Anna Gabriel en la televisión suiza: “No descarto pedir asilo político”. La Cup da una rueda de prensa en su apoyo (Vídeo)
La ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha informado este martes por la mañana en una entrevista en el diario suizo Le Temps que se queda en Suiza y no estará en Madrid para declarar en el Tribunal Supremo. En declaraciones en una televisión del país, RTS info, Gabriel no ha descartado pedir asilo político en la confederación helvética.
Gabriel no se presentará ante el juez Pablo Llarena. “No hace falta que yo esté ante el juez, ahora tengo que estar aquí y aprovechar para denunciar la situación en Catalunya”. Gabriel no se presentará ante el juez Pablo Llarena y por eso ha explicado las consecuencias inmediatas que puede comportar su decisión: “Podría ser que el mismo miércoles anuncie mi extradición”, entonces, “Suiza decidiría qué hacer conmigo”.
La exdiputada anticapitalista admite que su decisión de marcharse a Ginebra es “dura” porque la aleja de su familia y amigos y analiza los diferentes escenarios que pueden darse a partir de ahora. “Yo no tenía ganas de dejar a mi familia ni marcharse de mi país”.
Gabriel no se presentará ante el juez Pablo Llarena y por eso ha explicado las consecuencias La dirigente de la CUP ha insistido en dejar claro que una extradición sería ilegal porque no hay bases que sostengan que ha cometido ningún delito, sino todo lo contrario, “todo se trata de una persecución política” que ya está analizando con sus abogados.
“Con nuestros abogados hemos analizado que una extradición sería ilegal porque no hay ninguna base para sostener que yo he cometido un delito, tenemos toda la base para defender que es una persecución política. Tenemos muchas manifestaciones del tribunal, de la policía, de los jueces… para decir que no es un tribunal imparcial, que es una persecución política. Y Suiza no acepta las extradiciones de personas que son perseguidas políticamente”, afirma Gabriel.
En la misma línea ha declarado que las actuaciones de los tribunales, la policía y los jueces españoles indican que la justicia en España no es imparcial, por otro lado, “Suiza no acepta extradiciones de personas que están perseguidas políticamente aunque España sea un estado miembro de la Unión Europea”. Gabriel confía en que si en otras ocasiones se ha concedido asilo a personas perseguidas por su ideología, “pasará lo mismo en mi caso”.
Finalmente, ha explicado que de momento no ha pedido asilo político pero no ha descartado hacerlo. No obstante, asegura que solicitará el asilo en caso de que haya una demanda de extradición por parte del Estado español.
En cuanto a su futuro personal ha indicado que “si me quedo intentaré reanudar mi faceta académica, yo era profesora de Derecho en la Universitat de Barcelona, en caso de no poder hacerlo porque hay una petición de extradición, también pediría el asilo político”.
La CUP apoya la decisión de Anna Gabriel públicamente en rueda de prensa
La CUP-CC da su pleno apoyo a la decisión de la miembro del grupo parlamentario en la anterior legislatura al Parlamento, que explica fundamentalmente por la necesidad de protegerse de un Tribunal Supremo que ya ha decidido su culpabilidad, así como la del resto de personas investigadas en esta causa general contra el independentismo, antes incluso de empezar el juicio.
En este sentido, desde la CUP se insiste en el carácter político del juicio planteado por el Tribunal Supremo español, subrayada por el hecho que la misma vicepresidenta del Gobierno español ya dijera en su momento que su intención era suprimir y liquidar el independentismo. Por eso,a claran, Anna Gabriel declara desde Suiza que “siempre he hecho campaña por el referéndum; la cuestión de Cataluña se tendría que poder resolver políticamente, pero constatamos una voluntad de liquidar el independentismo con la represión por parte de las autoridades españolas”.
La CUP justifica el exilio de Anna Gabriel como medio para internacionalizar más el conflicto con el Estado Español. Los anticapitalistas confían que la decisión fuerce un posicionamiento de la justicia suiza conforme se trata de un juicio político y la participación en organismos internacionales sobre derechos humanos con sede a Ginebra. Así lo han manifestado en rueda de prensa (foto adjunta).
Así lo han explicado la diputada Maria Sirvent y el exdiputado Benet Salellas en rueda de prensa este martes, ante numerosos dirigentes y parlamentarios de la formación, como una muestra de la unidad estratégica de los anticapitalistas. De hecho, esta decisión, según han asegurado, lo ha tomado el conjunto de la organización y no ella personalmente.
La CUP considera que Anna Gabriel”será más útil al movimiento libre que detrás los barrotes” y que hay que denunciar esta cacería de brujas que implica a toda la sociedad, “desde profesoras, representantes electos del pueblo e incluso electoras que se encuentran en el punto de mira de la justicia española”. Ante esta situación, la CUP-CC ha hecho un llamamiento a secundar todas las movilizaciones de apoyo a las personas investigadas y represaliades por el Estado español y a participar de las actividades solidarias programadas para este mismo fin de semana.
“No se juzgan hechos, se juzgan proyectos políticos”
El abogado de Anna Gabriel, el también ex diputado por la CUP Benet Salellas, ha rebatido las formaciones unionistas que acusan la exdiputada de haber huido de la justicia negándose a declarar mañana al Tribunal Supremo. “Anna no ha huido, ha buscado refugio ante una persecución política, tanto Anna como el conjunto de la organización hemos abierto un nuevo frente ante la dictadura en que se está convirtiendo el estado español”, ha anotado el letrado en una rueda de prensa en la Casa Golferichs de Barcelona con la presencia de la plana mayor de la formación.
