Los mitos del Gobierno “a la portuguesa” y por qué este gobierno de “izquierda” enfrenta una ola de huelgas de trabajadores en el país

Distintas alas de la izquierda española apuestan por un Gobierno análogo al portugués: el apoyo “desde afuera” de Podemos a un gobierno del PSOE. Sin embargo, en el país vecino sectores de la clase trabajadora vienen desplegando múltiples huelgas por sus derechos contra el gobierno de Costa. Un mal ejemplo.

En el marco de las negociaciones para la formación de Gobierno después del 28A, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado que busca un gobierno de coalición con el PSOE “sin líneas rojas”, reiterando su intención de ser parte de un gobierno de coalición con los social liberales. Pedro Sánchez, por su parte, insiste en su objetivo de gobernar en solitario. Entre estas opciones, sectores de la izquierda española, entre los que se encuentran IU y Podemos Andalucía (Anticapitalistas), proponen un “gobierno a la portuguesa”, al que presentan como un “ejemplo” de gobierno progresista en Europa.

En el país vecino, tras las elecciones de octubre de 2015, se formó un gobierno del Partido Socialista de Costa con el apoyo parlamentario Partido Comunista, los Verdes y del Bloco de Esquerda. Aquellos que presentan este modelo como un ejemplo a seguir, señalan la reversión de algunas políticas del período conservador anterior, la reducción de los índices de paro y la recuperación de la economía como indicadores de su éxito. Sin embargo, callan ante cuestiones cruciales que muestran las graves contradicciones del “modelo portugués” desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

En primer lugar, el hecho de que la débil recuperación (que no alcanza un 2% anual) se produce sobre la base de los enormes recortes y ajustes neoliberales impuestos durante el período de crisis anterior, que permitieron una gran transferencia de renta desde el bolsillo de los trabajadores hacia la banca y el capital financiero.

En este sentido, el economista argentino Esteban Mercatante explica que las condiciones para la recuperación se basaron en una mejora de las condiciones para la explotación de la fuerza laboral, después de cinco años de recortes y políticas neoliberales sin parangón:

“Entre las principales medidas del ajuste destaca que subieron la alícuota del IVA; privatizaron ampliamente; recortaron los salarios 14 % durante varios años por la suspensión del pago de aguinaldos [pagas extras]; congelaron el salario mínimo; impusieron una reforma laboral que redujo las indemnizaciones y facilitó los despidos; redujo los pagos por horas extra, recortó el tiempo de subsidio de desempleo y limitó la negociación colectiva. El ajuste hundió todavía más a la economía y destruyó el empleo (la desocupación llegó a 18 %).”

Estas medidas, y en especial el aumento vertiginoso del paro “permitió a la burguesía disciplinar a la fuerza de trabajo, degradando sus remuneraciones y condiciones de trabajo. El número de trabajadores portugueses que gana el salario mínimo nacional, que en 2005 era del 5 % de los asalariados, en 2014 llegaba al 12,9 %. Esto nos habla de una ‘sustitución’ de puestos de trabajo mejor pagos por otros de peor calidad. Y de un abaratamiento de los ‘costos laborales’ para las empresas. Las condiciones más favorables de explotación se tradujeron en una mejora en la participación de las ganancias en el ingreso; y esto, junto al ‘viento de cola’ del turismo, sentó las bases para una recuperación de la economía.”

Dicho en otras palabras, lejos de ser un “gobierno de izquierdas” que ha logrado progresos “sin austericidio”, como ha informado hasta el hartazgo la prensa “progresista” -y no sólo esta-, el “milagro” portugués se asentó en un duro ataque neoliberal a las condiciones de vida de las masas.

Los brutales ajustes, junto con los cambios favorables en la economía mundial y la política de estímulos monetarios del BCE permitieron a su economía una débil recuperación. Aun así, este mes el gobierno portugués ha rebajado la expectativa de crecimiento al 1,9%.

