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En el final de su preámbulo, escrito por el propio Lenin, se dice:

“La voluntad de los diferentes pueblos de las repúblicas soviéticas, que se ha expresado recientemente en el Congreso de sus Soviets y que se ha pronunciado de manera unánime por la formación de una unión de repúblicas soviéticas, es una garantía segura de que la Unión traduce la libre voluntad de los pueblos iguales en derechos, y que cada República tiene el derecho de salir libremente de la Unión, que todas las repúblicas socialistas soviéticas tienen el derecho de acceder a la Unión, que el nuevo Estado federal será la digna culminación de los principios de coexistencia pacífica y de colaboración fraternal entre los pueblos instaurados desde el mes de octubre de 1917, que servirá de sólido muro contra el capitalismo mundial y marcará un nuevo paso decisivo en el camino de la unificación de los trabajadores de todos los países en la República soviética socialista universal”.

Según dicha Constitución, la URSS es fundada por diversas repúblicas soviéticas y socialistas, previamente existentes y soberanas:

“La República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR), la República Socialista Soviética de Ucrania (RSSU), la República Socialista Soviética de Bielorrusia (RSSB) y la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia (RSFST), compuesta por la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, la República Socialista Soviética de Georgia y la República Socialista Soviética de Armenia, se unen para formar un Estado federal: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)”.

El carácter confederal y de unión libre de las repúblicas federadas en el Estado unitario de la URSS queda plasmado en sus primeros artículos:

Artículo 3. La soberanía de las repúblicas federadas no tiene más límites que aquellos indicados en la presente Constitución y exclusivamente por los objetos reservados a la competencia de la Unión. Dentro de esos límites, cada república constituye sus poderes públicos de una forma independiente: La URSS garantiza los derechos soberanos de las repúblicas federadas.

Artículo 4. Cada una de las repúblicas federadas tiene el derecho garantizado de salir libremente de la Unión.

El 3 de febrero se cumplen el aniversario de la firma de la orden ejecutiva que impuso oficialmente el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y en ninguno de esos años la Isla ha vivido ajena a esa política y a un andamiaje legal de sanciones y restricciones que crece con el tiempo.

El bloqueo a Cuba es un conjunto de medidas de coacción y agresión económicas que entrañan una conducta genocida, orientadas a provocar la asfixia económica e inmovilidad de Cuba. Una política unilateral que constituye una flagrante violación de los derechos humanos de los cubanos. Así definen los expertos la política cruel e injusta implantada por el Gobierno de EE.UU. contra Cuba hace 60 años.

El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de EE.UU., J. F. Kennedy, mediante la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera (1961), declaró el bloqueo total contra Cuba. Los antecedentes de esa ley se remontan a 1959, cuando Washington comenzó a aplicar medidas dirigidas esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas.

De acuerdo con el director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (Cehseu), Dr. Raúl Rodríguez Rodríguez, durante seis décadas la política estadounidense hacia Cuba ha tenido entre sus pilares la implementación de medidas económicas coercitivas unilaterales.

“El uso de ese instrumento comienza a aplicarse en época muy temprana, una vez que el nuevo Gobierno cubano, resultado de una genuina revolución social, emprende una serie de transformaciones estructurales que limitan el proceso de acumulación capitalista, con el objetivo de abandonar el patrón político y económico dominante en Cuba y en el hemisferio, y romper la relación de dependencia económica y subordinación política con EE.UU., que había sido esencialmente establecida desde los inicios del siglo XX, con el advenimiento de la República en 1902”, explica el experto.

“Aunque los fundamentos han variado un poco con el tiempo, el objetivo constante de la política de bloqueo contra Cuba ha sido utilizar el poder económico de EE.UU. para socavar el sistema socioeconómico y político de Cuba, y lograr un cambio de régimen”, agrega.

El Memorando del Departamento de Estado de abril de 1960 definía el objetivo: “El único medio previsible de enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades… Si lo anterior se acepta o no se puede contrarrestar con éxito, se deduce que es posible, entonces deben tomarse medidas rápidamente para debilitar la vida económica de Cuba”.

El director del Cehseu recuerda que “en febrero de 1962, el presidente Kennedy, mediante la proclama presidencial 3447, incrementó las sanciones al prohibir la importación de todos los bienes de origen cubano y bienes importados desde o a través de Cuba.

“En 1963, el Departamento del Tesoro emitió el Reglamento de Control de Activos de Cuba, que hasta hoy sigue siendo el cuerpo principal de las regulaciones del bloqueo, aunque estas se han modificado muchas veces a lo largo de los años para reflejar sus ajustes estratégicos en las políticas de las diferentes administraciones estadounidenses.

