El Tribunal Constitucional español suspende la resolución del Proceso Constituyente unilateral en Cataluña
El presidente del Tribunal Constitucional español, Francisco Pérez de los Cobos, ha decidido aplazar en septiembre la decisión sobre posibles sanciones contra Carmen Forcadell y la mesa del parlamento y se ha limitado a suspender la resolución aprobada por la cámara sobre las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. Los once magistrados del tribunal se han reunido de urgencia este mediodía durante una hora y media y han decidido iniciar los trámites para dirimir si se derivan faltas o delitos de la actuación de la presidenta de la cámara o de la mesa.
Tras una hora y media de debate, los 11 miembros del pleno han decidido, por unanimidad, requerir a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del Parlament para que, en el plazo de 20 días, informen sobre el cumplimiento por su parte de la sentencia del pasado diciembre, en la que el Constitucional dejaba sin efecto la declaración independentista aprobada por el Parlament de Cataluña el 9 de noviembre.
El tribunal reclama esa documentación a Forcadell “a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas en el art. 92.4 Ley Orgánico del Tribunal Constitucional”. Este es el trámite previo a la posible adopción de otras medidas que, tal como recoge la ley, podrían llegar a multas de 3.000 a 30.000 euros la inhabilitación o a la deducción de testimonio para que se abriera una vía penal contra los dirigentes independentistas.
Además, el Constitucional otorga 20 días al fiscal y al Parlament para que informen sobre la petición de nulidad de la resolución que también pidió el Ejecutivo.
El Gobierno en funciones pidió el pasado viernes al Constitucional que abriera la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y por ser “la persona claramente implicada y afectada” que lidera una institución que vulnera “de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional”.
El Ejecutivo busca con esta actuación la nulidad y suspensión inmediata de la resolución 263/11 del 27 de julio, aprobada por la Cámara para iniciar la desconexión con España, pero también un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento, el secretario general de ese organismo, el presidente catalán y todos sus consejeros para que se abstengan de realizar, a partir de ahora, cualquier iniciativa relacionada con esa resolución.
En el último punto del llamado incidente de ejecución el Gobierno demanda del Constitucional que deduzca “testimonio de particulares” para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir ya sus mandatos. El término jurídico “deducir testimonio de particulares” quiere decir que el tribunal se ocupe ahora de documentar todos los incumplimientos en los que haya podido incurrir ya Forcadell y los envíe a la Fiscalía para que valore cómo debe actuar penalmente contra ella.
La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre. La unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa prueba. Toda la oposición se ausentó del hemiciclo durante la votación, salvo Catalunya Sí que es Pot, que votó en contra de las conclusiones.
El presidente del Tribunal Constitucional español, Francisco Pérez de los Cobos, ha decidido aplazar en septiembre la decisión sobre posibles sanciones contra Carmen Forcadell y la mesa del parlamento y se ha limitado a suspender la resolución aprobada por la cámara sobre las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. Los once magistrados del tribunal se han reunido de urgencia este mediodía durante una hora y media y han decidido iniciar los trámites para dirimir si se derivan faltas o delitos de la actuación de la presidenta de la cámara o de la mesa.
De momento, el tribunal da 20 días a Forcadell, la mesa del parlamento y el secretario general de la cámara para informar de sus actuaciones en relación a la auto emitido antes de la votación prohibiendo que la cuestión llegara al pleno. En partido de esta información y el expediente abierto, el tribunal tomará la decisión sobre las medidas sancionadoras en septiembre.
Entre más castigos, el ejecutivo español pide al TC que remita a la Fiscalía la actuación de la presidenta del parlamento para que este organismo presente una querella por la vía penal. El abogado del estado presentó el incidente de ejecución de sentencia en el registro del TC viernes, poco después de la aprobación por el Consejo de Ministros en funciones.
Las medidas posibles contra Forcadell y la mesa
El pleno del tribunal deberá guiarse en septiembre por lo que dice el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece los mecanismos que le permiten hacer cumplir las resoluciones. El artículo resuelve que, en caso de incumplimiento, el TC puede pedir información a las administraciones y cargos públicos sobre el supuesto incumplimiento y establecer un plazo para responder obligatoriamente.
Si una vez recibido el informe o superado el plazo considera que las resoluciones se siguen incumpliendo puede hacer uso de cuatro vías, también de manera simultánea. Son: una multa de 3.000 a 30.000 euros, que puede reiterar mientras no se cumpla; la suspensión de funciones de los responsables del incumplimiento;pedir a España que adopte medidas para asegurar que se cumplen las resoluciones, y finalmente poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, si lo estima oportuno, emprenda acciones penales. El ejecutivo español ha pedido al TC que opte por esta última vía.
Fuentes: www.europapress.com / www.vilaweb.cat
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