El golpe de estado contra el pueblo y la clase obrera venezolana es un atentado contra todos los pueblos del mundo y contra la clase obrera internacional

De todos es sabido que las relaciones internacionales entre los Estados no se caracterizan precisamente por la defensa de los derechos humanos y la democracia, sino que la evocación de los mismos es utilizada, o intenta esconder, la defensa de intereses económicos determinados. Incluso también como justificación del uso de la fuerza militar.

Así, en su momento, el gobierno de Aznar justificó la invasión de Irak para evitar el mal mayor del uso de armas de destrucción masiva por parte de Sadam Husein. O la del gobierno de Zapatero la destrucción del Estado libio de Gadafi, pues con ello se acababa con un dictador. Ahora también el gobierno de Pedro Sánchez se une a la coalición internacional que lucha por la democracia en Venezuela dando legitimidad internacional al golpe de Estado antidemocrático de Guaidó contra la Venezuela chavista de Nicolás Maduro. 

Pero detrás de Aznar, de Zapatero, así como detrás de todos los Estados implicados en esas agresiones militares contra la soberanía de aquellos otros Estados, estaban las grandes empresas de la economía euro-occidental, necesitadas de botín de guerra para conseguir, defender o aumentar sus ganancias. Los intereses geoestratégicos y los de clase dominadora también pueden estar, y de hecho están, detrás de muchas aventuras militares, detrás de los derramamientos de sangre inocente que inevitablemente empapan las tierras agredidas.

En el caso de Venezuela confluyen todos estos intereses detrás de la pretendida defensa de la democracia y de lucha contra la tiranía dictatorial del gobierno de Maduro. Si se lograra su derrocamiento y asumiera el poder un nuevo gobierno más dócil, los EE.UU. podrían sesgar la base del triángulo maldito del Caribe formado por Venezuela, Cuba y Nicaragua además de romper con los obstáculos que el chavismo ha impuesto a la explotación de los recursos y la riqueza nacional por los capitales extranjeros.

En esta ocasión, grandes empresas españolas son los principales capitales extranjeros invertidos en Venezuela, las cuales han visto descender drásticamente sus cifras de negocio en el país hermano. Las inversiones españolas que en 2013 ascendían a unos 5.740 millones de euros, se ha visto reducidas a los 1.382 de 2016. También las exportaciones se han visto afectadas pasando de unos 540 millones de euros en 2014 a 110 millones en 2017. Y por supuesto, en esto tiene una gran responsabilidad el gobierno de Maduro en particular y el régimen chavista en general, lo que los propios venezolanos llaman socialismo del siglo XXI unos, y chavismo otros. Y es normal que los presidentes de gobierno españoles se preocupen de la economía del país, bueno, de la economía de los ricos del país, porque la economía de las trabajadoras y trabajadores ya sabemos que les traen sin cuidado.

Porque ¿quiénes son esos inversores tan españoles que toda España ha de ayudar a recuperar sus ganancias? Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Sol Melía, Zara… son los más conocidos. Conocidos no solo por sus suculentos beneficios en España durante la crisis, sino por los pocos escrúpulos que manifiestan al echar a la calle a sus trabajadores “sobrantes” y al reducir salarios y derechos a los que mantienen trabajando. ¡El Mercado manda! nos dicen. Ante este giro “golpista” del actual gobierno español del PSOE, la clase obrera, los pueblos, naciones y regiones españolas mantienen dos posturas mayoritarias: la indiferencia y el apoyo al golpe. La primera es la más generalizada, mientras que la segunda, el apoyo del nacionalismo español al golpe de estado, va cogiendo terreno. Esto ha sido así siempre.

Ahora, esta indiferencia popular, o el apoyo popular nacionalista al golpe tendrán consecuencias más nefastas para esos mismos que, o son indiferentes, o lo apoyan. Y por qué, pues porque no se trata solo de llamar al orden al representante del Capital nacional correspondiente por sus posturas nacionalistas y contrarias, por lo tanto, al libre mercado. Sino de paso, acabar con el poder popular y las conquistas que para la clase obrera ha significado el chavismo. Veámoslo con el siguiente y muy resumido ejemplo comparativo de los derechos sociales recogidos en las constituciones española y venezolana.

