Moreno Bonilla da marcha atrás y abre la puerta a implantar el Grado de IA el próximo curso en la UGR
El presidente de la Junta, Moreno Bonilla, da marcha atrás y ha abierto la puerta al grado de Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad de Granada (UGR) el próximo septiembre para “iniciar el curso” según Andalucía Información. Lo ha condicionado a que los argumentos del recurso de la institución académica “cumplan” con lo estipulado por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), que le ha dado inicialmente informe desfavorable a la titulación.
Estas declaraciones se producen después en jornadas anteriores las universidades públicas andaluzas cargaran contra la Junta después de que esta haya negado dos titulaciones de grado, el de Inteligencia Artificial e Ingeniería Biomédica, a la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén, para concedérselo a dos universidades privadas, la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Loyola.
Entonces, una declaración de las universidades advertían que son 34 nuevos títulos los que se concederán a las universidades privadas. «Volvemos a manifestar nuestro firme rechazo a la actual estrategia de privatización y mercantilización del derecho a la educación superior emprendida por el Gobierno andaluz», expresan las universidades en un comunicado, «que estos días está viviendo su punto álgido con la próxima autorización de hasta 34 nuevos títulos a las universidades privadas Tecnológica Atlántica-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía».
Moreno Bonilla culpa a una agencia “independiente”: la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía
Unas declaraciones que se producen después de que la UGR anunciara la semana pasada que aplazaba la implantación del título tras el informe de la Accua contra el que la institución académica ultima recurso a presentar en el Consejo de Universidades dependiente del Ministerio.
Moreno ha incidido en sede parlamentaria que la Accua es una agencia “independiente” en cuyas decisiones “la Junta de Andalucía no interviene” más allá de que “nos gusten o no nos gusten”, y que muchos de sus evaluadores son de “fuera de Andalucía”.
Todo ello garantiza que “los títulos sean reconocidos en el Espacio Europeo de Educación” y son estos evaluadores “independientes” los que “han entendido que las propuestas de la UGR tenían alguna deficiencia”. En este contexto, desde la Junta han pedido a esta y el resto de universidades afectadas por informes desfavorables de la Accua que “recurran ante la comisión de reclamaciones que se constituye precisamente este jueves”.
“Si las reclamaciones” son “positivas” y “cumplen con lo que le ha solicitado este órgano”, Moreno ha indicado que “seguro que la Junta de Andalucía lo tendrá todo listo para implantar el grado el próximo septiembre e iniciar el curso”.
Agravios a las universidades públicas andaluzas
Las universidades han adjuntado, además, una suerte de ‘lista de agravios’ por parte de la consejería de Universidades hacia estas, en forma de títulos denegados a la pública que sí están siendo aceptados en la privada. A saber: el Grado en Actividad Física y del Deporte propuesto por la Universidad de Córdoba fue rechazado alegando «baja empleabilidad específica», pero sí ha sido incluido en la Universidad CEU Fernando III.
El ejemplo más reciente, de las universidades de Granada y Jaén, provocando una paradójica situación, donde los primeros egresados en esta demandada disciplina vayan a serlo de universidades privadas, lejos de universidades andaluzas que atesoran una amplia trayectoria «de excelencia» en estas materias.
Las universidades públicas también han apuntado a un programa de doctorado en Arquitectura que implicaba a tres universidades, la de Sevilla, Granada y Málaga, también rechazado. Así, hasta 34 titulaciones, según denuncian.
«En definitiva, cada paso en la dirección actual nos acerca sin dilación hacia un modelo de sociedad donde el sistema universitario, lejos de ser la mejor garantía de la igualdad efectiva de oportunidades, sirva más bien para perpetuar y acrecentar las desigualdades sociales», han sentenciado.
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