Cádiz

El vertido ilegal de los escombros de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre en Cádiz al Rancho Linares, en El Puerto, ha puesto en el disparadero a ambos proyectos, promovidos por el Grupo Q Hoteles. La Delegación municipal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano ha paralizado la salida de camiones con escombros de la obra por este supuesto traslado de residuos a un vertedero ilegal. Asimismo ha retenido temporalmente la fianza depositada por la empresa encargada de las obras a la espera de la resolución que recaiga en el expediente sancionador iniciado por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía. El concejal gaditano de Urbanismo, Martín Vila, ha recordado que según el Reglamento de Residuos de Andalucía que establece las competencias de la Junta como de los ayuntamientos, dado el volumen de estos residuos, es la propia Junta de Andalucía la que debe asumir la vigilancia, inspección y sanción del destino de los residuos. En El Puerto de Santa María Por otro lado, la empresa Q , además, tiene prevista la construcción de 1.260 viviendas en Racho Linares pese a que, tal y como denuncia Ecologistas en Acción, no cuenta con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que “es de nulo derecho”. La organización advierte de que “de seguirse tramitando se podría incurrir en responsabilidades penales por presunta prevaricación”. Hoy está previsto que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento “proceda a aprobar el proyecto de urbanización”. “La carencia de EAE es lo que ha motivado la anulación del PGOU de El Puerto, por lo que es insólito e incomprensible que se sigan tramitando planes urbanísticos en base a este PGOU ilegal, y con el mismo error de no someterlos a EAE”, añade Ecologistas en Acción, que recuerda además que el proyecto se inició “con una modificación del PGOU a la carta aprobada en 2011”, recalificando un “importante bosque autóctono, el más biodiverso del municipio, con más de 200 especies de plantas silvestre”, en residencial. Ecologistas en Acción estudiará emprender acciones legales, tanto por la vía contencioso-administrativo como penal contra los ediles que voten a favor de su aprobación. Así las cosas, y tras el expediente a la empresa por depositar estos residuos en Rancho Linares piden al alcalde que paralice “el proceso hasta que la Junta se pronuncie y se aclare esta situación”. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso interpuesto por Agaden-Ecologistas en Acción que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana de la Frontera. Hay que destacar que el principal argumento para la anulación del PGOU ha sido la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el empecinamiento del Ayuntamiento de Chiclana en sustituir este tramite fundamental, según la normativa estatal y europea, por una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que, a pesar de lo que asegurara la Junta de Andalucía, no es lo mismo, y así lo han dejado claro numerosas sentencias judiciales que la Junta y algunos ayuntamientos siguen ignorando. La sentencia da un fuerte varapalo a la Junta de Andalucía, porque la considera "perfecta conocedora de la ilegalidad de los instrumentos de planeamiento aprobados sin Evaluación Ambiental Estratégica". La ausenciade EAE en el planeamiento significa que el PGOU recurrido incumple la directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27-6-2001 y la leyes españolas 9/2006 y 8/2007. Por otra parte, tampoco se cumplieron con las fases que según la ley deben desarrollar una EAE: no hubo fase de Consultas Previas, ni Informe de Sostenibilidad Ambiental, que analizara la necesidad de las actuaciones proyectadas y posibles alternativas, incluyendo la alternativa cero, y tampoco se incluyó en el planeamiento la Memoria Ambiental. Todos estos requisitos son obligatorios en todos los planeamientos a partir del 21 de julio de 2006, lo que fue advertido reiteradamente por las asociaciones ecologistas al Ayuntamiento, sin que se dignara a considerarlo; así les está yendo. En la sentencia el TSJA destaca que en el PGOU se ha sustituido la EAE por una EIA. La EIA es un requisito obligatorio para proyectos urbanísticos, pero no para planes urbanísticos. Precisamente, por eso dictamina que es "nula y fraudulenta la resolución de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 20 de mayo de 2015",que asegura que ambos procedimientos son equiparables y similares. La Junta de Andalucía, tanto antes con el PSOE como ahora con PP-Cs, ha mantenido sus argumentos de que el PGOU se ha tramitado correctamente, lo que ha sido clara y contundentemente desautorizado por el tribunal. El Ayuntamiento se ha limitado a decir que ha seguido las instrucciones de la Junta de Andalucía. Los máximos responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento que han avalado y aprobado este PGOU, y los técnicos de estas administraciones que lo han informado favorablemente, deberían explicar ahora estos graves incumplimientos de la legalidad en que han incurrido, que no puede quedar impune por el daño que están provocado al municipio de Chiclana. La sentencia del TSJA deja claro, tal y como advertimos las asociaciones ...
.

