Se cumplen dos años de la tragedia del Tarajal (videos)
Ayer sábado se cumplió el segundo aniversario de la denominada “tragedia de la playa del Tarajal”, en Ceuta, cuando un grupo de inmigrantes intentó alcanzar territorio estatal español a nado y fue repelido violentamente por miembros de la Guardia Civil. El balance fueron 14 muertes y una desaparición.
Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Red Acoge expresan su preocupación por la falta de rendición de cuentas y la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico incidente.
Las autoridades responsables deben adoptar medidas urgentes para garantizar la verdad, justicia y reparación a los familiares de las víctimas y evitar que estos hechos tan graves se vuelvan a repetir y queden impunes ante la justicia.
Dos años después, no se ha producido una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La única investigación celebrada hasta la fecha ha dependido del impulso de varias organizaciones sociales, que presentaron una denuncia para que se esclarecieran los hechos. El pasado mes de octubre, el juzgado de instrucción nº6 de Ceuta dictó un auto que ordenaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes, considerando que las “devoluciones en caliente” a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil. Prueba de ello había sido la modificación de la Ley de Extranjería. Actualmente, está recurrido ante la Audiencia Provincial, y pendiente de resolución judicial.
Es importante señalar que la juez de instrucción no recabó información esencial sobre el caso, incluidas las identidades de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, cuando varias organizaciones no gubernamentales emprendieron la causa judicial sobre su inacción. Tampoco se ha tenido en cuenta el informe pericial presentado por las ONG que afirmaba que las autopsias realizadas a los cinco cadáveres recuperados en España presentaban defectos tales como la ausencia de pruebas toxicológicas.
Por otro lado, varios organismos internacionales, entre otros, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado a España que revise la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (entró en vigor en julio pasado) que pretende dar “cobertura legal” a las devoluciones sumarias prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. En cualquier caso, los hechos denunciados sucedieron con anterioridad a la reforma de la Ley.
Hasta la fecha, el Ministerio del Interior se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad ante los hechos. Este episodio se une a otros incidentes denunciados por diversas organizaciones no gubernamentales ocurridos en la frontera entre las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos, en las que no sólo se han producido expulsiones sumarias e ilegales, violando por lo tanto estándares de normativa internacional de los derechos humanos y de la Unión Europea, sino también uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes.
Además, las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas. Las familias no solo reclaman verdad, justicia, y reparación, sino que además exigen que todos los cadáveres sean identificados.
La tragedia de la playa del Tarajal es un ejemplo más de las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur española. El pasado día 21 de noviembre las autoridades españolas practicaron cerca de un centenar de devoluciones sumarias en la valla de Melilla, lo que viola el derecho a tutela judicial efectiva y a solicitar asilo. La falta real de posibilidades de acceder de manera segura a la frontera española para poder solicitar protección internacional para personas de origen subsahariano obliga a éstas a intentar saltos muy peligrosos, donde además de enfrentarse al uso excesivo de la fuerza, se arriesgan a caídas desde gran altura; este fue el caso de un joven subsahariano que tras caerse de la valla el pasado 21 de noviembre sufrió lesiones muy graves y que le han dejado graves secuelas.
Información adicional
El 6 de febrero de 2014, alrededor de 200 personas inmigrantes intentaron entrar en Ceuta. Aproximadamente 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa del Tarajal, e intentaron cruzar a nado. Al menos 14 murieron ahogadas, una desapareció, y 23 fueron devueltas a las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal. Mientras estas personas se encontraban en el agua, agentes de la Guardia Civil intentaron evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios, como pelotas de goma, salvas detonadoras, y botes de humo. Las autoridades españolas reconocieron haber usado el “material antidisturbio” para impedir que estas personas entrasen en España.
* A este comunicado se han adherido las siguientes organizaciones:
Asociación APOYO, Asociación ARRIMENSE, Asociación SIN PAPELES, Coordinadora de Barrios, Pueblos Unidos, Red Inter Lavapiés, Red Solidaria de Acogida, San Carlos Borromeo, Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos, Associació Catalana per a la Defensa del Drets Humans, Comissió de Defensa del Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Colectivo Agar, Senda de Cuidado, Territorio Doméstico, Grupo de Acción Comunitaria (GAC) y Sección de Derechos Humanos de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.
(Fuente: La Tercera Información)
Estreno de documental sobre los hechos de El Tarajal
El documental Tarajal: la impunidad de la frontera sur, realizado por el Observatorio DESC y los productores de Ciutat Morta, también aprovecha la fecha para estrenarse en Barcelona y contradecir la versión oficial de lo sucedido a ojos de la ciudadanía. “Buscamos que la gente reaccione, que tome conciencia de que se producen este tipo de vulneraciones de los derechos humanos. Que tomen medidas frente a la evidencia de que a nivel legal y judicial no pueden esperar mucho más”, explicaba ayer Xavier Artigas de Metromuster a Público, después de la presentación del documental.
Artigas se refiere al cierre provisional de la causa penal que fue interpuesta por varias entidades sociales, entre ellas el propio Observatorio DESC, para exigir la depuración de responsabilidades. El pasado 15 de octubre de 2015 la titular del juzgado número 6 de Ceuta encargada del caso, María del Carmen Serván, ordenó el archivo provisional de la causa contra los 16 miembros de la Guardia Civil imputados. En la resolución absolutoria se considera que “los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar” y se legitima el uso de material antidisturbios para “proteger la frontera española”.
El jurista del Observatorio DESC e impulsor del documental, Marc Serra, contaba a Público: “Cuando presentamos la acusación popular, si bien éramos conscientes de que contábamos con pruebas objetivas, también sabíamos que sería difícil denunciar a la Guardia Civil y al Ministerio del Interior. Por ello nos planteamos hacer este documental, para que la ciudadanía se convierta en un elemento de presión durante el proceso judicial”. Y añade: “Nos encontramos con muchas dificultades en el desarrollo del proceso judicial. Interior ha condicionado la acción de la fiscalía y del propio juzgado presentando hasta 10 versiones diferentes de lo ocurrido, siempre en defensa de los agentes. Todo esto ha imposibilitado una investigación a fondo de lo que ocurrió”. Sobre el curso de la causa, Serra ha informado que han presentado un recurso de reforma en el juzgado de Ceuta y que si éste se desestima será apelado frente a la Audiencia de Cádiz.
Para el jurista, el documental ha corroborado una evidencia: “la verdad la tienen las personas migrantes”. Los testimonios directos de los hechos, tantos los propios sobrevivientes como los vecinos de Ceuta que los observaron, coinciden en apoyar la versión de las ONG. Como reconoce Serra, “los testigos contradecían la versión oficial delante de las cámaras, pero ha sido muy difícil que se personificaran en la causa judicial. Hay que recordar que el 40% de los habitantes de Ceuta son funcionarios del Estado, muchos vinculados a los cuerpos de seguridad”.
Uno de los propósitos del documental es, según cuenta Serra, “la necesidad de que haya un cambio en las políticas de control migratorio de la UE”. “El archivo de la causa establece un precedente muy peligroso porque transmite un mensaje de impunidad al resto de países europeos. La gestión del control de las fronteras en el sur de Europa es responsable de estas muertes y de todas las que se están produciendo diariamente en el Mar Mediterráneo”, ha enfatizado.
Xavier Artigas ha destacado que lo importante del proyecto es mostrar cómo se vulneran los derechos humanos en España y preguntarse “qué legitima la protección de nuestras fronteras”.
(Fuente: Público)
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