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Histórico dirigente obrero de Cádiz, muerto a los 55 años de edad, ingresó en la clandestina OMLE en 1968, cuando era obrero del muelle de Cádiz y un conocido director de teatro.

Participó en el Congreso fundacional del PCE(r) en junio de 1975, resultando elegido miembro del Comité Central. Luego pasó a dirigir el grupo y la revista Pueblo y Cultura.

En julio de 1976 fue detenido, torturado y encarcelado. En 1978 fue puesto en libertad y, recién salido de la cárcel, se incorporó inmediatamente a los trabajos del II Congreso del PCE(r).

Luego, al comprobar las dificultades para realizar un trabajo político amplio y abierto, pasó a la clandestinidad y se integró en la dirección de los GRAPO. En 1979 fue detenido de nuevo, como máximo responsable de esta organización armada antifascista, brutalmente torturado durante 10 días y encarcelado.

Su estancia en prisión fue una continua situación de aislamiento, dispersión, chapeos y plantes en exigencia del respeto a los derechos mínimos dentro la cárcel. Tuvo que emprender 18 huelgas de hambre.

La más prolongada de ellas duró 435 días, desde noviembre de 1989 a febrero de 1991, siendo dispersado por 15 prisiones distintas. El 10 de abril de 1996 sufrió un infarto al corazón que le dejó al borde de la muerte. Como secuela de la huelga de hambre le quedó una grave cardiopatía.

Desde entonces no cesó la campaña de solidaridad en la calle para que fuera excarcelado debido a su frágil estado de salud, que en prisión se ve minado y agravado día a día. Hasta los propios servicios carcelarios de la prisión de Sevilla II recomendaron a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que llevara una vida no tan dura si no querían tener una nueva muerte en prisión. Pero su situación cambió muy poco.

Por fin, la lucha popular consigue que el 20 de julio de 1997 fuera puesto en libertad y, una vez más, recién salido de la cárcel, participa en las tareas del IV Congreso del PCE(r).

En total, en las dos tandas, permaneció 20 años en prisión. Nada más salir de la cárcel, la Fiscalía de Sevilla abrió diligencias contra unas supuestas declaraciones suyas, que fueron falseadas y tergiversadas por los medios de comunicación. Todo quedó en nada, pero al ya grave Sánchez Casas ésto sólo le sirvió para empeorar.

Desde entonces, y lo que su salud le permitió, se dedicó a una extensísima obra cultural, teatral y pictórica, siempre con el componente del compromiso político como argamasa. Sus pinturas y cuadros han sido expuestos en varias partes del mundo.

Pero el fascismo siempre le negó su condición de intelectual comprometido y no le entregaron el primer premio internacional que ganó por el cartel para el Carnaval de Cádiz de 2001 por su pasado y presente comunista.

Cartel de Jose María Sánchez Casas que ganó el concurso en 2001.

En octubre de 2000 entró ya en una fase crítica, con continuas hospitalizaciones, hasta que el 27 de enero de 2001 su corazón se paró para siempre. Tras una larga agonía, murió en la UVI del Hospital de Córdoba esperando un transplante de corazón que nunca llegó. Sólo llevaba tres años excarcelado.

Tras su funeral, el 4 de febrero, a pesar de que el gobernador civil no había autorizado el acto de homenaje y de que amenazó con que actuaría en consecuencia, se le rindió un homenaje popular en Cádiz. Ya por la noche diversos grupos realizaron pintadas y colocaron pegatinas por varios barrios del centro de la ciudad. A la mañana siguiente acudieron a la convocatoria unas 200 personas en la Plaza de España, donde en medio de la emoción general se leyeron varios comunicados de diversas organizaciones españolas y extranjeras, expresando su admiración por la entrega y firmeza de Jose María a lo largo de su larga trayectoria de lucha revolucionaria. Tras los comunicados los compañeros del grupo de teatro representaron la última obra que había escrito y, finalmente, todos acudieron al muelle a arrojar a la bahía gaditana sus cenizas.

Dejó escritos dos libros (Noveno círculo y La Maraña), la dirección del grupo de teatro La Tralla, veinte obras de teatro, dos mil dibujos, ciento cincuenta cuadros y una multitud de montajes para radio y grupos de teatro.