Ecologistas en Acción ha mostrado su más enérgico rechazo al proyecto de ampliación del vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de Bolaños, propiedad de Verinsur S. L, en Jerez, y ha reclamado su clausura y sellado por no cumplir los criterios de la Unión Europea en su programa de Economía Circular, que plantea la reducción progresiva de los residuos que se llevan a la mal llamada “eliminación”, dado que simplemente son enterrados. La organización advierte en las alegaciones a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de las instalaciones, en exposición pública desde el 13 de abril, que “el tratamiento de valorización, por reciclaje o reutilización, a 2.200 toneladas de residuos no peligrosos y más de 10.000 toneladas de residuos peligrosos que dio Verinsur en 2019 es una cifra claramente insuficiente y muestra que no se está acometiendo proyecto alguno para reducir el porcentaje de residuos llevado a vertedero”. Y advierte de que “la pretensión de prolongar la actividad del vertedero hasta 2035 representa una renuncia a hacer efectivos estos compromisos legales de recuperación y reciclado de los residuos, haciéndonos acreedores de las multas que inevitablemente llegarán por llevar a vertido residuos que no debieran ser eliminados”. Bolaños recibe además los rechazos generados en la planta colindante de tratamiento de residuos municipales Las Calandrias y, con el decreto de alarma, los residuos urbanos “bolsa gris sin concluir previamente su proceso de clasificación” procedentes de Jerez, El Puerto y Rota y Arcos, dos de los motivos para solicitar la ampliación del depósito antes del verano, de acuerdo a la orden dictada por el delegado de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, antes del verano. “No es cierto que este depósito es fundamental para poder seguir prestando servicio”, sostiene Ecologistas en Acción. En primer lugar, apunta, la planta no recibe los residuos para los que estaba diseñada, los de la Sierra y la Costa noroeste. Por otro lado, la recepción de residuos de los municipios de la Sierra no será necesaria a partir del funcionamiento de la planta de compostaje de Villamartín, en proyecto, y, por último, “la planta de Las Calandrias arrastra problemas de descapitalización recortes de plantilla y mala gestión por lo que su optimización para efectuar de verdad un tratamiento mecánico biológico, con el compostaje de la fracción orgánica en primer término, no solo es una exigencia medioambiental, sino una obligación legal”, que minizaría de manera drástica el vertido a Bolaños. y haciendo innecesaria su ampliación. Proyecto indefinido y contaminante El espacio reservado para la instalación de valorización, con 55.000 metros cuadrados, queda indefinido. Ecologistas en Acción reclama a Verinsur que precise “qué cantidades serán recuperadas y con qué horizontes de actuación deberían formar parte del proyecto”. Y advierte ...
.

Ecologistas en Acción ha averiguado que los escombros vertidos ilegalmente en el Rancho Linares, en el término municipal de El Puerto de Santa María, proceden de las obras de demolición que se están llevando a cabo en la antigua Residencia de Tiempo Libre de Cádiz. Tras la denuncia de los hechos, se siguen vertiendo escombros. Este edificio era de titularidad pública, hasta que la Junta de Andalucía lo privatizó. La empresa adjudicataria del concurso de venta de este edificio fue Vico Black 98, filial del grupo "Q Hoteles", que la adquirió por 11.811.410,01 euros. Esta empresa está procediendo a la demolición de parte de la edificación existente. Los cientos de camiones de escombros que ha generado esta demolición no se ha llevado a un gestor autorizado para su reciclaje, como es obligación legal, sino que se han vertido en unos terrenos de El Puerto de Santa María de gran valor medioambiental. La empresa que está desarrollando los trabajos de demolición y cuyos camiones han vertido los escombros en esa finca de El Puerto de Santa María, es "Demoliciones DAYTA". Ecologistas en Acción ha denunciado estos hechos al alcalde de El Puerto, al delegado de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y al Ayuntamiento de Cádiz. En las denuncias solicitamos la inmediata paralización de este vertido ilegal, que se proceda a la incoación de los preceptivos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad, exigiendo a la empresa responsable la retirada de la totalidad de los escombros, y que se trasladen a planta autorizada para su reciclado. Además, hemos solicitado a Germán Beardo, alcalde de El Puerto, que nos informe de las actuaciones que ha realizado el Área de Medio Ambiente ante este atentado medioambiental, pues no es comprensible que se haya producido ese trasiego de camiones sin que ningún responsable de este área municipal se haya enterado. Lamentablemente, no se ha impedido todavía el acceso de los camiones, que siguen vertiendo los escombros de forma impune en este espacio forestal. Ni siquiera se ha procedido a precintar el acceso a la escombrera ilegal, como debería haberse hecho como medida cautelar. Ecologistas en Acción organizó en la tarde de ayer un acto de protesta en la escombrera del Rancho Linares, guardando todas las normas de prevención contra el coronavirus. Las medidas del Estado de Alarma, que algunos han utilizado para buscar la impunidad en un atentado ecológico, no pueden impedir el derecho a manifestarse de los ciudadanos para denunciarlo, siempre con las medidas de seguridad que dicta la lucha contra la pandemia ...
.

El atestado de la denuncia presentada por la Policía local contra el líder del PP de Jerez, Antonio Saldaña, por presunto delito contra la seguridad vial (al que ha tenido acceso Andalucía Información) relara que los hechos ocurrieron poco antes de las seis y media de la tarde de este jueves, cuando los agentes fueron requeridos a partir de la denuncia de un particular que había presenciado en la calle Guatemala a un conductor "al parecer en estado ebrio que había golpeado varios vehículos estacionados". Personados en el lugar, "presentaba claros signos externos de estar bajo los efectos del alcohol". Por todo lo anterior, se le requirió que se sometiera a la prueba de alcoholemia, para lo que fue trasladado a la Jefatura, donde se le leyeron sus derechos. En la citada prueba, como ya avanzó anoche este periódico, Saldaña dio en primer lugar 0,88 en aire espirado y, en una segunda ocasión, 0,83, triplicando la tasa máxima permitida por ley, que es de 0,25. En el atestado se incluye asimismo el testimonio del testigo que presenció los hechos, y que relata que se encontraba junto a la citada calle donde vio a un turismo chocar contra otro que estaba estacionado. "Acto seguido gira a la derecha en dirección a la gasolinera para intentar estacionar en línea y colisiona contra otro turismo estacionado. A continuación, continúa y a la altura de la gasolinera realiza un cambio de sentido y vuelve a estacionar unos metros más adelante volviendo a golpear a otro turismo estacionado". Tras haberle sometido a las pruebas de alcoholemia, fue formalmente informado por la Policía de los motivos de su detención como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial. A continuación se procedió a tomar nota de la declaración de Saldaña, siendo recogida la misma en un acta independiente. A la finalización de la misma se autorizó su puesta en libertad con cargo, informándosele de que tendría que personarse en el Juzgado de Instrucción número 2 cuando sea requerido a tal efecto. Solo la presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo, apoya a Antonio Saldaña, después de que la dirección provincial, plantee pedirle que renuncie a sus cargos. García-Pelayo, ha evitado pronunciarse en público durante las últimas 24 horas en apoyo del que fuera candidato a la Alcaldía de Jerez. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
.

