Continúa la ola de demoliciones de viviendas “contra los pobres” en la India

El martes, cientos de residentes de la colonia Indira, junto con representantes de partidos de izquierda en la India, organizaron una protesta contra la demolición anunciada de sus casas frente a la residencia del ministro principal de Delhi.

En este sentido, el portal deshabhimani.com informa que esta es la última protesta de las que han tenido lugar en la capital y en todo el país contra “la agresiva política urbana del gobierno del BJP [partido de Narendra Modi]”.

A pesar de las críticas generalizadas a esta política, el gobierno central, liderado por el BJP, y los estados donde gobierna ese partido han llevado a cabo demoliciones a gran escala, a menudo sin previo aviso o sin alternativas para los residentes, dice el portal, enfatizando que tales demoliciones afectan de manera desproporcionada a los pobres y violan sus derechos constitucionales.

Demoliciones y derecho a la ciudad

En un artículo de opinión que Newsclick publicó este mes, “Política de demoliciones y derecho a la ciudad”, Shirin Akhter y C. Saratchand, profesores de la Universidad de Delhi, abordan esta ola de demoliciones en los últimos meses, un período en el que “las excavadoras se han convertido en una vista común en el paisaje urbano de la India. […] como agentes del proyecto neoliberal”.

En varias partes del país, dicen, “el orden neofascista está imponiendo impunemente un nuevo orden urbano: un orden donde se invoca selectivamente la ‘legalidad’, donde el interés público es una máscara y donde se criminaliza la existencia misma de los trabajadores pobres”.

Los autores no están exentos del apoyo de la prensa al servicio del régimen («Godi Media») por esta ola de demoliciones transformada en espectáculo, ni del carácter profundamente sectario que la caracteriza.

“En varios estados, como Delhi, Gujarat y Uttar Pradesh, los gobiernos estatales liderados por el Partido Bharatiya Janata [BJP] han llevado a cabo campañas de demolición con un vigor sin precedentes, a menudo dirigidas a localidades informales de mayoría musulmana o sitios con importancia cultural y religiosa”, dicen.

Demoliciones, acumulación de capital y gentrificación

Sin embargo, “la alienación geográfica de los musulmanes” no sirve en sí misma como justificación para la “urbanidad neofascista”, en opinión de los dos autores, que ven un ataque más amplio contra los trabajadores, destinado a impulsar la acumulación de capital.

En un subcapítulo titulado “Ciudades sin ciudadanos: política económica del desplazamiento”, subrayan la necesidad de ver las demoliciones más allá del acto físico de la expulsión, para no “ignorar sus implicaciones más profundas”.

A su juicio, se trata de “un instrumento estructural que alimenta la desigualdad y aumenta la precariedad de tres maneras interconectadas”: romper la economía informal inserta en los barrios para enriquecer los monopolios de la distribución digital; ampliar la precariedad y reducir los salarios de los trabajadores desplazados por la fuerza, sin hogar y sin empleo, promoviendo una “carrera hacia el abismo”; gentrificar los espacios “limpios” de los pobres, donde aparecen apartamentos de lujo, barrios cerrados y espacios de oficinas, en un proceso vinculado a la acumulación de capital.

La lucha por el derecho a la ciudad

En este contexto, Akhter y Saratchand destacan la lucha y resistencia popular contra el “orden urbano neofascista”, donde los residentes se están organizando contra los desalojos, realizando manifestaciones y llevando casos a los tribunales, reivindicando su “derecho a la ciudad” y denunciando la falta de advertencias y la ausencia de planes de rehabilitación, así como el hecho de que son objetivos selectivos.

Los autores enfatizan la necesidad de una política alternativa a la impuesta por el actual orden neoliberal y neofascista, en cuyo corazón debe estar la rehabilitación y recalificación de los barrios donde viven los trabajadores y las capas más pobres.

La aplicación de políticas públicas de vivienda tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en particular manteniendo su proximidad a los puestos de trabajo, las escuelas y los hospitales.

El objetivo de las políticas públicas de vivienda y rehabilitación es también “evitar la creación de guetos en las periferias que agraven la marginación”, creando puestos de trabajo y afirmando la vivienda como un derecho.

Para los autores, es esta política alternativa, junto con la resistencia popular, la que podrá enfrentar a una “urbanidad neofascista” que busca correr con los trabajadores a espacios marginales, lejos de las “ciudades gentrificadas para el capital”.

Fuente: Abril Abril.