En el final de su preámbulo, escrito por el propio Lenin, se dice:

“La voluntad de los diferentes pueblos de las repúblicas soviéticas, que se ha expresado recientemente en el Congreso de sus Soviets y que se ha pronunciado de manera unánime por la formación de una unión de repúblicas soviéticas, es una garantía segura de que la Unión traduce la libre voluntad de los pueblos iguales en derechos, y que cada República tiene el derecho de salir libremente de la Unión, que todas las repúblicas socialistas soviéticas tienen el derecho de acceder a la Unión, que el nuevo Estado federal será la digna culminación de los principios de coexistencia pacífica y de colaboración fraternal entre los pueblos instaurados desde el mes de octubre de 1917, que servirá de sólido muro contra el capitalismo mundial y marcará un nuevo paso decisivo en el camino de la unificación de los trabajadores de todos los países en la República soviética socialista universal”.

Según dicha Constitución, la URSS es fundada por diversas repúblicas soviéticas y socialistas, previamente existentes y soberanas:

“La República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR), la República Socialista Soviética de Ucrania (RSSU), la República Socialista Soviética de Bielorrusia (RSSB) y la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia (RSFST), compuesta por la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, la República Socialista Soviética de Georgia y la República Socialista Soviética de Armenia, se unen para formar un Estado federal: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)”.

El carácter confederal y de unión libre de las repúblicas federadas en el Estado unitario de la URSS queda plasmado en sus primeros artículos:

Artículo 3. La soberanía de las repúblicas federadas no tiene más límites que aquellos indicados en la presente Constitución y exclusivamente por los objetos reservados a la competencia de la Unión. Dentro de esos límites, cada república constituye sus poderes públicos de una forma independiente: La URSS garantiza los derechos soberanos de las repúblicas federadas.

Artículo 4. Cada una de las repúblicas federadas tiene el derecho garantizado de salir libremente de la Unión.

El 3 de febrero se cumplen el aniversario de la firma de la orden ejecutiva que impuso oficialmente el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y en ninguno de esos años la Isla ha vivido ajena a esa política y a un andamiaje legal de sanciones y restricciones que crece con el tiempo.

El bloqueo a Cuba es un conjunto de medidas de coacción y agresión económicas que entrañan una conducta genocida, orientadas a provocar la asfixia económica e inmovilidad de Cuba. Una política unilateral que constituye una flagrante violación de los derechos humanos de los cubanos. Así definen los expertos la política cruel e injusta implantada por el Gobierno de EE.UU. contra Cuba hace 60 años.

El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de EE.UU., J. F. Kennedy, mediante la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera (1961), declaró el bloqueo total contra Cuba. Los antecedentes de esa ley se remontan a 1959, cuando Washington comenzó a aplicar medidas dirigidas esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas.

De acuerdo con el director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (Cehseu), Dr. Raúl Rodríguez Rodríguez, durante seis décadas la política estadounidense hacia Cuba ha tenido entre sus pilares la implementación de medidas económicas coercitivas unilaterales.

“El uso de ese instrumento comienza a aplicarse en época muy temprana, una vez que el nuevo Gobierno cubano, resultado de una genuina revolución social, emprende una serie de transformaciones estructurales que limitan el proceso de acumulación capitalista, con el objetivo de abandonar el patrón político y económico dominante en Cuba y en el hemisferio, y romper la relación de dependencia económica y subordinación política con EE.UU., que había sido esencialmente establecida desde los inicios del siglo XX, con el advenimiento de la República en 1902”, explica el experto.

“Aunque los fundamentos han variado un poco con el tiempo, el objetivo constante de la política de bloqueo contra Cuba ha sido utilizar el poder económico de EE.UU. para socavar el sistema socioeconómico y político de Cuba, y lograr un cambio de régimen”, agrega.

El Memorando del Departamento de Estado de abril de 1960 definía el objetivo: “El único medio previsible de enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades… Si lo anterior se acepta o no se puede contrarrestar con éxito, se deduce que es posible, entonces deben tomarse medidas rápidamente para debilitar la vida económica de Cuba”.

El director del Cehseu recuerda que “en febrero de 1962, el presidente Kennedy, mediante la proclama presidencial 3447, incrementó las sanciones al prohibir la importación de todos los bienes de origen cubano y bienes importados desde o a través de Cuba.