El líder del PP en Jerez y portavoz en la Diputación de Cádiz, Antonio Saldaña, ha triplicado la tasa de alcoholemia permitida tras someterse a una prueba practicada por la Policía local después de haber sido denunciado por haber golpeado a varios vehículos mientras trataba de estacionar en una calle próxima a su domicilio. Los agentes se personaron en el lugar de los hechos a raíz de la denuncia telefónica realizada por un vecino e invitaron a Saldaña a personarse en la Jefatura de la Policía local para someterse a la correspondiente prueba de alcoholemia por si había circulado con su vehículo en estado ebrio. Ya en las dependencias de la Jefatura se sometió a una primera prueba en la que dio 0,88 en aire espirado, triplicando con creces la tasa legal permitida, que es de 0,25. Posteriormente fue sometido a una segunda prueba verificadora en la que dio 0,83, y tras la que se procedió a la redacción del atestado en el que aparece reflejada la denuncia por presunto delito contra la seguridad vial por haber triplicado la tasa de alcohol permitida, después de haber ocasionado daños a tres vehículos estacionados y conducir en estado ebrio. Asimismo, fuentes policiales apuntan que se ha evaluado la posibilidad de hacer referencia a la hora en que se han producido los hechos, por si incurriera algún tipo de agravante relacionado con las medidas recogidas en el Estado de Alarma actualmente en vigor. Al haber superado la tasa de alcoholemia de 0,60 mg/l , la denuncia será tramitada como delito penal. En este sentido, el Código Penal recoge este supuesto como tipo delictivo y en concreto el artículo 379 castiga al "que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en cualquier caso privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años". Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
.

Ya se conocen los resultados de las pruebas PCR realizadas al personal sanitario del Hospital de Jerez que usó los dos modelos de mascarillas defectuosas (KN95 MASK (PURGIVOR) y las ELITE RESPIRATOR EB09.049) distribuidas por la Consejería de Salud y retiradas la pasada semana. En total, de los 669 PCR realizados, ocho profesionales -cuatro dues y cuatro auxiliares de enfermería), han dado positivos, todos de la misma planta Covid, aunque se da la circunstancia que tres de ellos no habían utilizado las mascarillas fake, por lo que en este caso el origen del contagio es otro. En concreto, según los datos que baraja la sección sindical de Sanidad de CSIF y a los que ha tenido acceso Viva Jerez, se han realizado 235 PCR para 136 DUE, 50 auxiliares, 20 técnicos, 15 celadores y 14 facultativos, 95 en la UCI, 83 en las plantas Covid, 25 en radiodiagnóstico y 231 en la unidad de Urgencias del centro hospitalario del Servicio Andaluz de Salud en Jerez. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
.

Los efectos devastadores de la crisis económica por la pandemia se sufren especialmente en las comarcas gaditanas, donde casi la mitad de la población activa está en situación económica de paro, resultado de la suma de los trabajadores acogidos a Expedientes Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), autónomos que han declarado el cese de actividad y el número de inscritos en los Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE) en marzo en relación con los gaditanos que se encuentran en edad de trabajar: 271.903 de algo más de 552.400. Según los datos facilitados por la Consejería de Empleo, Cádiz ha registrado 14.159 Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), con 68.013 afectados, uno de cada cinco afiliados a la Seguridad Social en la actualidad. Por otro lado, 28.859 autónomos gaditanos, en torno al 45% del total en la provincia, han solicitado el cese de actividad y 27.474, el 95,5%, percibieron este jueves la prestación extraordinaria, anunció el Gobierno por medio de un comunicado. Tienen acceso a ella cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior, recuerda el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, adaptando el periodo de cálculo a las peculiaridades de sectores como el régimen agrario o del mar, al tratarse de actividades muy estacionales. Además, los beneficiarios de la prestación que puedan abrir su negocio al inicio de la desescalada seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. Finalmente, Cádiz finalizó el mes de marzo con un total de 176.416 desempleados, tras sufrir una subida de 25.649 personas. Este incremento es el mayor de la serie histórica y fue el tercer más alto en todo el Estado español, tras Sevilla y Málaga. Por tramos de edad, el desempleo se cebó especialmente con los gaditanos de entre 25 y 44 años, sumando un 23,92% más. La razón de esta distorsión con respecto a los datos de la EPA la ofreció el director de Adecco Group. Institute, Javier Blasco, quien señaló que no se ha incluido a los trabajadores afectados por ERTE, considerados a efectos estadísticos como activos-ocupados y los autónomos que han declarado el cese de actividad. Si se computaran ambos colectivos, solo a nivel nacional, hablaríamos, señala, de en torno a nueve millones de parados, lo que supondría una tasa de desempleo del 35 o 40% en lugar del 14,4% resultado del estudio. “Las cifras reales hablan de una economía en clara recesión, que está tratando de evitar la depresión y de una enorme pérdida de empleo que, desgraciadamente y dependiendo de los sectores, se va a ...
.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) adquirió 21.000 mascarillas defectuosas para distribuirlas en la provincia de Cádiz entre los profesionales de centros hospitalarios y de salud y ha puesto en circulación al menos 17.000 desde principios de abril, según estimaciones de fuentes sanitarias. De acuerdo a las mismas fuentes, la Central de Compra Provincial (CCP) del SAS compró unas 15.000 unidades KM95 Mask Purgivor, que repartió entre la plantilla provincial en su práctica totalidad, y otras 6.000 mascarillas Elite Respirator EB09.049, entregando entre 2.000 y 3.000 a los empleados. Se da la circunstancia de que los ensayos para probar la fiabilidad de estas mascarillas, tal y como indica el documento de resultados de las verificaciones referidas a estas mascarillas, se realizaron a partir del pasado día 24, tres semanas después del comienzo de su reparto. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
.

