Cádiz: APDHA y ecologistas consideran “moralmente inaceptable” seguir vendiendo armamento a los saudíes. CCOO lo justifica
“Tener faena en los astilleros gaditanos no puede legitimar el vender artefactos de guerra que van a ser empleados contra población civil”. “En el conflicto de intereses entre el derecho al trabajo y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad, no debiera haber dudas”, coinciden Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en Cádiz, que, en el marco de la polémica venta de corbetas a Arabia Saudí, reclaman al Gobierno español “dejar de colaborar con una monarquía autocrática medieval, que vulnera todos los derechos humanos y promueve el fundamentalismo salafista y el terrorismo islamista”. En el otro lado de la balanza, CCOO, mayoritario en el conjunto de los centros de Navantia, admite que “disponemos de muy pocos contratos que puedan permitirnos valorar alternativas que garanticen el futuro y, a la vez, podamos tomar decisiones, que éticamente serían totalmente justificables”.
“Hay que dejar de colaborar con una monarquía autocrática medieval, que vulnera todos los derechos humanos y promueve el fundamentalismo salafista y el terrorismo islamista, por muy amiga y generosa que sea o haya sido con la Casa Real borbónica”. Es la contundente afirmación que hacen Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz en un comunicado conjunto al hilo del temor en la Bahía de Cádiz, una vez más, de que el controvertido contrato de las corbetas para Arabia Saudí termine cancelándose, como una de las reacciones al asesinato de un periodista crítico con Arabia en la embajada de ese país en Estambul.
Con todo, si el martes fue la Comisión de Defensa del Congreso la que, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, rechazó que el Ejecutivo rompa relaciones comerciales en materia de armamento con dicho país (como demandaban PDeCAT, ERC, Unidos Podemos y Compromís); el miércoles ha sido el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha comparecido en la Cámara Baja para garantizar que no peligran los contratos de las corbetas con gran incidencia en la provincia, ya que gran parte de estos buques se construirán en los astilleros de San Fernando.
De hecho, en esta misma jornada, una delegación saudí compuesta por técnicos y militares ha visitado las instalaciones de la antigua Bazán, y ya se ha avanzado que a principios de enero se comenzará a cortar chapa para este encargo de 1.800 millones para Navantia que, se asegura, supone faena durante cinco años para 6.000 personas.
Y frente al retorno de cierta tranquilidad a la factoría isleña, la Apdha y Ecologistas reflexionan en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “el temor a la ruptura de acuerdos comerciales con Arabia no puede legitimar el continuar vendiendo artefactos de guerra que van a ser empleados contra la población civil, por mucha preocupación por la carga de trabajo en astilleros que se esgrima”.
Las cinco corbetas que Navantia va a vender a Arabia Saudí, se insiste, “no son, como el avión de transporte 400M, artefactos de doble uso, civil y militar, sino herramientas de guerra. La flota saudí es un pilar fundamental en la actualidad para mantener el criminal bloqueo a la población civil yemení que la priva de medicinas y artículos de primera necesidad”.
“Las armas y las bombas son para matar; no existen las armas inteligentes y la gran mayoría de las víctimas de los conflictos bélicos son civiles, como evidencia el resultado de la guerra en el Yemen, destinatario del comercio ilícito con Arabia Saudí: más de 16.000 muertos, resultado de bombardeos criminales de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas y la mayor crisis humana de todo el planeta, que mantiene en riesgo la vida de centenares de miles de personas por hambre, sed y enfermedades causadas por la guerra”, recuerdan desde Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Al respecto, se refresca que el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado en la ONU en 2013 “y apoyado por España”, prohíbe la venta de armas si, en el momento de la autorización, “como es este caso”, se tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.
Ambos colectivos inciden en que el actual Gobierno español tuvo semanas atrás “un ataque de honestidad” y paralizó inicialmente el envío de esas bombas inteligentes vendidas durante años atrás por el Ejecutivo de Rajoy a Arabia Saudí. “Pero ha cedido al chantaje”, y es que dicha monarquía absolutista exigió la entrega de esas armas para seguir adelante con el contrato de las corbetas ya firmado.
