La Junta pretende impedir la incidencia de la huelga en el 061 y 112 convocada por CGT con servicios mínimos abusivos del 90%
Desde hoy día 24, y a lo largo del 25 y 31 de diciembre, así como el 1, 5 y 6 de enero, a lo largo de las 24h, están llamadas a la huelga las plantillas de los trabajadores del 061 y 112 en todos los centros de trabajo de Andalucía. Ante esto, la Consejería de Salud ha dictado una orden por la que ha establecido unos servicios mínimos abusivos de la huelga convocada por CGT-A en la gestión telefónica del 061 y 112 los principales días navideños, de forma que en los centros de coordinación de servicios provinciales del 061 se establecen unos servicios mínimos del 90 por ciento en todos los turnos.
En los niveles III y IV de alta frecuentación y situaciones extraordinarias o emergencias colectivas o activación del Plan Territorial de Emergencias, los servicios mínimos ascenderán al 95 por ciento los días de la huelga. Esta orden establece que el personal con turno de formación no tendrá servicios mínimos, mientras que para el personal de Administración y Técnicos se mantiene el 50 por ciento.
Según se afirma en la orden, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se justifica el impedir de facto el desarrollo y la incidencia de la huelga mediante estos servicios mínimos abusivos porque mediante estos “se garantiza el funcionamiento del sector de gestión telefónica/teleoperación que afecta a los servicios de urgencia y emergencias sanitarias de los centros provinciales del 061”.
En el colmo del cinismo se afirma igualmente que “exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables”.
Comunicado de la FATyC de CGT-A denunciando el abuso:
El atropello al Derecho Fundamental a la huelga por parte de las Consejerías de Salud y Empleo de la Junta de Andalucía, vía servicios mínimos del 90% en 061 y 80% en 112 marcan nuevamente el talante autoritario y antisocial de la Administración andaluza y de Susana Diaz.
La asesoría jurídica de CGT ya trabaja en la impugnación de los servicios mínimos impuestos por decreto por la Junta para defender la gestión de las empresas comisionistas contra los derechos básicos de los/as trabajadores/as de los servicios de emergencias. Curiosamente se exige que en los días de huelga trabajen más compañeros/as que lo hacen habitualmente, se puede afirmar que la huelga en los servicios de emergencias de Andalucía genera empleo.
La EPES 061 (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) no conforme con el 90% de servicios mínimos decretados exige a sus empresas comisionistas Konecta BTO e Ilunion Emergencias el 95% de servicios mínimos al decretar unilateralmente los días de huelga como días de alta frecuentación, las empresas encantadas de que se secuestre aún más el derecho Fundamental a la Huelga.
Pero aún hay más, en el 112 la empresa Ferrovial, adjudicataria del servicio, se salta directamente el decreto de servicios mínimos e impide “manus militaris” el ejercicio del derecho Fundamental a la huelga de los Coordinadores de sala de emergencias y gestores de enlace, discriminándoles, al excluirlos del supuesto sorteo para la designación de quienes tendrán servicio mínimo y quienes podrán ejercer su derecho a la huelga en aquellos centros de trabajo donde al menos haya programados tres trabajadores/as en los turnos, dado que, donde son menos, directamente se les veta la posibilidad de ejercicio del Derecho Fundamental, como por ejemplo, Huelva, Córdoba…
De todas estas actuaciones antihuelga conocerán los tribunales de justicia y procuraremos que lleguen al parlamento andaluz ante la absoluta indefensión en la que quedan los trabajadores/as de emergencias 112 y 061, también para poder ejercer su Derecho Fundamental a la Huelga.
La comunión de intereses entre el Gobierno andaluz y las empresas privadas que se lucran millonariamente con las desgracias de la ciudadanía andaluza vuelve a quedar patente una vez más, pero CGT no se resigna a seguir poniendo todos sus medios sindicales y jurídicos para destapar esta trama que muy bien puede esconder otro caso de corrupción millonaria en Andalucía.
La Otra Andalucía
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