El TEDH pregunta al Estado español sobre el valor de la soberanía del Parlamento catalán

por Samuel Axarquía · 17/07/2023

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha formulado varias preguntas al Estado español para aclarar el papel del Parlamento de Cataluña dentro del sistema constitucional. Lo ha hecho a raíz de tres demandas presentadas por Junts por coacciones a la acción parlamentaria y a la soberanía de los diputados y de la institución.

Precisamente, una de las tres cuestiones formuladas es la clave y casi el argumento más importante aportado por las defensas de los diputados independentistas catalanes. Así, preguntan si «según el sistema constitucional español, si una resolución aprobada por un Parlamento autonómico, como el de Cataluña, se puede considerar como un acto de los parlamentarios a título individual o como un acto del mismo Parlamento?». Es decir, si en un conflicto entre instituciones se violan los derechos políticos de los parlamentarios al privarlos de la iniciativa política, la libertad de expresión y de reunión. Y, en todo caso, si una resolución que aprueba una institución puede ser castigada por quien la tramitó como miembros de la Mesa del Parlamento que admitió las resoluciones.

Coacciones del Tribunal Constitucional

Las demandas ante la justicia europea se fundamentaban en la queja que cada vez que la Mesa tramitaba una resolución política para el debate sobre “la actuación del rey de España, sobre la forma monárquica del Estado o sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña” se emitía una amenaza del Estado. Unos avisos que topaban con la doctrina del Tribunal como por ejemplo la jurisprudencia del caso Stern Taulats y Roura Capellera, que entendió que los motivos del debate eran “de interés público”. Así, las demandas insistían en el hecho de que las prohibiciones del Tribunal Constitucional acompañadas de “la amenaza de acciones penales”, las instrucciones a la Fiscalía General del Estado y los procedimientos instados por el gobierno español al Tribunal Constitucional para comenzar procedimientos penales se pueden definir como una “persistente coacción por parte del Tribunal Constitucional”.

Por otro lado, el Tribunal también formula preguntas sobre el derecho a un proceso equitativo. En esta línea, solicita al Estado español que explique si se ha vulnerado el artículo 6 de Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un artículo que delimita la descripción y los elementos que tienen que tener un juicio o un proceso equitativo, en pro de la tutela judicial efectiva. La duda del Tribunal es si este procedimiento instado por el Tribunal Constitucional contra el Parlamento o contra sus integrantes utiliza una «brevedad de los plazos para recorrer contra las resoluciones de ejecución y la carencia de recursos en segunda instancia. Una pregunta que indica que el TEDH no acaba de ver claro que un Tribunal Constitucional inste un procedimiento penal contra integrantes de una cámara legislativa.

Fuente: El Mon.