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16 DE ENERO: HUELGA Y MANIFESTACIÓN EN GRANADA EN  DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (la huelga se convoca en CEIPs, CPRs y Semidés de la provincia de Granada)

Antes de navidad los sindicatos del sector nos enteramos, en primer lugar por prensa y redes sociales, y en segundo lugar por el propio Delegado de Educación, de una serie de cambios que tendrían lugar en la ordenación de las enseñanzas andaluzas, pero muy especialmente en nuestra provincia. Los cambios, según fuentes oficiales, se originan por una “optimización de recursos”, lo cual suele ser sinónimo de recorte educativo.

Los principales cambios afectan a los Colegios Públicos Rurales, a los colegios llamados “semi-D” (aquellos en los que se imparten las enseñanzas del primer ciclo de secundaria) y a aquellos centros, colegios e institutos, en los que se plantea una fusión de enseñanzas, es decir los llamados CEIPSOs.

En primer lugar denunciamos la ausencia absoluta de información concreta que se está dando a los sindicatos del sector, y lo tarde que dicha información llega a las familias afectadas. Esta práctica oscurantista impide la participación de la comunidad educativa en un proceso de reestructuración de estas características. En segundo lugar, vemos cómo muchos de los centros o enseñanzas que se estudia cerrar o suprimir, son centros con un número de alumnos/as por aula por debajo de la media. Por lo que la lógica de la “optimización de recursos” parece que va en la línea de concentrar al alumnado y erradicar las ratios bajas de la mano de una Consejería que mantiene las aulas andaluzas masificadas ilegalmente, tal y como ya denunció USTEA en el primer trimestre de este curso 2019/20.

Las actuaciones por parte de la Delegación de Educación

• CEIPSOs (Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria): Se plantea el cierre de centros y el traslado del alumnado y de sus enseñanzas a centros vecinos, de forma que en un mismo centro se impartan las etapas desde infantil hasta secundaria. Este escenario podría utilizarse para suprimir unidades y puestos de trabajo. Y para muestra un botón: en el hipotético caso de que se cerrase el CEIP Reyes Católicos y se trasladase al alumnado a un futuro CEIPSO sito en el actual CEIP Gallego Burín, y dadas las ratios actuales de un centro y de otro, es más que probable que las unidades suprimidas en el Reyes Católicos no supusieran aumento alguno de unidades en el Gallego Burín, pues se podrían maximizar las ratios hasta las cifras ilegales a que nos acostumbra la Consejería. Por otro lado, el cierre de colegios públicos supone la pérdida irreversible de oferta pública y podría propiciar incluso lo contrario de lo que se pretende: más trasvase de alumnado a la enseñanza concertada.
• Semidés. La supresión de las enseñanzas de secundaria que siguen manteniendo algunos colegios parece que puede seguir la misma lógica anterior. Estas enseñanzas, al estar situadas en zonas rurales, son susceptibles de tener ratios bajas, por lo que la supresión de estas unidades no va a acarrear la creación de las mismas en los IES a los que sea trasladado el alumnado. Las declaraciones públicas al respecto de la supresión de los semidés son totalmente contradictorias y, sin embargo, los centros afectados según la prensa podrían llegar a 52, que es la totalidad de centros semidés de la provincia.
• Los Colegios Públicos Rurales poseen varias sedes en diferentes localidades. Se prevén cambios en la configuración de los CPR de la provincia, y aunque no se nos especifican oficialmente cuáles, la rumorología apunta ya a varios centros granadinos. Dado el precedente del que partimos, como fue la supresión de varias unidades en los CPR de la Alpujarra, lo que dio lugar a ratios masificadas ilegalmente en algunas de las unidades restantes, parece sensato pensar que la lógica que hay detrás de todo esto es la misma que la que tuvo lugar en Bérchules, Torvicón y Pitres: el recorte del gasto con la consecuente merma de la calidad educativa.