“Además, dado que Cuba es un país sujeto a un ’embargo comercial’, todas las exportaciones a Cuba deben ser autorizadas por el Departamento de Comercio, tal como se implementa a través del Reglamento de Administración de Exportaciones.

“Todas estas medidas proporcionaron el marco original para el ’embargo’”, explica.

Rodríguez advierte que desde 1963, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó en un informe que “para obtener el máximo impacto en la economía cubana”, las sanciones económicas debían “coordinarse con las operaciones de sabotaje”.

En las décadas que siguieron, EE.UU. expandió y reforzó el régimen de sanciones contra Cuba, transformándolo en un conjunto de sanciones económicas unilaterales complejo y con efecto extraterritorial.

“Las sanciones impuestas se tornaron aún más extraterritoriales durante la década de 1990, ya que el Gobierno de Washington trató de limitar el intento de Cuba de diversificar sus relaciones económicas internacionales después de la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), principal socio comercial de la Isla entonces”, sostiene Rodríguez.

Durante esos años se aprobaron dos leyes con un efecto muy negativo en el comercio de Cuba: la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms Burton (1996).

La Ley Torricelli prohibió el comercio con Cuba a filiales de compañías estadounidenses establecidas en terceros países.

Además, con el obvio objetivo de acelerar un cambio de régimen en Cuba –en un momento de graves dificultades económicas–, otra normativa, conocida como Ley de Democracia Cubana (1992), declaraba explícitamente la estrategia de “buscar una transición pacífica a la democracia en Cuba a través de la aplicación de sanciones económicas con un mayor alcance extraterritorial”.

De acuerdo con el investigador, esta legislación, en esencia, reforzó las sanciones estadounidenses contra Cuba al aumentar las restricciones a la ayuda humanitaria, específicamente alimentos, medicinas y suministros médicos; al negar la entrada a EE.UU. de cualquier embarcación que hubiera tocado puerto cubano en los 180 días previos, y autorizar el uso de sanciones contra terceros Estados que ofreciesen ayuda al país caribeño.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley Helms Burton, se codificaron las regulaciones del bloqueo y las órdenes ejecutivas. La normativa estableció que la eliminación de las sanciones económicas contra Cuba solo puede decidirse mediante votación en el Congreso y no por orden del presidente.

Rodríguez opina que esta ley, aún vigente, busca no solo afectar la economía cubana, sino entorpecer los esfuerzos del Gobierno de Cuba para reinsertarse en la economía mundial y el nuevo orden de las relaciones internacionales surgido a partir de la caída del campo socialista.

Sus disposiciones –dice– “están diseñadas para perpetuar la política en el tiempo, más allá de que la administración sea demócrata o republicana, y crear el marco propicio para la restauración capitalista bajo la tutela de EE.UU. y los remanentes de las clases dominantes antes de 1959”.

En el año 2000, se estableció una nueva legislación, la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones, que prevé exenciones humanitarias para la compra de determinados productos de primera necesidad, como alimentos.

Pero, aclara el experto, incluso para la venta de alimentos, se impusieron a Cuba términos adversos y muy costosos, debido a otras disposiciones y sanciones financieras vigentes, como la prohibición del uso del dólar estadounidense y el requisito de pago anticipado sin la participación de los bancos de EE.UU. en esas transacciones.

“El sistema de sanciones económicas que comenzó a principios de la década del sesenta se ha convertido en un bloqueo integral contra Cuba”, enfatiza Rodríguez, pues “aplica todos los métodos principales disponibles para un Estado sancionador: control comercial, suspensión de ayuda y asistencia técnica, congelamiento de los activos financieros del objetivo y la inclusión en la lista negra de compañías extranjeras involucradas en el comercio con nuestro país”.

De hecho, en 2007, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. admitió que lo que Washington llama “embargo contra Cuba” es el conjunto más completo de sanciones que el país norteño haya aplicado a cualquier nación, y las sanciones unilaterales, abarcadoras y más duraderas en la historia contemporánea que siguen vigentes.

Fuente: Cubadebate.

El 4 de febrero de 1992 nace una nueva Venezuela. Un teniente coronel, de apenas 38 años de edad y de nombre Hugo Chávez Frías, asume la responsabilidad de una rebelión cívico-militar que encabeza para devolverle la dignidad a un pueblo que se encontraba sumido en la pobreza, producto de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La acción fue denominada como “Operación Zamora” y los responsables eran miembros de una agrupación informal dentro de las Fuerzas Armadas, conocida como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, liderada por Hugo Chávez.

