Requieren a la Junta para que paralice la obra que destruirá Vega de Mestanza en Málaga

La Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas ha remitido un requerimiento formal al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, donde exige la paralización inmediata de la obra de la depuradora de aguas residuales de Málaga que levantó un fuerte rechazo ciudadano.

El abogado del colectivo, Marcelino Abraira, ha formulado esa petición para la paralización hasta que exista resolución judicial firme, solicitud que se conoce después de que el 19 de junio las empresas subcontratadas tuvieran que paralizar la obra, promovida por la Junta, ante las amenazas surgidas para evitar que se ejecute.

El requerimiento es por vulneración constitucional y el letrado ha recordado que ya fue concedida una medida cautelarísima en noviembre de 2023, aunque luego se levantó provisionalmente, una medida que actualmente está recurrida, por lo que su suspensión definitiva aún no está resuelta, según la asociación.

Derecho fundamental de petición ciudadana

La asociación ha explicado que, pese a ello, la Junta ha permitido el acceso de maquinaria con apoyo policial, lo que considera que “podría constituir una decisión arbitraria contraria al artículo 29 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental de petición ciudadana ante las autoridades”.

“Un acto administrativo, por firme que sea, no puede ejecutarse si vulnera un derecho fundamental. Persistir en ello podría tener consecuencias legales muy graves para los responsables políticos”, ha advertido Abraira, según ha informado la Plataforma en Defensa de la Vega de Mestanza.

Asegura que se pretende construir la depuradora EDAR Málaga Norte en terrenos de inundaciones habituales y en la que califican como “una de las vegas más fértiles del Guadalhorce” e “ignorando alternativas más seguras y baratas”.

Hablan de “al menos cinco ubicaciones viables, no inundables y más económicas” que los 131 millones de euros en los que cifran la versión inicial del proyecto y explican que vecinos y agricultores acusan al Gobierno andaluz de imponer esta infraestructura que afecta a tierras de cultivo y a cientos de familias que viven del trabajo agrario.

Esta plataforma, que afirma que la Junta alega la urgencia de la obra para evitar sanciones de la Unión Europea, exige la protección legal de la Vega como zona agrícola estratégica.

Estaba previsto iniciar las actuaciones ya en la zona de arbolado de la obra de la depuradora el pasado 19 de junio, pero el personal de las empresas no acudió por miedo, al estar amenazado.

Hubo amenazas en redes sociales, de las que la Junta dio traslado a la Policía, que a su vez investiga la quema de maquinaria pesada ocurrida en las obras el pasado 8 de mayo, en lo que se consideró un incendio intencionado donde ardieron cinco vehículos que se encontraban en la zona.

Altercados

La Junta comunicó además algunos altercados, como la rotura de la pasarela que se construyó para poder vadear el río, y que está incluida y autorizada en el proyecto, o la obstaculización de trabajos previos.

La maquinara pesada que ardió en mayo, entre ello varias excavadoras, estaban separadas entre sí, lo que avala la hipótesis de la intencionalidad, aunque este extremo lo debía determinar la investigación.

La ubicación de esta depuradora se decidió en 2009 y contó con la aprobación en sesión plenaria de los ayuntamientos de los cinco municipios afectados, según indicaron desde la Junta en su momento a raíz de la oposición vecinal.

Fuente: Malaga Hoy.