En este marco, aunque el paro se ha reducido a niveles precrisis (la tasa de desempleo actual es del 6.8%), para los menores de 25 años el desempleo juvenil se mantiene elevada en un 17,6% y ha promediado el 20% en los últimos cuatro años. Los jóvenes ocupan los trabajos más precarios, con salarios más bajos, asociados a la pujanza del sector del turismo.

El gobierno amenaza con dimitir y acusa a los sindicatos de “intransigencia”

En la última semana, el primer ministro socialista Costa amenazó con dimitir si el Parlamento vota a favor de la recuperación completa de la antigüedad salarial de los funcionarios, congelada desde hace nueve años. La comisión de educación del Congreso luso votó mayoritariamente a favor de esa propuesta el jueves pasado, con el apoyo de la oposición de derecha y los aliados de izquierda del gobierno, el PCP, los Verdes y el Bloco.

La actualización de la antigüedad laboral de los empleados del Estado, en especial los maestros, es una reivindicación muy sentida. Los sindicatos estatales exigen recuperar 9 años, 4 meses y 2 días de congelación salarial, impuesta en medio de la crisis. Por este motivo los docentes vienen realizando importantes huelgas, mientras el gobierno acusa a los sindicatos de “intransigencia”. El enfrentamiento se ha transformado en una grave crisis política, con la amenaza de Costa de renunciar para convocar a nuevas elecciones anticipadas.

La actualización de la antigüedad podía significar unos 800 millones de euros para el Estado, de los cuales se calcula que 635 millones serían para los docentes. El gobierno de Costa dice que no hay dinero, pero los dirigentes sindicales han denunciado que eso es una mentira. En vez de devolver ese dinero a los trabajadores, el gobierno de Costa prefiere seguir rescatando a la banca. Este año, el gobierno ha entregado 1.150 millones de euros a un banco privado, el Novo Banco, monto que podría ampliarse en 1.000 más.

Una oleada de huelgas contra el “gobierno progre”

Unos días antes de la Semana Santa, una huelga de los conductores de camiones provocó desabastecimiento de combustible, llevó al cierre a más de 1200 gasolineras y colapsó el aeropuerto de Lisboa y algunos puertos. El gobierno de Costa declaró el Estado de alerta, con el objetivo de movilizar a fuerzas de seguridad y militares para romper la huelga. La protesta fue convocada por el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas, con la exigencia de una categoría profesional específica para estos trabajadores.

Hacia fin del año 2018 habían salido a la huelga taxistas, enfermeros, ferroviarios, bomberos forestales, funcionarios judiciales y profesores. El primer día del año 2019, una huelga de ferroviarios paralizó los trenes en todo el país. Los bomberos forestales se movilizaron contra una propuesta del gobierno que cambia el estatuto profesional, elevando la edad jubilatoria y rebajando el salario. Los estibadores del puerto de Setubal paralizaron las actividades durante más de un mes, logrando imponer algunas medidas contra la precariedad laboral.

En el año 2018 se produjeron un total de 260 huelgas, mientras que durante todo el período del gobierno conservador de Pedro Passos Coelho se vivieron solo 85. En los dos primeros meses de 2019 ya se habían registrado 112 preavisos de huelga, por lo que se espera que la cifra este año sea muy superior al anterior.

Muchos sindicatos han convocado huelgas exigiendo aumentos salariales, terminar con medidas de recortes impuestas en el período de crisis y mejoras en las condiciones laborales. En sectores públicos, la reducción de la jornada a 35 horas semanales no ha implicado la contratación de más mano de obra, por lo que se producen largas listas de espera y colapso en la atención en hospitales y servicios judiciales, según denuncian los sindicatos.

A nivel salarial, en un momento en que la economía muestra una leve mejora, los trabajadores pretenden recuperar algo del adquisitivo perdido con la crisis. Porque aunque el gobierno de Costa fue aprobando en míseras cuotas un aumento del salario mínimo (pasando de 505 euros en 2015 a 530 euros en 2016, 557 euros en 2017, 580 euros en 2018 y 600 euros en 2019), este sigue siendo muy bajo. Al mismo tiempo, impulsada por el turismo, crece una burbuja inmobiliaria que afecta el precio de los alquileres e impulsa la gentrificación en ciudades como Lisboa u Oporto, lo que hace más difícil la vida para la mayoría de los trabajadores.

