desalojado durante hace medio siglo por el régimen franquista, se convirtió en 2012 en el hogar de una docena de personas que dedicaron cinco años a su reconstrucción. En mayo, seis de las personas que vivían o trabajaban en la reconstrucción del pueblo fueron juzgados por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación, acusados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En junio, el Juzgado número 1 de Guadalajara les condenó, a cada uno de ellos, a un año y seis meses de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, además de al pago de una multa de 1.080 euros por el mismo delito y a otra multa de un año —2.160 euros— por usurpación, además del pago de la demolición. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que hoy ha notificado el rechazo del recurso y ha confirmado la condena.
“Es vergonzoso, hay cuatro personas que ni siquiera viven aquí y se les ha condenado igual, se mantienen en sus trece”, lamenta Lalo Aracil, uno de los jóvenes condenados. Aracil ha anunciado que los seis condenados han decidido no pagar la demolición. “A lo que con tanto esfuerzo y dinero hemos levantado no le vamos a dedicar ni un solo céntimo de nuestros recursos ni de los de los movimientos sociales para derribarlo”, afirma.
Esta decisión podría conllevar la entrada efectiva en prisión de los cuatro jóvenes, y por un total de dos años y tres meses. Según explica Aracil, la demolición de las casas de Fraguas, tasada en más de 26.000 euros, tendría prioridad sobre el pago de las multas, por lo que, hasta que no se pagase la primera, no se podrían pagar las segundas. El año y medio de multa impagada se convertiría en nueve meses de prisión a sumar a la condena de año y seis meses.
Los seis jóvenes afirman que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y que van seguir en Fraguas. “Sabemos que la seguridad jurídica es nula, pero seguimos con fuerza y entereza para seguir defendiéndolo, nosotros no nos vamos a ir de aquí”, sostiene Aracil.
Este activista señala que se les ha condenado a la vez por usurpación de bienes inmuebles y por delitos contra la ordenación del territorio: “Si es bien mueble no habría delito contra la ordenación del territorio; si hay delito contra la ordenación del territorio, en todo caso sería usurpación de monte público, que iría por vía administrativa, no penal”. También subraya que en el caso del pueblo de Fraguas no se cumple ninguno de los supuestos para que los hechos fueran delito: “Es una reconstrucción, no hemos urbanizado ni hemos edificado, ni tenemos ánimo de lucra. Es una ley para prevenir desmanes inmobiliarios por la que apenas hay una docena de condenas, y nos han condenado a nosotros”.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha condenado a penas de un año y nueve meses de cárcel, además de a multas de 2.700 euros por cabeza, a los seis repobladores de Fraguas. La sentencia les condena, en concreto, a un año y tres meses de cárcel, y a una multa de seis euros diarios durante 12 meses por delitos contra la ordenación del territorio, y a tres meses más de prisión por un delito de usurpación, con otra multa de seis euros diarios durante 90 días.
Aunque la condena no conlleva entrada en prisión, el texto de la sentencia sí prevé la privación de libertad para los seis jóvenes en el caso de que no paguen las multas, que suman 16.380 euros, y la responsabilidad civil derivada de los gastos de demolición del pueblo de Fraguas y el traslado de los escombros, cifra que los repobladores calculan en 30.000 euros pero que está por concretar por el personal técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
“Nos han condenado, y si no pagamos la multa iremos a la cárcel”, señala a El Salto Lalo Aracil, uno de los condenados, quien afirma que han conocido la sentencia esta mañana. “Esperábamos una sentencia favorable y que tuvieran que ir por la vía administrativa, ya que consideramos que este es un tema más de jurisdicción civil”.
Aracil afirma que, a día de hoy, no cuentan con el dinero suficiente para pagar los más de 16.000 euros de multas y no saben cómo lo van a pagar. “Antes pensábamos hacer un crowfunding para seguir reconstruyendo el pueblo, no para pagar las multas”, concluye.
Aracil y el resto de repobladores llegaron a Fraguas, un pueblo hecho desaparecer por orden de Franco para replantar pinos hace 50 años, en 2013. Desde entonces se han dedicado a la reconstrucción de la localidad y a cultivar.
Han pasado cinco años desde que Lalo Aracil y varios compañeros decidieron dejar Madrid y rehacer su vida lejos de la ciudad. Su destino fue Fraguas, en Guadalajara, una localidad que dejó de existir hace 50 años, por decisión de Franco, que ordenó su demolición para la reforestación del monte con pinos.