La Federación provincial de Cádiz de Ecologistas en Acción solicita al ayuntamiento de Tarifa que proceda a la desclasificación de suelos en la zona de Valdevaqueros y Los Lances, tal y como aprobó la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, y no apoya la expropiación de estos terrenos. En esta zona privilegiada del litoral gaditano están previstas cinco grandes urbanizaciones, con una superficie de 3.575.355 m2, con miles de viviendas de segunda residencia y complejos hoteleros que harán la competencia a los actuales hoteles de tamaño medio y pequeño, muchos ubicados en el mismo casco urbano. Estas urbanizaciones se incluyeron en el PGOU, Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1990, por tanto, totalmente desfasado, inviable ambientalmente y que representa un modelo caduco de urbanismo y turismo basado en grandes resorts separados de los cascos urbanos. El PGOU de Tarifa es lamentable ejemplo de la burbuja inmobiliaria que se desarrolló en nuestro país y que nos abocó a la crisis de 2008, con dramáticas consecuencias económicas, sociales y ambientales. En continuidad con este delirio especulativo, el actual PGOU incluye unas desmesuradas previsiones de crecimiento: 7.775.352 m2, un 177 % más que el suelo urbano actual. Ecologistas en Acción ha planteado en todas sus alegaciones a proyectos urbanísticos en Tarifa, y en reuniones mantenidas con el alcalde, que este municipio debe ser un paradigma de urbanismo y turismo sostenible, y, para ello, debe renunciar a una expansión injustificada a lo largo de su maravilloso litoral, centrando los equipamientos turísticos en el casco urbano y aprovechando los hoteles, campings, restaurantes y escuelas de surf ya existentes en Los Lances y Valdevaqueros. Ecologistas en Acción planteó en la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, celebrada en junio de 2018, que se instara al ayuntamiento de Tarifa a que, en el marco de la revisión del PGOU, procediera a la desclasificación de los suelos urbanizables vigentes en la zona de Valdevaqueros-Los Lances. Propuesta que fue aprobada por amplia mayoría, incluidos los apoyos del alcalde de Tarifa y de la representación de la Junta de Andalucía, con la sola abstención de los representantes empresariales. Estas desclasificaciones, en contra de lo que se suele pregonar desde sectores políticos y empresariales, no tienen derecho a indemnización, al haberse sobrepasado la programación para ejecutar estos sectores de suelos urbanizables. Existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo que así lo ratifica, sentencias que hemos puesto en conocimiento del alcalde de Tarifa. El alcalde de Tarifa anunció que en el primer trimestre de este año se iba a iniciar la revisión del actual PGOU y que se aprobarían moratorias de las macro urbanizaciones previstas en las playas de Valdevaqueros y Los Lances. No se ha hecho, y no entendemos ...
.

