Granada: Abren nueva causa contra Torres Hurtado e Isabel Nieto por prevaricación

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha abierto una nueva investigación contra el ex alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), que dimitió por su supuesta implicación en una trama de corrupción, y contra la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Fuentes judiciales han detallado que el juzgado instructor investigará los pormenores de la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble del Albaicín del siglo XVI sobre el que el Ayuntamiento firmó un contrato con la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) para su uso y posible compra.

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha abierto la investigación, que ha adelantado hoy el periódico Ideal de Granada, tras la denuncia “bien fundamentada” presentada por la Fiscalía de Granada por los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Esta causa se suma a la conocida como Operación Nazarí, aún bajo secreto de sumario, que investiga una posible trama de corrupción y que supuso el arresto de Torres Hurtado y la también investigada Isabel Nieto, junto a funcionarios de Urbanismo y empresarios del sector de la construcción. La Fiscalía provincial ha actuado después de que la Fiscalía Superior de Andalucía ordenara la apertura de diligencias de investigación.

El juez instructor decidirá la próxima semana si ordena que se acometan las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, han apuntado fuentes judiciales. La operación para adjudicar la Casa Ágreda a AIDE, una ONG de Marruecos, se aprobó en la junta de gobierno local del 12 de septiembre de 2014, en la que el entonces gobierno del PP certificó la operación, que se consideró una venta “en diferido” porque se pagaba el uso del terreno y se ofrecía la posibilidad de comprar el inmueble una década después.

La investigación también afecta a varios funcionarios municipales, algunos también imputados en el caso de la ‘Operación Nazarí’, del que se encarga el Juzgado de Instrucción 2, y podría incluir, según el rotativo granadino, a los miembros de la junta de gobierno local que el 12 de septiembre de 2014 dieron su visto bueno a la operación de adjudicación, considerada una venta ‘en diferido’.

Precisamente una de las primeras medidas que adoptó el alcalde socialista Francisco Cuenca cuando llegó al gobierno del Ayuntamiento fue la resolución del contrato por el que se adjudicó el uso de la Casa Ágreda a la AIDE, al considerar que esta operación suponía “malvender” este bien patrimonial.

La medida fue anunciada por el propio alcalde, que explicó que la resolución se producía debido además al “incumplimiento” que esta ONG ha hecho de una de las cláusulas del contrato, concretamente la presentación del proyecto de rehabilitación que debía acometer en este inmueble catalogado en un plazo de seis meses. La ONG se había comprometido a costear las obras de rehabilitación del edificio y el contrato que anuló después el nuevo equipo de Gobierno incluía el pago de 260.000 euros por el derecho de uso del inmueble durante cuarenta años.

Informes de la Unesco y de la delegación de Cultura de la Junta advertían en el año 2008, cuando se registró el primer intento de venta, que un uso hotelero, residencial “o distinto al de equipamiento público dañaría patrimonialmente al Albaicín y a este bien cultural”.

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La Casa Agreda ha vuelto a la gestión municipal, tras el relevo en la alcaldía, en mayo pasado. El ahora alcalde, Francisco Cuenca, decidió rescatar la adjudicación al haber incumplido la adjudicataria una de las condiciones del contrato, relativa a la rehabilitación del edificio, para lo que tenían que presentar un proyecto en un plazo de seis meses.

La oposición municipal, primero ejercida primero por PSOE, IU y UPyD y, después, tras las últimas elecciones municipales, por PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos, consideró que con la adjudicación del palacete “se malvendía” el edificio, “una venta en diferido” que finalmente ha llegado a los tribunales. Con la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP, tras las elecciones de 2015, la oposición en bloque llevó a Pleno una moción que fue aprobada por mayoría absoluta, incluidos los votos de C’s -que en aquel momento apoyaba al gobierno en minoría de los populares- para la “paralización inmediata” del expediente de cesión de la Casa Agreda.

Frente a esta moción, Torres Hurtado lamentaba que los grupos políticos “desinformen y creen alarma entre los ciudadanos”. El entonces alcalde aseguraba que se informó a través del Gobierno central de la legitimidad de la ONG adjudicataria que lo que quiere es instalar su sede en España en la Casa Agreda.

La Consejería de Cultura impulsó la declaración de la Casa Agreda como bien de catalogación general, paso previo a integrarla en los BIC de Andalucía, tras una iniciativa de IU, que planteó en repetidas ocasiones la cesión del inmueble para uso cultural y de estudios por parte de la asociación de vecinos del Bajo Albaicín. La casa toma su nombre de la familia de Diego de Agreda, regidor de la ciudad en la época y caballero de la Orden de Santiago.

(Fuentes: Granada digital / Granada Hoy / Ideal / El Mundo – Andalucía / Andalucía Información)

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Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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