“En el conflicto entre derecho al trabajo y los derechos fundamentales a la vida y la libertad, no debiera haber duda”
“En el conflicto de intereses entre el derecho al trabajo y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad, no debiera haber dudas. Pero es que es una contradicción en buena medida inducida –se interpreta-. En primer lugar, por hacer depender la carga de trabajo en exclusiva de los contratos con un régimen criminal, los cuales siempre se pueden poner en cuestión incluso internacionalmente, como ahora se ve. Y, en segundo lugar, porque Navantia ha optado por la fabricación exclusiva de buques de guerra en todos sus astilleros, desconsiderando otras opciones viables y civiles para conseguir carga de trabajo en los mismos. Lo demuestra la pérdida del quinto petrolero en Puerto Real y la nula gestión de su departamento comercial para buscar nuevas e innovadoras vías de trabajo”.
Como ya se ha lanzado en otras ocasiones, la Apdha y Ecologistas coinciden en que “la deconstrucción naval y la energía eólica off shore son dos alternativas entre las posibles y necesarias para la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir barcos destinados a la violación de los derechos básicos de las personas”.
De esta forma, se sentencia, “contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población”. Además, “pondríamos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país”.
Paralelamente, a nivel nacional, las ONGs Amnistía Internacional, FundiPau, Oxfam Intermón y Greenpeace, que impulsan la campaña ‘Armas bajo control’ en España desde hace más de diez años, también han mostrado su decepción con el presidente Sánchez al no haber anunciado la suspensión de la venta de armas a Arabia, tal como le han reclamado diversos grupos parlamentarios.
CCOO: “Disponemos de muy pocos contratos que puedan permitirnos valorar alternativas
“Lo cierto es que, a día de hoy, disponemos de muy pocos contratos que puedan permitirnos valorar alternativas que garanticen el futuro y, a la vez, podamos tomar decisiones, que éticamente serían totalmente justificables, cuando no necesarias”, reconocen a su vez en un largo comunicado desde CCOO, sindicato mayoritario en el conjunto de los centros de Navantia.
Y al respecto, se insta a que se cierre “de manera urgente” el Plan Estratégico de Navantia, abordando con intensidad un reforzamiento del área comercial e industrial, “que ayude a incrementar la carga de trabajo en los centros, abriendo nuevos mercados en países que no comprometan los derechos humanos en sus políticas de defensa”. Sin embargo, mientras, “no queda más alternativa que cumplir los contratos vigentes y agilizar los comprometidos tanto de clientes extranjeros (incluidas las corbetas) como de nuestras fuerzas armadas, además de reforzar de manera inmediata carga de trabajo específica para el astillero de Puerto Real”.
Este sindicato no duda en denunciar públicamente “la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo por parte del régimen saudí”, tanto en la guerra del Yemen, como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Pero a la vez, entiende que el sector naval para la defensa “es estratégico en cualquier país, por eso no nos resignamos a que Navantia desaparezca y tener que depender de terceros, ni a que se restringa su perímetro a la defensa nacional, lo que llevaría a la imposibilidad de mantener los actuales niveles de empleo. Abogamos por una industria dual civil y de defensa española, líder en el mercado mundial, como garantía de empleo y de futuro para las comarcas en las que genera riqueza”.
CCOO espera que tanto la opinión pública, como los diferentes ámbitos sociales y políticos “entiendan esta posición que, en esta situación, nos parece la más razonable y la única que puede garantizar el futuro de miles de trabajadores, el desarrollo de las comarcas donde se asientan los astilleros y un sector que tiene la necesidad de cambiar, pero que continúa siendo estratégico para nuestro país. En estos momentos creemos que la prudencia, la voluntad política y el tiempo, son nuestros mejores aliados, sin menoscabo de seguir denunciando cualquier vulneración que se pueda producir de los derechos humanos en el mundo”.