Así, Salellas ha asegurado que “no hay las mínimas garantías de justicia” en el Supremo, el objetivo del cual “es la venganza o la humillación a todo el pueblo de Cataluña por este proceso de emancipación”, puesto que, según ha aseverado, “no se juzgan hechos, se juzgan proyectos políticos, todo aquello que los ciudadanos pueden llegar a pensar”. De este modo, ha insistido que “es la ideología de los encausados y los proyectos políticos el que es objeto de la investigación”, cosa que es propia “propio de estados autoritarios y antidemocráticos”.
De hecho, ha añadido que el Supremo es “tribunal que no es competente” para juzgar esta causa en la cual, según ha apuntado, no sabe muy bien “qué se investiga”, más allá de la voluntad de “humillación y venganza hacia el pueblo de Cataluña”. Por eso, el exilio pretende colaborar en la “internacionalización de la situación política que se vive en Cataluña”, tal como también ocurre con el exilio de Carles Puigdemont y cuatro consejeros de la Generalitat. En este sentido, ha denunciado que se “atacar el Parlamento y nuestra soberanía porque el poder judicial tiene problemas con quienes no comparte el proyecto nacionalista español”.
“El mensaje de Anna se clarísimo, no tiene garantizado el derecho a un juicio justo y queremos internacionalizar la situación política que se vive en Cataluña, con un grave retroceso de derechos políticos y civiles, para provocar la entrada de actores internacionales y porque entendemos que la justicia suiza se pronunciará sentenciando que es un delito político y nos parece importando generar un foco de presión a Ginebra como sede de organismos internacionales”, ha destacado Salellas.
“Un juicio político que responde a la sed de venganza”
Por su parte, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha calificado la causa general contra el independentismo como “un juicio político que responde a la sed de venganza”. Ante este contexto, el exregidora de Terrassa ha defendido la necesidad de impulsar una estrategia de reivindicación. “Nuestra defensa reivindica el 1 de octubre y pasa por no claudicar ante los tribunales españoles y de la represión”.
“Este juicio se produce en un contexto de aumento de la represión y de las agresiones fascistas, la represión el que persigue es silenciarnos y ante esta situación y de un pueblo que ha respondido de manera democrática es imprescindible luchar por una República Catalana”, ha concluido Sirvent.
Las claves de la internacionalización
Con esta acción, según Salellas, se busca “dificultar el procedimiento antidemocrático” contra el proceso; “provocar entrada de actores internacionales” en este caso; forzar “una decisión de la justicia suiza”, en caso de que la Sido pida la extradición -ha recordado, en este sentido, que el convenio de extradición prohíbe la extradición en juicios políticos, cosa que haría que Suiza tuviera que mojarse sobre si se trata de un juicio político-; y poner un “foco de presión a la ciudad de Ginebra, que es suyo de muchísimos organismos internacionales del ámbito de los derechos humanos”. De hecho, el objetivo es aprovechar la estancia para participar en foros de este carácter para denunciar la situación de Cataluña.
Sea como fuere, el exdiputado ha aseverado que “Anna no ha huido, ha buscado refugio por una persecución política” con el objetivo de abrir un “nuevo frente político y judicial” que haga de “espejo de esta dictadura en que se está convirtiendo el estado español y su sistema político y judicial”. Igualmente, ha reconocido que la organización está a la expectativa de cómo puede responder la justicia suiza y ha calculado que una petición de extradición se podría resolver en un plazo de entre 6 y 10 meses.
Estrategia en el Supremo y en Ginebra
A su vez, Maria Sirvent ha explicado que, a pesar de que la exdiputada Mireia Boya optó para ir a declarar al Supremo -de donde salió libre sin fianza-, la formación defiende una estrategia compartida “de reivindicación de la tarea política de la CUP en sede parlamentaria”, la cual es “pública y responde al mandato democrático de todo un pueblo”. Así, ha llamado a “no claudicar ante los tribunales españoles y la represión” y a combinar una “defensa política desde el Supremo y una desde la ciudad internacional de Ginebra”, así “abriendo frente político con el objetivo de visualizar e internacionalizar el conflicto”.
“La represión quiere callar-nos silenciarnos a la CUP y a todo el movimiento republicano”, ha seguido la diputada, que ha instado a “luchar por el logro de una República de derechos y libertades, que responda a las necesidades de las clases populares”, así como a organizar actas de solidaridad con los encausados por el juicio y a hacer donativos para “hacer crecer la caja de resistencia”.
Los riesgos de extradición
Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a una orden de extradición, una amenaza que su abogado en Suiza considera, no obstante, poco probable.
El capítulo 13 del código criminal suizo recoge los delitos contra el Estado y la seguridad nacional. En el artículo 265 indica que “cualquier persona que lleva a cabo un acto con el objetivo, a través del uso de la violencia, de cambiar la constitución de la Confederación o de un cantón o deponer a las autoridades estatales designadas constitucionalmente o incapacitarlas para ejercer sus poderes o de separar una parte del territorio suizo de la Confederación o una parte de un cantón, está sujeto a una pena de cárcel de no menos de un año”.
“El artículo sería este, otra cosa es si se cumplen los requisitos o no” en el caso de la diputada de la CUP Anna Gabriel, ha explicado este martes en el programa radiofónico catalán El Món a RAC1 el abogado suizo de origen español Daniel Ordàs. Para que se conceda la extradición, al menos una de las infracciones imputadas debe ser “sancionada tanto en Suiza como en el extranjero”, según un documento de la Unidad de extradición de la Oficina Federal de Justicia de mayo de 2016.
Puede denegarse “si el procedimiento en el extranjero tiende a perseguir o castigar a la persona por sus opiniones políticas”. También es un motivo de denegación “que el acto imputado tenga carácter político”, en base al artículo 3 de la ley federal suiza sobre la asistencia judicial internacional en materia penal, añadió.
(Fuentes: nació digital / el nacional.cat / Ara.cat / Llibertat.cat)
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