PP y Vox se juran lealtad en Andalucía: ultiman un acuerdo para renovar la Oficina contra el Fraude y el Defensor del Pueblo Andaluz

PP y Vox han vuelto a jurarse lealtad en el Parlamento de Andalucía. Las dos formaciones (ultra)conservadoras ultiman durante estos días un acuerdo para renovar la presidencia de dos órganos encargados de velar por el buen proceder de las administraciones públicas andaluzas ante posibles prácticas fraudulentas de estas o atropellos ante los derechos y libertades de las y los ciudadanos andaluces: la Oficina contra el Fraude y la Corrupción y el Defensor del Pueblo Andaluz.

La imperiosidad del Partido Popular para permutar la cúpula de estos órganos de reunir los votos favorables de tres tercios de la Cámara autonómica (que no alcanzaba pese a su mayoría absoluta) ha hecho de nuevo que reclame la ayuda de su principal aliado nacional y estatal, que ya ejerció de buen lacayo recientemente para paralizar la investigación de los miles de contratos fraudulentos adjudicados por el Gobierno de Moreno desde el SAS a entidades privadas que operan en lares sanitarios, gracias a la mayoría que ambas formaciones poseen en la Cámara de Cuentas, el órgano que reportó la ilegalidad de esta ingente cifra de contratos.

Este mismo lunes, el PP ha registrado en la sede legislativa de la autonomía andaluza su propuesta para renovar al Defensor del Pueblo Andaluz, en beneficio de la actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, que no cuenta, sin embargo, con el respaldo de ninguna de las fuerzas progresistas del Parlamento de Andalucía, según ha desvelado elDiario.es. Hasta la fecha, el cargo era regentado de forma interina por el gaditano Jesús Maeztu, cuyo mandato caducó en septiembre de este pasado 2024.

Por su parte, el Grupo Popular autonómico ha propuesto al cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano, magistrado y hasta la fecha presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, para que sea nombrado como nuevo máximo responsable de la Oficina Antifraude, tras diez años al frente de la institución judicial califa, y en sustitución del que fuera el último máximo dirigente permanente de este órgano autonómico, Ricard Puyol Sánchez, que dimitió en junio del pasado curso y que estaba siendo sustituido provisionalmente por la directora adjunta de la Oficina, la letrada de la Junta, Marta Blázquez.

Las “izquierdas” han solicitado la paralización de ambas renovaciones por falta de consenso en una representación mucho más amplia del hemiciclo andaluz, reclamándole al presidente de la comunidad, Juanma Moreno, y a su grupo que «dialoguen» en virtud de ambas elecciones.

Fuente: Espacio Andaluz.