Casi 11.000 fallecidos en residencias de ancianos por Covid-19 ponen en cuestión el modelo sociosanitario

La pandemia del Covid-19 ha puesto en cuestión, entre otras muchas, tres dimensiones del modelo socioeconómico que tenemos en nuestro país. En primer lugar, ha quedado demostrada, y el consenso social lo ha manifestado, la necesidad de una potente sanidad pública, universal y de calidad. Han quedado descalificados los recortes y las privatizaciones habidos en los últimos años, que han generado un verdadero problema social y de salud, con servicios sanitarios saturados, colapsados y un personal sanitario afectado en su propia salud con más de 20.000 contagiados.

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto la dependencia económica que la globalización ha instalado en nuestra economía. En lo concreto que hemos experimentado, ha resultado increíble que hayamos dependido de la industria china para la provisión de mascarillas, EPIs, tests diagnósticos o respiradores. Esto sin contar con todo el espectro de consumo que va desde bienes básicos, medicamentos, ropa, manufacturas, electrodomésticos, tecnología etc. Todo ello nos lleva a la conclusión de que nuestro país, junto con las comunidades autónomas, ha de tener planes de contingencia, previsiones para una provisión garantizada de los bienes esenciales en casos de necesidad para escenarios de pandemias o catástrofes que pudieran darse.

En tercer lugar, en estos días de pandemia ha saltado la cifra de la mayor gravedad: cerca de 11.000 fallecidos en residencias de ancianos. Más de la mitad del total de fallecidos por el Covid-19. Esta dura realidad pone en cuestión el modelo de servicios sociosanitarios en nuestro país. En las últimas décadas, el incremento de la demanda de servicios sociosanitarios, desde los Servicios de Ayuda a Domicilio a las Residencias o Geriátricos se ha venido satisfaciendo por la iniciativa privada, en casi el 90 por ciento de las plazas. Las administraciones públicas, en su mayor parte, a lo más que han llegado ha sido establecer un sistema de conciertos o subvenciones por plazas que cubren de manera insuficiente los costes reales de la asistencia. Esto ha determinado una precariedad en medios y en personal que han perjudicado la calidad de vida y asistencial en estas residencias.

Y he aquí cómo grandes corporaciones, grandes, medianas y pequeñas empresas, incluso iniciativas ilegales, han ido expandiendo su actividad económica en el sector de las residencias de ancianos. “La insuficiente oferta de plazas públicas y el envejecimiento de la población española han atraído a este sector a numerosos fondos y a multinacionales especializadas, en especial, francesas”. La situación actual ha generado incluso iniciativas, también privadas, de tipo “viviendas colaborativas” de personas que desean ámbitos residenciales para mayores con otra concepción más abierta y culturalmente más activas.

La expresión más brutal de esta realidad asistencial privatizada, con 11.000 fallecidos, nos obliga a una reconsideración de este modelo de servicios sociosanitarios existente en nuestro país. Ante todo esto, Marea Blanca en Sevilla hace las siguientes propuestas para un diagnóstico y un debate sobre el presente y el futuro de este ámbito de los servicios sociosanitarios:

1.-Marea Blanca hace un llamamiento a todas las asociaciones, entidades y personas defensoras de los servicios públicos, del sistema sanitario público, y partidarias de mejorar todos los determinantes de la salud como el empleo, la vivienda, el medioambiente, la cultura y la educación, a generar un frente amplio, igualitario, activo e impulsor de políticas que favorezcan la igualdad, los derechos sociales, la mejora la calidad de vida y el refuerzo de los servicios públicos.

2.-Marea Blanca, al tratar, como un ámbito íntimamente relacionado con las condiciones de vida de toda la sociedad, la situación de las residencias de ancianos y los servicios sociosanitarios, se dirige a la sociedad civil y a todos su colectivos y entidades, y muy especialmente a las plataformas y movimientos en defensa del sistema público de pensiones, a participar activamente en la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de las residencias de ancianos, ámbitos geriátricos y sociosanitarios, así como a la propuestas de alternativas al respecto.

3.-Marea Blanca en Sevilla reitera, como continuación de su iniciativa dirigida en Marzo de 2019, al Defensor del Pueblo Andaluz, la necesidad de hacer desde esta Oficina una auditoría a las Residencias de Ancianos existentes en Andalucía, sus costes, prestaciones, servicios asistenciales y sanitarios, su cartera de servicios, etc.

4.-Marea Blanca en Sevilla considera la propuesta de que los servicios sociosanitarios, los cuidados intermedios, las residencias de ancianos y todo el espectro de atenciones relacionadas con la salud de las personas, han de quedar englobadas en el Sistema Nacional de Salud. La definición de criterios, estándares de calidad, ratios de personal, cartera básica de servicios, indicadores de salud, accesos a estos servicios y objetivos generales, han de estar definidos en sus líneas generales desde el Sistema Nacional de Salud. La Inspecciones Sanitarias y de Servicios Sociales han de actuar eficazmente en estos sectores.

En especial, y de forma muy relevante, se hace necesario fijar el criterio de accesibilidad a estos servicios. Ha de quedar garantizado en condiciones de igualdad, de tal suerte que, igual que en los servicios sanitarios públicos, nadie pueda recibir una asistencia de peor calidad a la básica establecida genéricamente por tener una peor situación económica o cualquier otra razón que le pueda resultar discriminatoria.

Marea Blanca-Sevilla.

Sevilla, 16 de Abril 2020