Finalmente, como reconocían hace un año desde el Bloco de Esquerda [1], socio clave del Gobierno: “Si es cierto que entre 2015 y 2019 el salario mínimo aumentará en casi un 20%, sigue siendo muy bajo. Además, la ratio salario mínimo/salario medio es del 0,58, lo que quiere decir que el aumento del salario mínimo no ha permitido en absoluto un aumento de los salarios reales. Esto es debido a que el gobierno se ha negado hasta ahora a revertir las leyes de Trabajo introducidas o cambiadas por la Troika. Además, hay que relanzar la negociación colectiva, lo que parece difícil puesto que los años de la Troika hicieron caer el número de trabajadores y trabajadoras cubiertos por convenios colectivos de trabajo de 1,3 millones en 2011 a 300.000 en 2014. Por ello, si es cierto que ya a finales de 2016 las y los funcionarios vieron recuperarse completamente los recortes salariales introducidos por la Troika, también lo es que a comienzos de 2017 los salarios estaban al mismo nivel que en 2011.”

Un mal ejemplo

Desde el Bloco reconocen que “el aumento del salario mínimo no ha permitido en absoluto un aumento de los salarios reales”, que tampoco se han anulado las reformas laborales del gobierno conservador y que más de un millón de trabajadores han quedado por fuera de la cobertura de convenios colectivos. Reconocen también que el gobierno prioriza el pago de la deuda y el rescate millonario de la banca privada, pero aun así reivindican su apuesta para sostener a Costa. Lo mismo ocurre con el Partido Comunista Portugués, que al mismo tiempo que critica la política del Gobierno hacia los huelguistas o el rescate a los bancos, siguen siendo un elemento clave para sostenerlo.

La excusa que ponen es que “la relación de fuerzas” no da para más, y que, mientras tanto, ellos se ocupan de presionar al gobierno y “arrancarle” medidas sociales. Los dirigentes del Bloco lo plantean abiertamente en su balance: “la cuestión de los bancos, igual que la de la deuda y la de Europa, no pudo ser incluida en el acuerdo. La correlación de fuerzas no lo permitía.”

Pero la “relación de fuerzas” no estaba determinada de antemano. En el mismo balance citado, señalan que en las elecciones del 2015 hubo “más de un millón de votos a la izquierda del centro que votaron contra la política de la derecha y que al mismo tiempo no dieron su confianza al PS, privándole así de la mayoría absoluta de votos.” Sin embargo, mientras aquellos votantes no dieron su confianza al PS, los dirigentes del Bloco y del PCP sí se la ofrecieron, iniciando así la experiencia del “gobierno a la portuguesa”.

Una experiencia que encaja tan bien con la gestión a favor de los bancos y de la Unión Europea, que en diciembre de 2017 el ministro de Finanzas del Gobierno socialista, Mario Centeno, fue elegido presidente del Eurogrupo.

La relación de fuerzas actual es en gran parte consecuencia de la política conformista del Bloco y el PCP, que sostiene a un ejecutivo que gobierna para los bancos y los grandes empresarios, mientras las luchas de los trabajadores muestran el camino para establecer otra relación de fuerzas.

En vez de plantearse una política de independencia de clase y anticapitalista, para desarrollar la lucha por dejar de pagar la deuda, por la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores y por aumentos de salarios al nivel real del costo de la vida, el Bloco y el PCP vienen sosteniendo al gobierno de Costa hace cuatro años.

Este es el “ejemplo” que reivindican sectores de la izquierda española, incluida la que se reivindica “anticapitalista”. El “gobierno a la portuguesa” se revela así como la continuación de la política conciliadora del “mal menor” impulsada por Podemos… sólo que por otros medios.

(Fuente: La Izquierda Diario / Autores: Josefina L. Martínez y Diego Lotito)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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