En la Constitución española, los llamados derechos sociales no tienen la consideración de derechos fundamentales, sino que se encuentran adscritos a los principios rectores de la política social y económica. Es decir, que la protección familiar y de los niños y niñas, el empleo, la Seguridad Social, la protección de la salud, el disfrute de un medio ambiente adecuado, la vivienda y las pensiones no son derechos fundamentales para la legislación democrática española. Sino principios rectores, principios que han de seguir quienes hacen las leyes. Leyes que dependen de los presupuestos y presupuestos que dependen de la voluntad política del gobierno de turno.

En la Constitución venezolana, en cambio, son considerados derechos fundamentales como el derecho a la vida, al libre pensamiento… pero no solo eso. Esta constitución reconoce la soberanía popular. Así su artículo 70 dice literalmente: Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Otras materias de especial interés democrático puede ser la convocatoria de referéndum consultivo que la puede realizar el Gobierno, la mayoría parlamentaria o un diez por ciento de los electores, tanto a nivel nacional como municipal. Incluyendo que todos los cargos electos pueden ser revocados por los electores.

Y ya que hablamos de referendum no podemos dejar de destacar el comportamiento del Gobierno de Maduro, con respecto al de Rajoy, ante la convocatoria de uno ilegal. En Venezuela por la oposición y en Cataluña por su parlamento. En ambas ocasiones y a pesar de las facilidades constitucionales para su celebración en Venezuela, fueron declarados ilegales por los respectivos Estados de Derecho. Pero mientras que el gobierno chavista de Maduro usó la fuerza del orden para proteger a quienes querían participar y votar, el gobierno democrático de Rajoy usó las fuerzas del orden para apalear a los votantes y secuestrar las urnas y al Poder Judicial para encarcelar o mandar al exilio a sus principales protagonistas.

Desde el Sindicato Unitario de Andalucía no podemos más que, además de rechazar las injerencias extranjeras en cualquier Estado soberano, apoyar al gobierno legal y legítimo de Nicolás Maduro. Y no porque desde la izquierda no haya que criticar algunas derivas de aquel gobierno, sino porque ante la amenaza de acabar con la revolución bolivariana, esas posibles críticas hay que dejarlas para después. Para cuando se restablezca el orden con el acatamiento a la legalidad venezolana por parte de las fuerzas golpistas y de la llamada oposición y al orden internacional que dicta la no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos.

Y todo ello por dos motivos. Uno por la dimensión humana y de defensa de la vida y de la libertad de los seres vivientes que toda organización revolucionaria anticapitalista debe tener como guía. Y otro porque los derechos reales conquistados por la clase obrera y el pueblo venezolano para los pueblos y la clase obrera de todo el mundo son sólo esperanzas utópicas, objetivos democráticos a conquistar, por los que luchar. Las amenazas a Venezuela no sólo se realizan para la defensa del “libre mercado” o por razones geoestratégicas, sino que también para restaurar la libre explotación de los recursos, las riquezas y la clase obrera venezolana, pero no solo.

La Venezuela colonizada por la corona castellana luchó por su liberación y conquistó su independencia pero para caer bajo la órbita anglo-norteamericana. Y no ha sido hasta la llegada al poder del chavismo, cuando ha podido materializarse esa independencia y soberanía nacional, imponiendo limitaciones al robo de recursos y a la transferencia del capital nacional a los capitales de las grandes potencias europeas y fundamentalmente de los EE.UU. Un ejemplo a seguir por los pueblos que ansían su liberación. Andalucía fue la primera colonia europea moderna. Todo lo que en nombre del reino de Castilla hicieron los conquistadores en América lo probaron antes con nosotros. Quema de libros, prohibición del idioma, españolización a base de latigazos, cristianización a base de hogueras, desahucios y racismo, convirtiendo a quienes eran libres en siervos de terratenientes.

Y así continuamos, saqueados nuestros recursos y riquezas, convertidos en plataforma de agresión imperialista con las bases de Rota, Morón y Gibraltar, alimentando con nuestras hijas e hijos al ejército y a los cuerpos represivos del Estado como salida socorrida del paro, del hambre y de la pobreza y siendo los más pobres de los pobres de España y los más afectados por la rapiña sobre nuestra riqueza social de las grandes compañías, por los grandes capitales, tanto españoles como de las grandes potencias.

Por todo esto quieren acabar con la República Bolivariana de Venezuela, tanto por sus logros como por el ejemplo de liberación que supone a los pueblos del mundo y a la clase obrera internacional.

Vivan Andalucía y Venezuela libres por sí, por los pueblos y la humanidad.

Miguel Cano

Secretario de representación del Sindicato Unitario de Andalucía