“Justicia española”: La fiscalía archiva las denuncias contra el obispo de Córdoba
La Fiscalía ha archivado las dos denuncias presentadas contra el Obispo de Córdoba , Demetrio Fernández, por sus declaraciones homófobas. Según fuentes de la fiscalía, se ha decidido dicho archivo “por ser excesivamente genéricas” las denuncias, aplicando en ambos casos la doctrina de “proscripción de causas penales generales”, que indica el que para iniciar una causa penal se debe fundamentar «en un hecho concreto y no ser una denuncia genérica”.
“Para iniciar actuaciones tenemos que tener unos indicios claros y una individualización del hecho, y necesitamos algo más que frases sueltas”, expusieron ayer dichas fuentes a los medios para justificar la decisión adoptada por el ministerio público.
La ideología de género “es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”, declaró Fernández al portal Infovaticana. Con estas palabras se sumaba a la nota crítica con la Ley contra la LGTBIfobia del Gobierno de Madrid, firmada por los obispos de Getafe y Alcalá de Henares.
Además declaró que el escrito de sus homólogos de Getafe y Alcalá de Henares reflejaba la opinión que “compartimos todos los obispos”, algo que no fue desmentido oficialmente por la Conferencia Episcopal Española, órgano eclesiástisco que los agrupa.
La primera denuncia por la que se abrieron diligencias de investigación la presentó un particular, Rafael Bueno Redondo, después de que el obispo realizara dichas manifestaciones. Este ciudadano cordobés decidió llevar a Fernández ante la Fiscalía por sus “frecuentes declaraciones homófobas” y “vergonzantes”.
Posteriormente, el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado presentó un escrito ante la Fiscalía en el que pedía que se investigara al obispo por “la constante falta de respeto del obispo de Córdoba al colectivo LGBT, a través de sus declaraciones públicas”, así como si suponían “un posible caso de discurso de incitación al odio”. La solicitud contaba con el respaldo de unas 2.000 firmas a través de la plataforma change.org.
En su solicitud, Hurtado señala que “la libertad de expresión tiene un límite y es el derecho al honor y a la dignidad de las personas”, de modo que considera que “las manifestaciones del obispo superan este límite, faltando al honor y al respeto de muchas personas”.
Tras conocer la decisión de la fiscalía, Hurtado ha manifestado que la misma “se podía prever” puesto que “es una evidencia más de que todavía no hay sensibilidad suficiente con relación a la violencia, la falta de respeto y las ofensas dirigidas al colectivo LGTB”. Lamentó que la fiscalía “no haya estado por la labor de una investigación más exhaustiva”, y que “lo más fácil era archivarla”.
Según la última reforma del Código Penal, el delito de incitación al odio y a la violencia prevé penas de hasta cuatro años de cárcel a quienes “distribuyan, difundan o vendan escritos” que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia.
Estas no han sido estas las únicas declaraciones reaccionarias del obispo, que cuenta con un largo historial de manifestaciones anacrónicas. Con anterioridad calificó en una carta episcopal como “aquelarre químico de laboratorio” a la fecundación artificial. En otra ocasión afirmó que la UNESCO tenía un plan para “hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual”.
(Fuentes: diario Córdoba / El Día de Córdoba / Córdoba Hoy / Cordópolis)
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