“Cómo abordar este tema desde la perspectiva de una empresa dedicada fundamentalmente a la fabricación naval de defensa, exige evitar caer en análisis simplistas y declaraciones vacías”, añade Comisiones, que dice querer “huir de las falsas dicotomías que se están planteando, para situarnos en una reflexión más profunda”. Y repite que el verdadero problema estriba, fundamentalmente, “en la dejación, que durante mucho tiempo Navantia, y por ende los gobiernos anteriores, han hecho de su responsabilidad a la hora de acometer una política comercial que contribuyera a ampliar el abanico de potenciales clientes exteriores que, más allá de nuestras fuerzas armadas, permitiera haber construido una cartera comercial de tal manera, que pudiéramos disponer de la suficiente carga de trabajo para no encontrarnos a día de hoy en una situación crítica, en cuanto a carga y empleo se refiere”.
(Fuente: Diario Bahía de Cádiz)
Texto íntegro del comunicado conjunto de los ecologistas y la APDHA
El asesinato del periodista Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Estambul pone de manifiesto, otra vez, la naturaleza criminal del Estado wahabita. Si la ministra de Defensa ha declarado que la comunidad internacional “no puede mirar para otro lado” cuando existen vulneraciones de Derechos Humanos “de este calibre” y ha recalcado que no se puede permanecer ajeno a situaciones como la vivida en el consulado de Estambul, ¿a qué espera para cesar todo acuerdo de venta de armas a este Estado integrista y asesino tal como ha propuesto Alemania?
Las armas y las bombas son para matar; no existen las armas “inteligentes” y la gran mayoría de las víctimas de los conflictos bélicos son civiles, como evidencia el resultado de la guerra en el Yemen, destinatario del comercio ilícito con Arabia Saudí: más de 16.000 muertos, resultado de bombardeos criminales de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas y la mayor crisis humana de todo el planeta, que mantiene en riesgo la vida de centenares de miles de personas por hambre, sed y enfermedades causadas por la guerra.
El temor a la ruptura de acuerdos comerciales con este país no puede legitimar el continuar vendiendo artefactos de guerra que van a ser empleados contra la población civil, por mucha preocupación por la “carga de trabajo” en Astilleros que se esgrima. Las cinco corbetas que Navantia va a vender a Arabia Saudí no son, como el avión de transporte 400M, artefactos de doble uso, civil y militar, sino herramientas de guerra. La flota saudí es un pilar fundamental en la actualidad para mantener el criminal bloqueo a la población civil yemení que la priva de medicinas y artículos de primera necesidad.
El gobierno español tuvo un ataque de honestidad y paralizó inicialmente la venta de bombas (más de 9 millones de €) a Arabia Saudí. Pero ha cedido al chantaje. En el conflicto de intereses entre el derecho al trabajo y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad, no debiera haber dudas.
Pero es que es una contradicción en buena medida inducida. En primer lugar, por hacer depender la carga de trabajo en exclusiva de los contratos con un régimen criminal, los cuales siempre se pueden poner en cuestión incluso internacionalmente, como ahora se ve. Y, en segundo lugar, porque Navantia ha optado por la fabricación exclusiva de buques de guerra en todos sus astilleros, desconsiderando otras opciones viables y civiles para conseguir carga de trabajo en los mismos. Lo demuestra la pérdida del quinto petrolero en Puerto Real y la nula gestión de su departamento comercial para buscar nuevas e innovadoras vías de trabajo.
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado en la ONU en 2013 y apoyado por España, prohíbe la venta de armas si, en el momento de la autorización, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.
La deconstrucción naval y la energía eólica off shore son dos alternativas entre las posibles y necesarias para la “carga de trabajo” en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir barcos destinados a la violación de los derechos básicos de las personas.
De esta forma, contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población. Además, pondríamos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país.
Hay que dejar de colaborar con una monarquía autocrática medieval, que vulnera todos los derechos humanos y promueve el fundamentalismo salafista y el terrorismo islamista, por muy amiga y generosa que sea o haya sido con la casa real borbónica.
(Fuente: Web de la APDHA)
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