La triada del Régimen (gobierno, patronal y sindicatos amaestrados) firman la reforma de las pensiones

El presidente del Gobierno español más progresista de la historia, Pedro Sánchez, ha firmado este jueves con patronal y los sindicatos afines CC.OO y UGT, en los jardines del Palacio de la Moncloa el acuerdo del primer paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones.

Junto a Sánchez, han sellado el acuerdo «para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y reforzar la sostenibilidad del sistema público» el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el de CCOO, Unai Sordo, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente de Cepyme, Santiago Aparicio. Entre  las joyas se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.

Volvemos a la máxima de si el acuerdo beneficia a los patronos o a los trabajadores. A ambos a la vez, es imposible y viendo la alegría de los empresarios y el curriculum de CC.OO y UGT, no hay mucho más que decir.

CGT

CGT acusa al Gobierno de hacer leyes para continuar desmantelando, de forma progresiva, el Sistema Público de Pensiones.

CGT llama a la movilización para frenar las reformas contra pensionistas y trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado, tras conocerse finalmente el acuerdo al que han llegado el Gobierno de PSOE-UP con los “agentes sociales” CEOE, CC.OO. y UGT sobre el Sistema Público de Pensiones (SPP), en el que acusa a todos los Gobiernos de legislar contra la gran mayoría social que se verá afectada por este nuevo pacto que atenta contra los derechos fundamentales de miles de personas pensionistas actuales y futuras.

La organización anarcosindicalista analiza los puntos más negativos de este acuerdo. En este sentido, el mismo supondrá un nuevo recorte que aumentará los coeficientes penalizadores a quienes decidan optar por la jubilación anticipada voluntaria. También se incentiva la jubilación demorada, se busca favorecer la permanencia en el trabajo con la jubilación activa, -compatibilizando jubilación y trabajo-, en un país donde la tasa de paro juvenil es de las más altas, se revaloriza el IPC y se crea un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional para que el importe de la pensión se calcule en función de la esperanza de vida de las personas. Por otra parte, este pacto de la vergüenza también contempla la regularización de los planes de empleo a través de la negociación colectiva, que irá acompañado de “comisiones” para las grandes entidades gestoras y los sindicatos del “diálogo social”.

Para los anarcosindicalistas todas estas “nuevas medidas” se resumen en nueva alianza para continuar retrasando la edad de jubilación, bajando los salarios, recortando las cotizaciones empresariales, ampliando o endureciendo los requisitos para acceder a una pensión digna, congelando las pensiones o permitiendo que los ricos no coticen por todo lo que ingresan.  Es por ello que desde la CGT ha realizado un llamamiento a toda la sociedad en este mismo comunicado, para retomar la calle y participar en cuantas movilizaciones y acciones se convoquen en defensa del SPP en las próximas semanas y meses, e incide en que solo la protesta organizada desde la calle logrará echar abajo las reformas contra la clase trabajadora. CGT recuerda que es el momento de exigir un reparto justo del trabajo, la jubilación a los 60 años, una pensión mínima de 1.084 euros para todas las personas y el sostenimiento del SPP a través de los Presupuestos Generales del Estado.

CIG (Galicia)

La CIG lideró hoy la primera respuesta en las calles contra la reforma de las pensiones que acaban de acordar el Gobierno español, los sindicatos estatales y las organizaciones empresariales y que conducirá a un empobrecimiento generalizado de las cantidades. El Colectivo de Jubilados y Pensionados del sindicato realizó movilizaciones en las siete ciudades en defensa del sistema público y para reclamar beneficios dignos.

La CIG ha mostrado así su rechazo tanto a las formas como al fondo de un convenio que no fortalece el sistema público y mantiene la ampliación de la edad de jubilación y el período de cálculo, así como la abolición en la práctica de la modalidad de jubilación parcial.

Esta es la primera parte de una negociación que continuará en los próximos meses y que anticipa una nueva reducción de los derechos en base a los requisitos de la UE para acceder a los fondos de reconstrucción de la Próxima Generación. De hecho, aunque se elimine el llamado factor de sostenibilidad, antes de que finalice el 2021 habrá una nueva fórmula (denominada factor de equidad intergeneracional) que busca tener efectos similares, llevando a un nuevo recorte en las pensiones para generaciones de los tan -llamado baby boom.