Con su famoso “Por Ahora”, Venezuela y el mundo se enteraban de la existencia del Comandante, de militares patriotas que revivían la esperanzas frustradas de nuestro pueblo y que planteaban una posibilidad real de salir del anacronismo en el que habían sumergido al país el bipartidismo apátrida y pro-imperialista.

Lo que al principio pareció ser un frustrado alzamiento militar contra un desgastado presidente entreguista, rápidamente se transformó en la ruptura del pueblo frente al corrupto y represivo bipartidismo burgués. Entonces, consumada la deslegitimación del viejo sistema, nunca más las organizaciones del Pacto de Punto Fijo (AD y Copei) pudieron monopolizar las ilusiones de las masas ni la estafa electoral de cada cinco años, en ese aberrado sistema, llamado “democracia representativa”.

La “Operación Zamora” contó con la participación de 2.362 hombres en armas, con 5 tenientes coroneles como cabezas visibles del movimiento, seguidos de 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa y 2.056 soldados alistados”. Los participantes, pertenecientes a 10 batallones, formaban parte de las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal, y fueron dirigidos por los jóvenes oficiales encabezados por Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas, así como también Yoel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Miguel Ortiz Contreras.

Caracas, sin embargo, era el lugar de la victoria. La toma de la capital significaba el triunfo de la estrategia militar emancipadora. Carlos Andrés Pérez había regresado de Davos, Suiza, con un escenario político debilitado, pues las secuelas de 1989 mantenían un profundo descontento de la sociedad. Ronald Blanco La Cruz y Antonio Rojas Suárez eran los encargados de tomar el Palacio de Gobierno.

No obstante, la satisfactoria victoria de la insurrección en el estado Zulia fue comunicada a Caracas. El para entonces ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, informó sobre lo acontecido a Pérez, quien evadió la captura a pocos minutos de que se concretara. Huyó al canal “Venevisión” y cerca de la 1:00 a.m condenó la rebelión ante el país.

Dos escenarios: El Teniente Coronel Hugo Chávez desde el Museo Militar y Ochoa Antich desde Miraflores. Una llamada:

-Chávez, ¿qué ha pensado? Si continúan los enfrentamientos, usted será el único responsable

– Necesito garantías, respondió el joven militar revolucionario, de acuerdo con declaraciones que años después hiciera el titular de Defensa del gobierno adeco.

Pérez había ordenado asesinar a Chávez con la excusa de llevárselo a Miraflores. No obstante, fue trasladado a la sede del Ministerio para la Defensa y su declaración de 90 segundos a los medios de comunicación le salvó la vida y sembró la esperanza del futuro.

Por ahora

Cerca de la 1:00 pm del 4 de febrero, y como parte de las condiciones de la rendición, se transmitió por televisión un mensaje de Hugo Chávez, cuyo propósito era reconocer el fracaso del movimiento insurgente y desmovilizar las fuerzas del Zulia, Aragua y Carabobo, a fin de evitar un mayor derramamiento de sangre. Saludó con calma a los venezolanos, felicitó en los mejores términos a sus subordinados, reconoció su derrota responsablemente, se refirió a la posibilidad de “nuevas situaciones” y sobre todo, entró en el imaginario colectivo, presentando su insurgencia como bolivariana y a sí mismo como “El Comandante Chávez”.

“En primer lugar quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela” (…) “Compañeros: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital; es decir, nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder” (…) “vendrán nuevas situaciones. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un camino mejor”.

A 30 años de aquella rebelión cívico-militar, y en medio de los constantes ataques de la que es víctima Venezuela por parte de Estados Unidos, queremos destacar en palabras del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, el significado de esta gesta y la relevancia que tuvo en la unión cívico-militar.

Hoy, más que nunca, es necesario mantener el aplomo y defender el legado de Hugo Chávez. Somos un pueblo que no renuncia a la determinación de ser libre con constancia, socialismo y patriotismo.

Marcha nacional para conmemorar 30 años del 4F

El vicepresidente de Movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Infante, invitó este viernes 4 de febrero al pueblo venezolano a una gran marcha nacional en conmemoración de los 30 años del despertar Bolivariano.

Detalló que se convocó dos grandes marchas, una va a salir desde Plaza Venezuela en la Zona Rental y el otro punto será desde el Inces de Nueva Granada, para luego caminar por el Paseo Los Próceres, hasta llegar al monumento del Indio.

Para más información ver el artículo titulado: Málaga, 8 de febrero de 1937: “La desbandá”, en la sección “Memoria Andaluza”.