Motivos para apoyar las movilizaciones de la comunidad educativa y convocar la huelga

• La defensa de los puestos de trabajo docentes y laborales. Las cuentas son claras: por cada unidad perdida en primaria se pierde como mínimo 1 docente. Si esta unidad es de secundaria en un semi-D, la pérdida por unidad oscila entre 1,7 a 1,4 docentes. Para los y las trabajadoras que actualmente están en los centros afectados es obvio que se pone en riesgo la pérdida de la plaza que ocupan, lo cual hace que más interinos e interinas se queden sin vacante, y que más funcionarios y funcionarias empeoren sus posibilidades de conciliación familiar. Además, el cierre de centros supondría la pérdida de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, un sector en claro riesgo de privatización.
• La defensa de la Educación Pública. A inicio de curso vimos cómo la actual Consejería hacinaba de forma fraudulenta a parte del alumnado andaluz por encima de la norma, de manera que ya en el mes de septiembre USTEA denunció más de 700 unidades de primaria, secundaria y bachillerato con más de 25, 30 y 35 alumnos/as respectivamente. La excepción a esta norma eran las zonas rurales. Las ratios bajas, estrechamente vinculadas a la calidad educativa, son para USTEA el horizonte donde dirigirnos, porque posibilitan la atención individualizada al alumnado. Esta propuesta puede servir para erradicar esas pocas excepciones y convertirlas en la norma del aula masificada, en ocasiones, como hemos visto, de manera totalmente ilegal.
• La defensa del alumnado de las zonas rurales. La supresión de muchos semidés e incluso de ciertas sedes de CPRs va a hacer que más alumnado tenga que desplazarse a otros pueblos a edades cada vez más tempranas. Al suprimir un semidé el alumnado deberá desplazarse a la edad de 11 o 12 años al instituto más cercano, en lugar de a la edad de 13 o 14 años, como venía ocurriendo antes de la supresión de la enseñanza. Esta situación tiene efectos negativos sobre la vida y sobre el rendimiento escolar del alumnado, lo que supone una discriminación de facto por el simple hecho de vivir en un pueblo.
• La defensa de los servicios públicos en las zonas rurales. En los últimos años muchos partidos han intentado recoger el voto de la llamada “España vaciada”, invocando la defensa de aquellas zonas rurales en proceso de despoblamiento e incluso de desaparición. El propio partido que regenta la actual Consejería de Educación comenzó su precampaña estatal en una localidad de esta “España vaciada”. Sin embargo, lo que puede suponer esta reestructuración de la oferta provincial educativa es una pérdida en muchas localidades del primer ciclo de secundaria o incluso de infantil y primaria. Las razones del despoblamiento son varias, pero sin ningún lugar a dudas, cuando además despojamos las zonas rurales de servicios públicos ya sabemos lo que con certeza viene a continuación. Es por ello por lo que el mantenimiento de los servicios públicos es esencial para mantener los pueblos vivos. Sin la oferta adecuada de un servicio educativo público se pierde uno de los principales motivos por los que una familia pudiera optar por no abandonar una localidad rural e incluso por trasladarse a ella.

Desde USTEA reivindicamos

1. Que cualquier cambio sustancial en las enseñanzas de la provincia sea estudiado y aprobado previamente por la comunidad educativa en su conjunto: consejos escolares y claustros de todos los centros implicados.
2. Que se nos informe a toda la comunidad educativa -AMPAS, sindicatos y claustros- acerca de cualquier centro en el que se esté valorando una actuación de tales características, a fin de poder realizar con el tiempo suficiente una valoración por parte de la familias y trabajadores/as afectados/as.
3. Que no se supriman las enseñanzas semidés en la provincia de Granada y que se respete y potencie la actual estructura de CPRs.
4. Que haya una apuesta clara por el mantenimiento de una educación pública de calidad en las zonas rurales, reforzando los servicios educativos y consensuando fórmulas que eviten la huida de alumnado.
5. El diálogo con la comunidad educativa debe ser más horizontal y abierto, buscando un diagnóstico común sobre los problemas reales, las causas y las soluciones efectivas.