Manual para suprimir y cerrar centros educativos
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Desde USTEA venimos denunciando desde hace años la situación indefensión y el deterioro que continuamente soporta la Educación Pública, donde observamos que curso tras curso se suprimen unidades en toda Andalucía y se llega al cierre de centros.
Este curso asistimos con gran tristeza como dos centros educativos de la provincia de Córdoba cierran sus puertas definitivamente: el CEIP Lucano y el CPR Quercus.
A los lamentables cierres anteriores, hemos de sumar uno más, comunicado ya a la dirección del centro, que se hará efectivo el curso 22/23. Se trata de la Escuela Infantil Vicente Nacarino, de Palma del Río. La Delegación Territorial siempre se ampara en el argumento de la bajada de la natalidad y a razones numéricas para llevar a cabo las supresiones y cierres de centros, todos públicos. Si analizamos la situación y nos remontamos un poco en el tiempo consideramos que estas explicaciones están llenas de cinismo, pues no se ha hecho ni de lejos lo suficiente para buscar soluciones a estos centros. Para entender esta afirmación un poco mejor hemos recopilado las acciones que desarrollan las Delegaciones Territoriales en un manual de supresiones que cualquiera de ellas aplica sin pudor sometiendo al sistema educativo público a supresiones de aulas y centros.
Primer paso: No dotar a centros públicos de los recursos adecuados, que son solicitados por toda su comunidad educativa.
En el caso de la EI Vicente Nacarino, la AMPA y la directiva llevan solicitando tres cursos escolares seguidos el aula matinal y comedor escolar, fundamental para que las familias de este centro tengan facilidades para conciliar. Esta falta de dotación hace que muchas familias, por su situación familiar y laboral no puedan matricularse en el centro, buscando otras alternativas, siendo alguna de ellas, como era de esperar, centros concertados, que sí que tienen más facilidad de conseguir estos servicios y recursos complementarios.
Segundo paso: Anunciar al centro que para el curso 2022/2023, el centro se cierra y será fusionado con otro centro de la localidad.
Bien, este anuncio conocido por las familias hace tiempo provoca que muchas de ellas soliciten preferentemente otros centros de la localidad, ante el temor de que su hijo/a quede fuera de la escolarización, o afectado en futuros cambios de centro. Muchas de ellas tenían intención firme de solicitar plaza en el centro, pero ante este anuncio, y así darle más estabilidad a la escolarización de sus hijos e hijas, han cambiado de opinión.
Tercer paso: Anuncio de los temidos y ya conocidos recortes a priori, otra de las estrategias de derribo del sistema público educativo que venimos denunciando desde USTEA.
Lo que se ha previsto en este centro desde la Delegación provoca que no se pueda matricular suficiente alumnado como para mantener las aulas de este curso escolar. Se suprime un grupo de infantil de 4 años, dejando posiblemente de cara al curso que viene dos aulas mixtas en esta etapa, teniendo que repartir el alumnado de 4 años en infantil de 3 e infantil de 5 años. Esto es una atrocidad para el propio desarrollo evolutivo de los menores, ya que los separa después de un curso en el que se han formado como grupo y acto seguido se les impide que se desarrollen con su grupo de iguales.
Cuarto paso: Hacer que el proceso sea irreversible.
Esto se consigue no permitiendo que se matricule ningún alumno en infantil de 4 e infantil de 5 años, dejando la posibilidad casi cerrada de que el centro pueda recuperar unidades y por ende librarse del anunciado cierre, convirtiendo este proceso, orquestado por la Consejería de Educación y ejecutado por sus DT, en una profecía autocumplida de manual.
El quinto, y nuevamente triste, paso, como consecuencia lógica de los anteriores, sería la triste noticia de que otro centro educativo de la provincia de Córdoba cierra definitivamente sus puertas, y sería el cuarto confirmado en tres años. Por lo que desde USTEA animamos a toda la comunidad educativa a sumarse a la lucha por la defensa de la Escuela Pública, la única que garantiza el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad para el conjunto de la población y así contribuir a la construcción de una sociedad verdaderamente más libre.
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