El sindicato considera que la reforma pactada «es insuficiente e incluso regresiva» porque mantendrá vigente en su totalidad la «reforma brutal» de 2011 que ha provocado una caída significativa en los montos de las pensiones (alrededor del 25%), ya que supuso una Ampliación progresiva de la edad de jubilación a 67 años y el período de cálculo (que pasó de 15 a 25 años) y suprimido en la práctica la jubilación parcial, como se señaló durante las protestas.

Igual al salario mínimo

También se informó que esta nueva enmienda no garantiza el poder adquisitivo de los beneficios, «ya que debe establecerse por ley que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional, y este debe ser el 60% del salario medio, según la Carta Social Europea, revalorizable con el IPC real ”.

Las marchas de hoy se enmarcan en la intensa campaña de movilización que está desarrollando el sindicato a través del Colectivo de Jubilados y Pensionados en demanda de pensiones dignas y garantizadas y para reclamar también la creación de un servicio público gallego para las personas, el aumento de los presupuestos de atención a las personas dependientes y aumento de plazas públicas en residencias y centros de día.

LAB (País Vasco)

En opinión de LAB, las medidas acordadas en Madrid a través del Díalogo Social no son las medidas reivindicadas por las y los trabajadores vascos y el movimiento de pensionistas en los últimos años. La necesidad de dar una respuesta en las calles es cada vez mayor.

Este lunes, cuando nuevamente miles de pensionistas se movilizacn en las calles, hemos recibido desde Madrid la noticia sobre las nuevas medidas sobre el sistema de pensiones. Aunque se vayan a recoger en un proyecto de ley y vayan a trabajarse en el parlamento español, han dado a concer algunas medidas concretas que han sido valoradas de forma positiva por parte la patronal, el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT. A falta de conocer las concreciones del acuerdo, esta es la valoración de urgencia del sindicato LAB.

Los recortes que estableció la reforma de pensiones de 2011 se mantienen. Con la Huelga General convocada por la mayoría sindical y social de Euskal Herria expresamos de forma clara la actitud contraria a dicha reforma. En la Huelga de 2019, junto con otras medidas, también recogimos la reivindicación de un sistema de pensiones público y digno.

Este nuevo consenso no garantiza ni el sistema de pensiones público ni las pensiones dignas. Vincular las pensiones al IPC es, sin lugar a dudas, una medida justa, pero es preocupante señalar que se va a dejar a un lado el factor de sostenibilidad y seguidamente, hablar de la necesidad de otro indicador apelando a la solidaridad entre generaciones. En LAB creemos que, cambiando de denominación, la voluntad de profundizar en la misma dirección es manifiesta. Para garantizar pensiones dignas, hay que acabar con los salarios precarios, levantar los topes de cotización, dejar a un lado la apuesta por los sistemas de complemento de pensiones y garantizar que la financiación será suficiente.

Por otro lado, han anunciado incentivos para dificultar la jubilación y alargar la edad de la misma. Esta medida es, claramente, contraria a las y los trabajadores. Lo que necesitamos es adelantar la edad de jubilación y facilitar el acceso al empleo de la juventud. La prioridad debe ser repartir el trabajo y garantizar la vida digna y las medidas adoptadas deberían seguir ese camino. Por eso, LAB reivindica la jubilación a los 60 años.

No nos podemos quedar mirando a lo que venga de Madrid. Las y los trabajadores vascos no esperamos soluciones desde Madrid. Es totalmente necesario, aquí y ahora, llenar de contenido el proyecto de seguridad social propia y luchar por él. Lo que necesitamos es un sistema de pensiones propio. En opinión de LAB, es la única posibilidad para garantizar pensiones públicas, universales y dignas y por ello hemos recogido en nuestro Programa Socieconómico la propuesta de ley para la Seguridad Social. Es momento de construir acuerdos y seguir haciendo camino.

El 29 de mayo, junto con los y las pensionistas de Hego Euskal Herria y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria reivindcamos una sistema público y digno de pentsiones. Entre otros aspectos, reivindicamos abandonar las reformas laborales y de pensiones, una pensión mínima de 1.080 euros y mediads para superar la brecha sexual.

En esta dirección y tal y como dijimos el Primero de Mayo, en opinión del sindicato LAB, la no derogación de la reforma laboral y las reformas de pensiones plagadas de recortes y anunciadas con cuentagotas son razón suficiente para dar una respuesta colectiva, general y fuerte.

Fuente: Insurgente.