Las instituciones españolas y andaluzas continúan permitiendo el expolio del patrimonio natural andaluz, autorizando la construcción de mega-urbanizaciones destinadas a segundas viviendas para las burguesías mesetarias y europeas. Cuando estamos en una situación de un nivel de paro exagerado, motivado por la incidencia del Covid-19 en un país (Andalucía) que tiene una enorme dependencia del turismo, las instituciones andaluzas y españolas en vez de promocionar y facilitar las inversiones en otros sectores, continúa alimentando el problema de la dependencia turística, un sector basado en la explotación y destrucción de los ecosistemas naturales y en la explotación de la mano de obra local. La masificación turística de las costas andaluzas, así como la destrucción de los parajes naturales, nos llevan a un futuro oscuro donde el paro y la falta de expectativas laborales y vitales va a obligar a miles de andaluzas a volver a la emigración. La turistificación de nuestras costas y ciudades, al mismo tiempo que se convierten en la zona de esparcimiento de la Meseta, están obligando a las andaluzas a emigrar de su tierra. Por ello, luchar contra la turistificación del litoral y contra la construcción de mega-urbanizaciones es luchar por la tierra y por el futuro de las andaluzas en Andalucía. La Federación provincial de Cádiz de Ecologistas en Acción solicita al ayuntamiento de Tarifa que proceda a la desclasificación de suelos en la zona de Valdevaqueros y Los Lances, tal y como aprobó la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, y no apoya la expropiación de estos terrenos. En esta zona privilegiada del litoral gaditano están previstas cinco grandes urbanizaciones, con una superficie de 3.575.355 m2, con miles de viviendas de segunda residencia y complejos hoteleros que harán la competencia a los actuales hoteles de tamaño medio y pequeño, muchos ubicados en el mismo casco urbano. Estas urbanizaciones se incluyeron en el PGOU, Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1990, por tanto, totalmente desfasado, inviable ambientalmente y que representa un modelo caduco de urbanismo y turismo basado en grandes resorts separados de los cascos urbanos. El PGOU de Tarifa es lamentable ejemplo de la burbuja inmobiliaria que se desarrolló en nuestro país y que nos abocó a la crisis de 2008, con dramáticas consecuencias económicas, sociales y ambientales. En continuidad con este delirio especulativo, el actual PGOU incluye unas desmesuradas previsiones de crecimiento: 7.775.352 m2, un 177 % más que el suelo urbano actual. Ecologistas en Acción ha planteado en todas sus alegaciones a proyectos urbanísticos en Tarifa, y en reuniones mantenidas con el alcalde, que este municipio debe ser un paradigma de urbanismo y turismo sostenible, y para ello debe renunciar a una expansión injustificada a lo largo de su maravilloso litoral, ...
.

Ecologistas en Acción ha presentado 60 alegaciones a la Aprobación Inicial del PGOU de Ubrique, mostrando su rotunda oposición a unos crecimientos urbanísticos desmesurados, injustificados e innecesarios que, además, afectan a terrenos protegidos del Parque Natural Sierra de Grazalema e incumplen los límites del crecimiento que prescribe el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El PGOU pretende recalificar un total de 125.689 m2 para nuevos suelos urbanizable, y la construcción de 940 viviendas, lo que supondría un aumento de 2.256 habitantes, todo en un municipio en regresión demográfica. El POTA determina que el crecimiento de nuevos suelos urbanizables y viviendas debe basarse en parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización...), "y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años". Lo que evidentemente se incumple. Estos nuevos suelos urbanizables pueden provocar importantes impactos ambientales. Hay dos sectores SUS-1 La ROZUELA y SUS-2 Los Olivares- que incluyen terrenos pertenecientes al Parque Natural Sierra de Grazalema, lo que es ilegal, ya que estos terrenos están protegidos por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), estando prohibida su urbanización. Ecologistas en Acción ha advertido en sus alegaciones que todos los terrenos del Parque Natural Sierra de Grazalema deben clasificarse en el PGOU como Suelos No Urbanizables de Especial Protección. El PGOU pretende legalizar una urbanización ilegal –el sector SUS-5 Realejo- que ha sido reiteradamente denunciada por Ecologistas en Acción, sin que ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía hayan hecho nada por aplicar la disciplina urbanística. Además, se pretende incluir una vía pecuaria usurpada, la Cañada de la Breña o Garganta de Millán, como Suelo Urbanizable. El PGOU contempla también un sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado, colindando con el Parque Natural Los Alcornocales, sin analizar su afección al mismo. El PGOU incluye una zona para uso hotelero junto a la carretera de Benaocaz (A-2302), cuya ejecución lleva años paralizada, siendo visible el esqueleto del edificio a medio construir, provocando un importante impacto paisajístico. Estos terrenos pertenecen al Parque Natural Sierra de Grazalema, pero la Junta de Andalucía modificó el PORN en 2015 para desprotegerlos y permitir un desarrollo de apartamentos turísticos que se había iniciado de forma ilegal. Ahora se pretende relanzar este proyecto hotelero innecesario y fallido. Ecologistas en Acción propone la demolición del edificio construido ilegalmente y la protección de estos terrenos, que siguen perteneciendo al Parque Natural Sierra de Grazalema. La normativa del Suelo No Urbanizable es tan permisiva que posibilita la urbanización del campo. Así, se permite todo tipo de proyectos privados con sólo declararlos de interés público, y ya hay experiencias en Ubrique de cómo se ha declarado de ...
.

Los errores de los políticos ha sueldo de la oligarquía lo paga la clase trabajadora. El sector de Sanidad de CSIF-Cádiz ha denunciado que ya hay doce sanitarios aislados por sospechas de ser positivos solo en la UCI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Parece ser que el Servicio Andaluz de Salud ha estado practicando los tests pertinentes a lo largo de este fin de semana a quienes han estado en contacto directo con el virus usando las mascarillas defectuosas enviadas por el gobierno español y que, el pasado viernes, se dió orden de retirar por su falta de efectividad, tal y como informábamos en La Otra Andalucía. Las mascarillas Gerry Galaxy modelo N95 llegaron a los hospitales y centros de salud de Cádiz hace semanas, por lo que son muchos los profesionales de diferentes categorías los que han estado expuestos según CSIF. Este error supone un doble perjuicio: el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra de un material inservible, y sobre todo el que sufren los trabajadores que han estado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección frente al COVID-19 ...
.