“En 2013 coincidimos dos grupos que teníamos inquietudes parecidas de vuelta al campo, de vida sostenible, de autogestión, y con ganas de movernos en círculos de más autogobierno, con estructura de toma de decisiones asamblearias”, explica Aracil a El Salto sobre los motivos que les llevaron a comenzar a vivir en Fraguas. “Pensamos que el mejor sitio para hacerlo era el campo, así que nos echamos la manta a la cabeza y nos vinimos para acá”.
Fraguas está localizado en el Parque Natural de la Sierra del Norte de Guadalajara, aunque, según apunta Lalo, “de parque natural tiene poco porque lo han destrozado, lo es por los cupos de zonas protegidas que tiene que haber”.
Al llegar se encontraron con los restos de las casas que los antiguos habitantes de la población tuvieron que abandonarla y los casquillos de bala repartidos por el monte resultado de las prácticas de tiro del ejército en la zona. “No es permisible hacer un nuevo núcleo de población, pero sí se puede la zona utilizar para hacer prácticas militares y que tiren petardos. Es por intereses económicos”, denuncia Aracil.
Se pusieron manos a la obra. “En 2013 ya rehabilitamos la primera casa”, recuerda Aracil, quien señala que, lo primero a lo que se dedicaron al llegar fue a hacer algo de huerta y preparar una casa en la que se pudieran cobijar cuando llegara el frío del invierno. En la actualidad ya son tres las casas habitables en el pueblo y una huerta que les da frutos para autoabastecerse y poder vender. “Hacemos productos artesanales para financiarnos. Los primeros años han sido de mucha precariedad porque no había nada absolutamente y hemos hecho las estructuras. Mientras hemos vivido muy precarios. Ahora hemos cogido experiencia y vamos teniendo más espacios y la vida es más fácil”, relata Aracil.
En este tiempo también han realizado dos reforestaciones en la zona con vegetación autóctona. “La última fue la más grande, la realizamos de la mano de la asociación universitaria Malayerba y con el colectivo ecológico de la UAM [Universidad Autónoma de Madrid]. Vinieron 60 personas y se plantaron 120 árboles, sobre todo quejigos, roble quercus pyrenaica y espino albar, y también pusimos coscojas y encinas”, detalla.
La zona reforestada, un antiguo pinar, había sido arrasada por un incendio en 2014. “Fue provocado por una cosechadora y, como los pinares están semiabandonados y la densidad de pinos es exageradamente alta, aquello ardió como un polvorín”, recuerda.
Pero no fue fácil. Según explica Aracil, ya desde el primer día sufrieron el acoso por parte de los guardias forestales. “Nos pusieron multas de todo tipo: por circular, por hacer huerta… por cualquier motivo”. Tampoco les han permitido que se empadronen en Monasterio, la localidad más cercana, ya que en Fraguas no existe Ayuntamiento.
En los últimos meses, para sumar obstáculos, denuncian que desde la Junta de Castilla-La Mancha les han puesto una cadena que les bloquea la principal entrada al pueblo. “Es para que no podamos entrar ni salir con vehículos, así que, como tengamos una urgencia, o un accidente, no podrán venir ni podremos salir corriendo”, alerta Aracil. “Hay otras entradas, pero la rápida, que es esa, está cortada”, añade.
En 2015 les llegó la primera citación, que fue por usurpación. La querella la había interpuesto la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, propietaria de los terrenos desde que el pueblo dejó de existir oficialmente. La Fiscalía pedía seis meses de cárcel para cada una de las seis personas a la que identificó.
Pero la causa contra ellos siguió creciendo. En 2017 recibieron una nueva acusación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, esta vez por delitos contra el medio ambiente y contra ordenación del territorio, por los que pedían para cada uno de ellos dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos. “Además nos exigieron el pago de 17.000 euros de fianza para la demolición de las casas”. En total, cuatro años y seis meses de cárcel y multas que rondan los 10.000 euros para cada uno de ellos. 26 años de cárcel y 60.000 euros entre los seis.
“Nos acusan de delitos contra la ordenación del territorio porque la zona está catalogada como monte, pero es un pueblo, no estamos haciendo ninguna casa de nueva planta”, señala Aracil. “Nosotros consideramos que esto sí es un pueblo, no como ellos, que han decidido borrar pueblos y memoria de sus archivos”, añade.
“No tenemos miedo y queremos que vamos a aguantar aquí digan lo que digan los jueces. Creemos que aunque sea ilegal es positivo lo que estamos haciendo. queremos seguir aquí”, concluye. El próximo viernes hay convocada una concentración frente a los juzgados de Guadalajara y ya hay 70.000 personas que han apoyado con su firma el proyecto de repoblación en Fraguas.
(Fuente: El Salto / Autor: Ter García)
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