Denuncian que los Presupuestos de la Junta van a desviar miles de millones de dinero público de los trabajadores andaluces a la burguesía

Mañana se inicia en el Parlamento el debate sobre los Presupuestos de la Junta para 2025 que ha preparado el gobierno de Moreno Bonilla. Unos presupuestos con un monto total de 48.836,20 millones de euros, un 4,4% más que el año 2024, pero que según Nación Andaluza “van en la misma dirección que los anteriores, por lo que no podemos esperar que los resultados conseguidos sean distintos”.

En este sentido la formación de izquierda independentista señala en una nota de prensa:

1º “Estos presupuestos consolidan el aumento salarial desorbitado del que han disfrutado los 269 altos cargos de la Junta en general, una media un 15%, y el presidente de la Junta en particular un 18,8% desde Enero de 2024. Dicho aumento se redondeó en verano con un aumento igual para todos ellos del 1,8% con efectos retroactivos desde enero del 2024.

2º El Servicio Andaluz de Salud con 15.247 millones € representa casi la tercera parte del Presupuesto de la Junta. Un importe que debería servir para acabar con la lista de espera de algo más de 200.000 andaluces pendientes de una intervención quirúrgica o los miles que esperan una prueba diagnóstica. Sin embargo, el aumento presupuestario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se va prácticamente entero a financiar a la empresa privada aunque, paradójicamente, la Consejería asumen que van a pagar más dinero por menos procesos asistenciales, lo que demuestra “la mala gestión” que hacen del dinero público. La realidad hasta la fecha es que hay contratos fraccionados «en fraude de ley» según la Intervención de la Junta que podrían ascender a mas de 1.100 millones € y que en el año 2023 se pagaron a la sanidad privada 734 millones de euros oficialmente para reducir las listas de espera, sin conseguirlo.

3º La partida de educación también sube; pero esa alza se ve reflejada en el dinero que Moreno Bonilla da a la educación privada concertada, de índole católica mayoritariamente en Andalucía. En los niveles de enseñanza primaria e infantil, la partida sube un 4,65 % pero es la concertada la que percibe un aumento del 7,98 % referente al año 2024. Los niveles en secundaria y Bachillerato siguen este modelo: sube la ESO concertada casi un 10 % y el Bachillerato un 13 %. Es un presupuesto que se queda muy corto con la educación especial y el alumnado con necesidades específicas cuyas partidas están supeditadas a fondos europeos que van llegando a lo largo del año, quedando incompletas las necesidades formativas del alumnado y los recursos, mientras la Junta no habilita partidas propias. 

4º Estos presupuestos se formulan renunciando a la condonación de parte de la “deuda” de la Junta con el Estado (“deuda” que no recoge el expolio de Madrid sobre nuestro país, sino que obedece a la contabilidad de la oligarquía explotadora en la que el pueblo siempre debe). Moreno Bonilla renuncia a esta porque es resultado de la negociación entre PSOE y ERC y porque significaría entrar “en una negociación bilateral” para, acto seguido, reclamar 17.800 millones € al Estado. Así Moreno Bonilla se contradice y termina supeditando los intereses inmediatos del Pueblo Andaluz a la linea política del Partido Popular dejando en la cuerda floja más de un tercio del presupuesto anual de la Junta.

5º Estos presupuestos consolidan las cinco rebajas fiscales que han beneficiado sobre todo a la burguesía entre los años 2019 al 2023. Unas rebajas fiscales que han representado una pérdida de ingresos de 899 millones de euros para las arcas públicas.

6ª En estos presupuestos la inversión publica que debe destinarse a la creación y redistribución de riqueza se congela pasando de 5.803 a 5.804 millones €.

7º Estos presupuestos establecen -en el capítulo de ingresos de los fondos Next Generation– que el porcentaje de ejecución de los mismos ha sido hasta septiembre de este año del 47%. O sea que ni siquiera para la mera gestión del modelo neoliberal euro-español sirven los políticos andaluces a sueldo de la oligarquía, ya que este porcentaje es un 10% por debajo de la media de las comunidades autónomas”. 

Manifiestan su rechazo a estos Presupuestos “que solo servirán lo que han servido los anteriores: ir deteriorando y/o precarizando nuestras vidas apuntalando la hegemonía del Capital” y proponen unos presupuestos que, entre otras medidas contemplen:

a) “Una Hacienda Nacional Andaluza con capacidad de recaudación y administración de impuestos que eviten que nuestros impuestos se vayan a Madrid antes de volver -parcialmente- a la Junta. En las condiciones actuales estos o cualquier otros presupuestos constituyen unas cuentas que hace un gobierno delegado de Madrid en Andalucía. Es la primera medida que cualquier gobierno andaluz ha de implementar en coherencia con nuestro carácter nacional que ya desarrollaba el título VIII de la Constitución Andaluza de 1883.

b) Unas educación, sanidad y atención a la dependencia de titularidad, provisión y gestión 100% publicas. Unos Presupuestos que dejen de transferir dinero público al sector privado, que terminen con las listas de espera en Sanidad y Dependencia. Plan de choque para la construcción de residencias y centros de día de titularidad, gestión y provisión públicas para personas mayores y con diversidad funcional.

c) Unos presupuestos donde se invierta en construir vivienda pública en lugar de los miserables 800 millones que se destinan a apoyar la compra o alquiler de vivienda privada por parte de jóvenes. Que establezcan la expropiación forzosa de los pisos vacíos de los bancos y fondos buitres por interés general, el uso de solares de grandes propietarios para edificar VPO, la expropiación de viviendas de uso vacacional para destinarlas al parque público de viviendas,  el establecimiento de precios máximos de alquiler y venta de viviendas, fincas y locales comerciales en función de demarcación y zona.

d) Un decreto de Reforma Agraria de fincas de más de 120 hectáreas, el fin de la privatización de las tierras de titularidad pública a través de subastas, la cesión de las tierras propiedad de la Junta para su explotación a cooperativas de trabajadoras y la aplicación del Impuesto de Tierras Infrautilizadas (aprobado en la Ley de Reforma Agraria 3/1984 y nunca puesto en práctica).

e) El diseño y planificación de un proceso de industrialización acorde con las necesidades del Pueblo Trabajador Andaluz, utilizando los recursos derivados del ejercicio de nuestra soberanía fiscal y las devoluciones a partir de un Concierto Económico con el Estado español.

f) La creación de una Banca Publica Andaluza, que promueva el desarrollo y la autosuficiencia de Andalucía y evite el despilfarro de 828 millones € de los presupuestos en pago de intereses a la banca privada y la nacionalización de la Banca andaluza de carácter privado.

g) La derogación de la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones aprobada en 2019 y la derogación de la rebaja del tramo autonómico del IRPF para rentas más altas en 2021 y 2022, manteniéndolo para las mas bajas. Tácticamente y de manera transitoria, compartimos la reclamación de 1.500 millones de euros adicionales cada año de la Junta al Estado español y exigimos que se consiga el máximo de condonación de deuda con el Estado”.