La convalidación del Decreto-Ley 2/2020 de desregulación de la economía andaluza, así como las modificaciones de la Autorización Ambiental Integrada allanan el camino para la continuidad de los dos vertederos más importantes de nuestra Comunidad, ambos con más de 20 años de actividad, segun nota de prensa publicada por Ecologistas en Acción. En este tiempo de pandemia y de convalidación por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía del Decreto-Ley de desregulación de la actividad económica, se allana el camino a proyectos que afectan negativamente al Cambio Climático. La Junta de Andalucía somete a información pública dos proyectos para prolongar la actividad de los vertederos de residuos peligrosos y no peligrosos más importantes que tiene nuestra Comunidad, el de Nerva (Huelva), gestionado por Ditecsa, sancionada por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por prácticas restrictivas de la competencia y el de Bolaños (Jerez), propiedad de Verinsur, también reiteradamente sancionada por la Consejería de Medio Ambiente por sus numerosos incendios y vertidos no autorizados. Ambos tienen más de 20 años de actividad, que deberían ser sellados por no cumplir los criterios de la UE en su programa de Economía Circular. La Ley 8/2018 de medidas frente al Cambio Climático se dirigen a poner en práctica una "revolución verde" (Moreno Bonilla dixit), justamente lo antagónico al vertido continuado de residuos peligrosos y no peligrosos que representan estas instalaciones. En el caso de Nerva, además, se abre la vía de la incineración de residuos. Se trata de preparar los residuos para quemar en una planta de coincineración (cementeras) o llevarlos a una planta de supuesta biomasa. Las modificaciones sustanciales de la Autorización Ambiental Integrada que se solicitan para Nerva y Bolaños son un despropósito que la Consejería de Desarrollo Sostenible tiene que desautorizar con sobradas razones. Hasta que ello no ocurra, Ecologistas en Acción desplegará todas las acciones legales y promoverá todas las manifestaciones sociales que la emergencia sanitaria permita, hasta conseguir la clausura de esos vertederos y el inicio de un genuino programa de Economía Circular y de Producción Limpia ...
.

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes en Algeciras (Cádiz), que habían creado dicho grupo con consignas para agredir a los agentes de forma concertada tras varias denuncias de abusos policiales en los controles que los agentes tienen desplegados en la zona. Se trata de tres jóvenes de 18, 24 y 30 años que han reaccionado así después de que varios usuarios del grupo de WhatsApp "Coronavirus Algeciras" subieran fotos de las lesiones que les habían provocado los agentes en los puestos de control del municipio. Los detenidos crearon un grupo llamado "Ni un abuso más" en el que los jóvenes estaban organizando a varios usuarios para llevar a cabo conjuntamente emboscadas a la Policía y atentar contra ella "a modo de guerrilla", según ha afirmado la Subdelegación del Gobierno. El grupo, al que llegaron a sumarse más de cien usuarios, se discutían aspectos como cuál podía ser la zona más idónea de la ciudad para hacer tales emboscadas, qué material llevar, cuál podía ser el mejor momento del día o qué estrategia adoptar, como esperar una persona con pinchos para así hacer bajar del vehículo a los policías, e incluso sugiriéndose la posibilidad de contar con armas de fuego "Aquí no vamos a robar más, a eso no nos vamos a dedicar ahora. Aquí lo que vamos a hacer es dar palos a la policía ¿vale? Ya después buscaremos el pan para comer de lo que nos haga falta." Fuente: www.movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com ...
.

La policía española ha detenido en Algeciras a tres personas como presuntos autores de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y daños. Los detenidos estaban organizando a través de la red de mensajería Whatsapp a los vecinos para enfrentarse a la policía, contando con más de 100 integrantes en el grupo de whatsapp. Dos de los detenidos son los administradores del grupo y el tercero, siempre según fuentes policiales, un participante en el chat que había alertado a la policía de un falso robo con el fin de arrojar objetos a las dotaciones policiales que se habían desplazado al lugar. Los tres arrestados han sido puestos a disposición policial. Esta es la información que han difundido las agencias de noticias y que han sido recogidas por algunos medios escritos y radiofónicos. En algunos casos como el de la Cadena Ser, se ha hecho un periodismo “creativo”, difundiendo una información nada contrastada y basándose en prejuicios sobre la población andaluza de Algeciras, al difundir que los implicados en este caso son personas que se dedican al narcotráfico. La verdad es otra muy distinta de la difundida por la Cadena Ser. Los vecinos de la barriada algecireña de El Saladillo, hartos de abusos policiales, se organizaron en un grupo de Whatsapp al que denominaron “Basta de abusos” para protestar por los abusos policiales que vienen sufriendo y organizar las protestas vecinales y el enfrentamiento con la policía. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 4 de abril cuando la sala del 091 recibió una llamada alertando de un robo con fuerza a manos de cuatro encapuchados en una calle de la barriada algecireña de El Saladillo. A su llegada al lugar, los agentes fueron agredidos con numerosos objetos arrojados desde desde un edificio, quedando inutilizado un vehículo policial y los agentes huyendo a la carrera. La noche siguiente se repitieron los hechos con un barrio enfurecido por los abusos policiales y organizados a modo de guerrilla urbana. Estos hechos son solo el comienzo de lo que nos espera tras la finalización del Estado de alarma y el agravamiento de las condiciones de vida de miles de andaluzas que se habrán quedado sin trabajo y sin ningún tipo de ingresos, tal y como pasa en la barriada de El Saladillo, donde gran parte de sus habitantes viven de la economía sumergida o del menudeo y tras la declaración del Estado de alarma se han quedado sin ningún tipo de ingresos, sufriendo los abusos policiales por ser una barriada de gente humilde y trabajadora. Este tipo de “organización popular” que refleja la indignación in crescendo de las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad, debe dar paso a otras formas de organización ...
.

