Alcalá de Guadaíra: El Ayuntamiento aprueba la modificación del PGOU que impide a Porland continuar contaminando

El Ayuntamiento de la población sevillana de Alcalá de Guadaíra (PSOE), ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario el documento definitivo de una modificación puntual de su planeamiento urbano, que establece una “distancia mínima” de dos kilómetros entre las actividades industriales que “utilicen residuos como combustible alternativo” y las “zonas de suelo urbano o urbanizable”.

En la sesión plenaria también se ha procedido a la modificación del artículo 310, y otros, de las normas urbanísticas con la que se establecen las condiciones para la implantación en el término municipal de instalaciones que quieran emplear la valorización energética de residuos como combustible en la fabricación de sus productos.

Todo ello conlleva en la práctica la imposibilidad para que la fábrica que la mutinnacional cementera Portland Valderrivas posee junto a Alcalá de Guadaíra pueda continuar con la quema de resisduos tóxicos en dicha planta industrial.

Los votos a favor de los grupos Alcalá Puede (Podemos), Izquierda Unida, Partido Andalucista y PSOE han supuesto obtener la mayoría que permitirá modificar unas normas con las que, según el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se consigue aportar seguridad jurídica y establecer unas reglas claras para la implantación de nuevas actividades que consistan en la utilización de residuos como combustibles alternativos. De esta forma se hace compatible el desarrollo de nuevas técnicas industriales en el territorio con la calidad de vida, el bienestar de los vecinos y vecinas de Alcalá, así como con otras actividades económicas de base comercial.

Esta modificación puntual del planeamiento urbano de Alcalá arrancó en 2015 y, en la práctica, bloquea la iniciativa promovida por la planta cementera de Portland Valderrivas, enclavada en Alcalá, al pie de la autovía A-92, para incinerar derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible. La empresa, en ese sentido, anunciaba hace meses posibles acciones legales contra la operación, toda vez que la asociación ecologista Alwadi-ira, de su lado, ha impugnado por la vía Contencioso Administrativa el acuerdo de la Junta de Andalucía gracias al cual se modifica la autorización ambiental unificada (AAI) de la empresa cementera, precisamente para permitir a la compañía la incineración de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

El expediente de modificación expone que el 20 de junio de 2014, el pleno acordó ya “formular una modificación puntual del PGOU, al objeto de regular la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo”, aprobando entonces “la suspensión por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo”.

La normativa ya aprobada definitivamente, en cualquier caso, regula “las condiciones de compatibilidad aplicables al uso industrial, referidas a las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo y la determinación de distancias mínimas respecto de zonas de suelo urbano o urbanizable, de uso global residencial”. “Se propone la modificación del artículo 310, que señala los requisitos que deben cumplir determinadas actividades industriales para que puedan ser consideradas compatibles con otros usos, introduciendo un nuevo apartado que establezca que las actividades de valorización energética de residuos.

Se recuerda que en octubre de 2015, el PSOE, Alcalá Puede, Izquierda Unida-Alternativa Alcalareña y Partido Andalucista ya votaron a favor de una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que, en la práctica, se traducía en la imposibilidad de la cementera de incinerar residuos, por su proximidad a los núcleos poblaciones. Sólo PP y Ciudadanos votaron en contra.

Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta contará con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. “Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas”, dicen los ecologistas, que avisan de “emisiones a la atmósfera”, con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

Po su parte, la dirección de la cementera Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra persiste su política de amedrentar insinuando cierres y despidos. En una nota de prensa ha advertido de que tras la aprobación definitiva de la modificación del PGOU en el pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Alcalá “se pone en serio riesgo la competitividad de la cementera”, por lo que la empresa lamenta que, una vez más, que con esta decisión se “paralice” su proyecto de valorización energética de residuos, ante lo que ha anunciado que “ahora serán los servicios jurídicos de la compañía los que analicen qué acciones legales emprenderán al respecto”. La empresa asegura encontrarse en una situación de “desamparo”, ya que este bloqueo supondrá “un grave perjuicio para la fábrica y tendrá una repercusión negativa en términos de empleo y competitividad”.

(Fuentes: Sevilla Actualidad / Guadaíra Información /Diario de Sevilla /Sevilla Directo)

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Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Es administrativo en el Ayuntamiento hispalense. Autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).
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Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Es administrativo en el Ayuntamiento hispalense. Autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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