Córdoba: Visto para sentencia el juicio celebrado en Posadas contra 42 jornaleros acusados de ocupar la finca Somonte
El pasado viernes quedó visto para sentencia el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas donde estaban citados 42 jornaleros del Sindicato Andaluza de Trabajadores (SAT) acusados de los delitos de usurpación, daños y, en algunos casos, desobediencia, derivados de la ocupación de la finca Somonte, situada en el término municipal de Palma del Río.
Mientras se celebraba el juicio, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se concentraban ante los juzgados de la localidad para acompañar a los denunciados por usurpación y defender que “la tierra es para quien la trabaja”, por lo que “Somonte no se toca”, según proclamaban.
Este juicio, que se suspendió en el mes de junio de este mismo año, se trata de la causa general que engloba todas las ocupaciones –y desalojos- desde la primera, el 4 de marzo del 2012, hasta el día de hoy, ya que Somonte sigue ocupada y sus 400 hectáreas siguen trabajándose por los jornaleros.
Cabe destacar que la última actuación de la Guardia Civil en estos terrenos públicos propiedad de la Junta de Andalucía se produjo a finales de junio de este año por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas y resultaron denunciadas ocho personas. El SAT entró en Somonte el 11 de marzo de 2012, como reacción al anuncio de la administración autonómica de subastar las tierras.
En total, según ha recordado recientemente el sindicato y “contando las diferentes ocupaciones que se han realizado de la finca desde que en 2012 fue ocupada” por primera vez, hay 42 sindicalistas encausados por estas acciones, con las que el SAT reivindica que “las tierras públicas sirvan para generar empleo en los pueblos”, en beneficio de “la gran cantidad de jornaleros que hay en paro”. Los acusados se enfrentan a multan que suman 72.000 euros.
El portavoz del sindicato, Oscar Reina, apunta que “no hemos cometido delito ninguno, porque no hay violencia, solo trabajar la tierra y solicitamos que archiven el caso porque es una finca pública y nos acogemos al Estatuto de Autonomía que aprobó el Parlamento, que dice que la tierra pública tiene que cumplir una función social”. Reina retó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a un debate público ante la precariedad y la falta de empleo en la comunidad, acusándola de “utilizar la ley contra el pueblo”.
Desde el SAT subrayan que, “cuando se entró en la finca estaba totalmente en desuso”, si bien después “se ha cultivado el cien por cien de las más de 400 hectáreas”, y también “se ha desarrollado en ella, junto a la Red Andaluza de Semillas, una serie de proyectos de agricultura ecológica y recuperación y multiplicación de variedades autóctonas de semillas”.
Entre los citados no se encuentra el diputado de Unidos Podemos por Jaén en el Congreso, Diego Cañamero, al permanecer su causa en el Tribunal Supremo (TS) después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas acordara remitirlo.
Igualmente, el juzgado remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la parte de la causa que afecta en este caso a la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno, en ambos casos al “ser personas aforadas”, según destacaron las fuentes judiciales.
(Fuentes: Córdoba Hoy / diario Córdoba / Cordópolis / Ahora Córdoba)
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