Nación Andaluza ha solicitado a la Consejería de Salud y Familias que realice un estudio epidemiológico específico al personal andaluz que trabaja en ambas bases militares de Rota y Morón, a la población de los municipios en los que estas bases sitúan y a la de los municipios colindantes con objeto de determinar el riesgo que para la salud de la población cercana y para el Pueblo Andaluz puede tener el tráfico de militares y personal estadounidenses, insumos y otros artículos en dichas bases. Asimismo ha solicitado información a la Consejería de Salud sobre qué medidas específicas se están tomando con los más de 8.000 estadounidenses residentes en estas bases militares. Ante la actual situación de emergencia sanitaria en Andalucía, desde Nación Andaluza volvemos a rechazar la presencia de bases militares españolas, estadounidenses o británicas en territorio nacional andaluz. Rechazamos también los distintos acuerdos que el Estado español y Estados Unidos han firmado para utilizar suelo andaluz como colonia y plataforma militar. El primero de ellos fue firmado por el criminal Francisco Franco en 1953 (Pactos de Madrid), el último fue firmado este mes de enero por el gobierno español de PSOE-UP convirtiendo la base aérea de Morón de la Frontera en base permanente de la fuerza militar norteamericana de despliegue rápido en África y ampliando el número de soldados estadounidenses. No obstante, entendiendo que a día de hoy estas bases militares son una realidad, Nación Andaluza ha solicitado a la Consejería de Salud y Familias que -en virtud de en función del artículo 55.2 del Estatuto que atribuye a la Comunidad Autónoma competencias en materia de sanidad interior y la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública- realice un estudio epidemiológico específico al personal andaluz que trabaja en ambas bases militares de Rota y Morón, a la población de los municipios en los que estas bases sitúan y a la que habita en los municipios colindantes a los mismos (Chipiona, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barramedaen el caso de Rota y Marchena, El Arahal, La Puebla de Cazalla, Coripe, Montellano, Pruna, Olvera y Puerto Serrano en el caso de Morón) con el objetivo de determinar el riesgo que para la salud de la población cercana y para el Pueblo Andaluz puede tener el tráfico de personal, insumos y otros artículos estadounidenses que se produce en las mismas. Asimismo Nación Andaluza ha solicitado información a la Consejería de Salud sobre qué medidas específicas que está tomando con el grupo de población estadounidense residente en las bases militares (más de 8000 personas si sumamos ambas) y sobre los estudios epidemiológicos específicos llevados a cabo entre el personal andaluz que trabaja en ambas bases militares ...
.

Desde este Comité de Empresa estamos perplejos con el comunicado que publican el CPE, TTIA y APMT, sobre todo por el populismo con que lo hacen y lo ruin, que se puede ver a leguas, por la manera de desprestigiar a un colectivo como este que tiene al puerto en unos niveles de actividad envidiables. Seguramente quien lo ha escrito no ha estado en ninguna reunión de las que llevamos casi a diario para intentar que el puerto se resienta lo mínimo posible. Desde hace tiempo es una norma de las empresas estibadoras dejarnos mal ante la sociedad utilizando la prensa siempre que intentan imponer sus tesis. Queremos dejar muy claro que nosotros no hemos pedido ni queremos nada que no sea lo que establecen nuestros acuerdos y está pactado. Tenemos comunicados de hace sólo un par de dias, tanto del CPE como de las empresas estibadoras, felicitando a los trabajadores por su profesionalidad y buen hacer. Estos escritos los publicaremos en nuestra página de Facebook: Coordinadora De Estibadores Portuarios del Estrecho - CEPE. Son las empresas las que están ofreciendo un incentivo económico a cambio de modificar las condiciones de trabajo para que su negocio no baje lo más mínimo y nosotros defendemos nuestro convenio, simplemente. No hemos llegado a ningún acuerdo. Lo único que hemos defendido a capa y espada es minimizar al máximo los riesgos de contagio del COVID-19, entre nuestros compañeros, con medidas preventivas que tardaron mucho en llegar. Otras aún no han llegado. Las empresas no entienden que estamos todos en una situación muy complicada y que no se puede trabajar como en una situación normal porque disponemos de un 40% menos de personal entre bajas y los descansos a los que tienen derecho las trabajadores. En su día se establecieron permisos para los trabajadores que se encuentran en los denominados grupos de riesgo o tienen alguien en su hogar en las mismas circunstancias. A dia de hoy tenemos 420 trabajadores de baja por distintos motivos (entre ellos con fiebre y síntomas COVID-19, que no se confirman porque no les hacen los test). Hemos estado trabajando desde que esta crisis empezó prácticamente sin EPIs, soportando el nerviosismo y el miedo, dando la cara y mostrando nuestra profesionalidad. Se han estado nombrando hasta el día de ayer una media de 70 manos con los compañeros sobrepasados de jornadas y horas establecidas. Estamos atendiendo más trabajo que el de costumbre por desvíos de otros puertos hasta aquí.El día 31 de marzo se han nombrado 46 manos y a las 20 horas no había ya personal disponible, se había agotado toda la lista. A las 02:00h del dia 1 de abril se han nombrado 19 equipos de trabajo ...
.