“En 1963, el Departamento del Tesoro emitió el Reglamento de Control de Activos de Cuba, que hasta hoy sigue siendo el cuerpo principal de las regulaciones del bloqueo, aunque estas se han modificado muchas veces a lo largo de los años para reflejar sus ajustes estratégicos en las políticas de las diferentes administraciones estadounidenses.

“Además, dado que Cuba es un país sujeto a un ’embargo comercial’, todas las exportaciones a Cuba deben ser autorizadas por el Departamento de Comercio, tal como se implementa a través del Reglamento de Administración de Exportaciones.

“Todas estas medidas proporcionaron el marco original para el ’embargo’”, explica.

Rodríguez advierte que desde 1963, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó en un informe que “para obtener el máximo impacto en la economía cubana”, las sanciones económicas debían “coordinarse con las operaciones de sabotaje”.

En las décadas que siguieron, EE.UU. expandió y reforzó el régimen de sanciones contra Cuba, transformándolo en un conjunto de sanciones económicas unilaterales complejo y con efecto extraterritorial.

“Las sanciones impuestas se tornaron aún más extraterritoriales durante la década de 1990, ya que el Gobierno de Washington trató de limitar el intento de Cuba de diversificar sus relaciones económicas internacionales después de la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), principal socio comercial de la Isla entonces”, sostiene Rodríguez.

Durante esos años se aprobaron dos leyes con un efecto muy negativo en el comercio de Cuba: la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms Burton (1996).

La Ley Torricelli prohibió el comercio con Cuba a filiales de compañías estadounidenses establecidas en terceros países.

Además, con el obvio objetivo de acelerar un cambio de régimen en Cuba –en un momento de graves dificultades económicas–, otra normativa, conocida como Ley de Democracia Cubana (1992), declaraba explícitamente la estrategia de “buscar una transición pacífica a la democracia en Cuba a través de la aplicación de sanciones económicas con un mayor alcance extraterritorial”.

De acuerdo con el investigador, esta legislación, en esencia, reforzó las sanciones estadounidenses contra Cuba al aumentar las restricciones a la ayuda humanitaria, específicamente alimentos, medicinas y suministros médicos; al negar la entrada a EE.UU. de cualquier embarcación que hubiera tocado puerto cubano en los 180 días previos, y autorizar el uso de sanciones contra terceros Estados que ofreciesen ayuda al país caribeño.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley Helms Burton, se codificaron las regulaciones del bloqueo y las órdenes ejecutivas. La normativa estableció que la eliminación de las sanciones económicas contra Cuba solo puede decidirse mediante votación en el Congreso y no por orden del presidente.

Rodríguez opina que esta ley, aún vigente, busca no solo afectar la economía cubana, sino entorpecer los esfuerzos del Gobierno de Cuba para reinsertarse en la economía mundial y el nuevo orden de las relaciones internacionales surgido a partir de la caída del campo socialista.

Sus disposiciones –dice– “están diseñadas para perpetuar la política en el tiempo, más allá de que la administración sea demócrata o republicana, y crear el marco propicio para la restauración capitalista bajo la tutela de EE.UU. y los remanentes de las clases dominantes antes de 1959”.

En el año 2000, se estableció una nueva legislación, la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones, que prevé exenciones humanitarias para la compra de determinados productos de primera necesidad, como alimentos.

Pero, aclara el experto, incluso para la venta de alimentos, se impusieron a Cuba términos adversos y muy costosos, debido a otras disposiciones y sanciones financieras vigentes, como la prohibición del uso del dólar estadounidense y el requisito de pago anticipado sin la participación de los bancos de EE.UU. en esas transacciones.

“El sistema de sanciones económicas que comenzó a principios de la década del sesenta se ha convertido en un bloqueo integral contra Cuba”, enfatiza Rodríguez, pues “aplica todos los métodos principales disponibles para un Estado sancionador: control comercial, suspensión de ayuda y asistencia técnica, congelamiento de los activos financieros del objetivo y la inclusión en la lista negra de compañías extranjeras involucradas en el comercio con nuestro país”.

De hecho, en 2007, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. admitió que lo que Washington llama “embargo contra Cuba” es el conjunto más completo de sanciones que el país norteño haya aplicado a cualquier nación, y las sanciones unilaterales, abarcadoras y más duraderas en la historia contemporánea que siguen vigentes.

Fuente: Cubadebate.