La Fiscalía está investigando si fondos de inversión radicados en paraísos fiscales marcan los precios del agua en Huelva
La Fiscalía está investigando si fondos de inversión radicados en paraísos fiscales están marcando el precio del agua en Huelva. Para ello, el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, acaba de solicitar un informe “lo más amplio y detallado posible” a la presidenta de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS), la alcaldesa socialista de Niebla, Laura Pichardo, a raíz de una denuncia de la Confederación General del Trabajo (CGT) dirigida también contra la empresa pública Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa), dependiente de la MAS. La organización puso en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que, a su juicio, podrían suponer delitos de prevaricación y de maquinación para alterar el precio de las cosas.
En un escrito de 21 de junio firmado por Flores, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el fiscal jefe señala que ha remitido oficio a la presidenta de la MAS acerca del procedimiento seguido para la fijación de los precios del agua en cuanto que prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, a fin de conocer la “verdadera naturaleza jurídica” de los hechos denunciados por la CGT, sobre las cuales ha incoado diligencias de investigación.
En una comparecencia previa con el fiscal coordinador de delitos económicos, Jesús Jiménez Soria, la CGT trasladó a la Fiscalía que Gihasa determinó los precios del agua “sin haber tramitado ni cumplido el procedimiento” regulado para ello, “saltándose los controles previos preceptivos”. Entre la documentación aportada por los denunciantes se encuentran la obtención de un par de préstamos concedidos a Gihasa, figurando como garante la MAS, uno de 2013 por valor de 85 millones de euros al 11,85% utilizado para el pago de un canon demanial y que se encontró con el rechazo de algunos ayuntamientos. El otro préstamo data de octubre de 2016 y es también de 85 millones de euros gracias al respaldo de siete bancos españoles liderados por Banco Santander, para pagar el préstamo anterior más los intereses no abonados durante esos tres años y las penalizaciones.
Según ha comprobado este periódico, constaban en el contrato de préstamo por un importe de 85 millones de euros lo que serían subidas consecutivas en la factura entre 2014 y 2020 (6%, 2,90%, 5%, 3,5%, 3,5%, 2% y 2%, respectivamente). Aquel contrato lo firmaron Giahsa como prestataria; la MAS como garante; TCA Event Investments, TCA Opportunity Investments y Talos Capital Limited, como prestamistas; y Talos Capital Limited, como agente. Los prestamistas TCA son fondos de inversión radicados en Luxemburgo, considerado paraíso fiscal.
Exactamente las mismas cifras, las mismas subidas, fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia tan solo tres días más tarde de anunciare el acuerdo con los fondos, el 15 de julio de 2013 (ver página 9762 del BOP 134), cuando se formalizó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
“En la consideración de que resultan imprescindibles para atender los vencimientos de capital e interés de las obligaciones financieras de Giahsa, según resulta del estudio económico de la tasa, los importes de las tasas reguladas en la presente ordenanza se incrementarán cada año de forma automática en la cuantía correspondiente al IPC del año anterior. De forma excepcional, durante los años 2014 a 2020, los importes de las tasas reguladas en la presente ordenanza se incrementarán de forma automática el 1 de enero de cada año respectivo, en los siguientes importes mínimos sobre el importe vigente en el año anterior. Todo ello, sin perjuicio de los acuerdos que el Pleno de la Mancomunidad pueda adoptar cada año para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para cubrir los costes de los servicios”, decía aquella ordenanza.
Procedimiento autorizado
Pese a que Giahsa presumía en 2016 de concluir “con éxito su reestructuración financiera”, la CGT aportó en aquella comparecencia con el fiscal un escrito firmado por el director general de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las corporaciones locales y de Juego de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía en el que expone que las prestaciones patrimoniales de carácter no tributario no son susceptibles de poder ser exigidas a la MAS sin la tramitación del oportuno procedimiento autorizado.
Según la documentación que investiga la Fiscalía, la MAS aprobó en 2010 un acuerdo de encomienda de gestión a Giahsa durante 30 años para la gestión integral del ciclo del agua en los municipios integrantes de la mancounidad, que son unos 60 en la provincia de Huelva, según fuentes de la CGT. En la tarifación de la empresa entre 2014 y 2019 los denunciantes trasladan “serias dudas” de que respete “el interés público y los derechos de los consumidores”.
Cabe recordar que la Fiscalía investigó en 2014 las cuentas de Giahsa por presunta financiación de partidos políticos, si bien el caso fue archivado. La CGT denuncia ahora una “manifiesta opacidad” y una “muy calculada ambigüedad caprichosa, incompatible de todo punto con el servicio público y el interés general de los ciudadanos”, considerando que la MAS, desde su constitución en octubre de 2009, “no ha cumplido la normativa de autorización de tarifas” definida en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre establecido por la Junta de Andalucía.
Asimismo, tanto MAS como Giahsa habrían vulnerado la norma prohibitiva del artículo 96 del Reglamento de Suministro domiciliario de aguas de Andalucía, “imponiendo el mandato de que la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad que gozan del servicio de agua no habrá de superar en ningún caso el 30% del total de los gastos del presupuesto de explotación del servicio de abastecimiento”.
Para ello, la CGT aporta un análisis de cuotas de servicio y gastos de explotación sobre los Estudios de Tarificación de 2014-2016-2019 obtenidos de la web de Giahsa y su portal de transparencia, cifrando en más del doble del máximo permitido (más del 60%) por disponibilidad del servicio. Según las fuentes de la CGT, las tarifas de agua potable se venían publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La CGT está recopilando más información relacionada con ambas entidades (MAS y Giahsa) para quizás ampliar la denuncia ante la Fiscalía, relativa a presuntas irregularidades en el proceso de recaudación y la presencia de amianto en las tuberías de la red pública del agua, que ya han dado a conocer a los diferentes partidos a nivel provincial.
(Fuente: el diario.es / Autor: Javier Ramajo)
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