El despido de una enorme cantidad de trabajador@s durante estos días por motivo de la crisis que ha provocado el Covid19, está dejando a muchas familias sin recursos para afrontar el día a día. Mientras el Gobierno, a través del Presidente y la Ministra de Trabajo, declara continuamente en los medios de comunicación "QUE NADIE SE VA A QUEDAR FUERA en esta crisis", las medidas que están tomando son todo lo contrario y dejan fueran a miles de trabajador@s, como siempre, a los que cuentan "con menos posibilidades". Y ello es así porque, en la práctica, quienes en realidad se están acogiendo a la opción de los ERTEs (con todas las medidas de protección ya conocidas) son mayoritariamente las empresas más fuertes y casi siempre en relación a su personal fijo; mientras que, en lo tocante a las pequeñas y medianas contratas y subcontratas del metal, la tónica dominante está siendo el despido de todo su personal temporal (que son la mayoría de sus plantillas). La facilitación de ERTE a las empresas, como GRAN MEDIDA/AYUDA para paliar la crisis del Covid19, es muy deficiente y claramente DISCRIMINATORIA, dando toda la potestad para que el trabajador reciba esta ayuda, a la decisión que tomen los distintos empresarios entre suspender (ERTE) o despedir (extinción). Pero las ayudas concretas para afrontar esta crisis no pueden “seleccionar” discriminatoriamente al trabajador@ que es suspendido temporalmente excluyendo al despedido, ni a los que prestan los servicios en una empresa con más o menos solvencia económica o más o menos sensibilidad social por parte del empresario. Las ayudas, mientras que dure esta crisis, deben de ser para TOD@S. Recordemos que la facilitación por parte del Gobierno a las empresas, permite que l@s trabajador@s incluidos en ERTE, no consuman prestación (pongan el contador a cero) y, en el caso de que no tengan derecho a prestación, sí puedan cobrarla. Es decir, que l@s trabajador@s que son despedidos sin ERTE, CONSUMEN su prestación y el que no tenga derecho a ella, se quedará sin COBRAR NADA. Pero la transversalidad de esta crisis, hace que todos los sectores se vean afectados por ella, ya sean trabajadores de grandes o pequeñas empresas, fijos o temporales. Por eso esta medida de ayuda parcial resulta totalmente discriminatoria y demuestra una gran ceguera de la clase política ante los problemas de la CLASE TRABAJADORA, ahondando más, cuanto más vulnerable sea el sector. LA EVENTUALIDAD YA LA PAGAMOS L@S TRABAJADORES DÍA A DÍA para que además, en una crisis como esta, quedemos exentos de unas ayudas por la torpeza de un Gobierno que vuelve a dejarnos a merced de los empresarios. ¿SABE EL GOBIERNO CUÁNTOS TRABAJADOR@S HAN SIDO YA (O LO VAN A SER) DESPEDID@S ...
.

El Gobierno de Juanma Moreno (PP, C's y Vox) ya ha comunicado públicamente que hay "un repunte" importante en los positivos de pacientes de coronavirus en "transeúntes que han llegado desde Madrid" en las últimas 48 horas. Es la primera vez que el Gobierno andaluz admite que el traslado de ciudadanos desde la meseta está descontrolando la curva de casos, sobre todo en algunos municipios de la Costa del Sol. Ayer Nación Andaluza solicitaba la restricción de entradas de toda la población que estaba llegando desde la meseta. El vicepresidente se ha limitado a un pronunciamiento: "A todos los que llegan a Andalucía este fin de semana pedimos responsabilidad. Que se queden en sus domicilios, en sus residencias, en los hoteles o casas rurales y que no salgan a la calle". Y el gobierno de la Junta hizo una mera recomendación el cierre de todos los lugares de ocio, bares, restaurantes, cines, teatros, pubs o discotecas, y otros como gimnasios o peluquerías porque "no sabemos ahora mismo si tenemos competencias". Barricadas en Tarifa para rechazar la llegada de madrileños Andalucía está registrando una llegada masiva de ciudadanos provenientes de otras comunidades autónomas. Así, en la provincia de Cádiz ya se ha podido comprobar ya un incremento de visitantes en Chiclana de la Frontera, Roche, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María o Sanlúcar de Barrameda. Es lo mismo que ha ocurrido en la costa de Málaga, Granada, Almería o Huelva. Personas con un segundo domicilio, en su gran mayoría, que han confundido la cuarentena con unas vacaciones adelantadas convirtiéndose en vectores de difusión del Covid-19 en nuestro país. El vecindario de Tarifa lo ha visto claro y montó ayer una barricada en la calle Batalla del Salado que sirve de entrada a la localidad, intentando evitar la entrada de personas foráneas, y que han llevado a actuar a la Guardia Civil y a bomberos del parque de la localidad para retirar los objetos que estaban siendo calcinados sobre la carretera. Barricada en Tarifa para que no entren los madrileños... pic.twitter.com/TBZaoFttIx— Rocío (@RocioNavas22) March 13, 2020 Bandera roja en las playas gaditanas y granadinas ante la llegada de población madrileña Los ayuntamientos de Vejer, El Puerto de Santa María, Barbate y Cádiz, en la costa de Cádiz, han sido los primeros en comunicar el cierre de sus playas, que han simbolizado con banderas rojas, para evitar el aumento de población en plena propagación del coronavirus. El Ayuntamiento de El Puerto ha recomendado el cierre de comercios, negocios de hostelería y de ocio, además de clausurar sus playas y parques, en un intento de frenar el incremento de población procedente de la meseta castellana que había elegido esta ciudad para ...
.