La Ley de Vivienda “un punto de partida insuficiente” para los sindicatos de inquilinas

La ley que han propuesto PSOE y Podemos está repleta de matices que no terminaban de convencer a los colectivos de inquilinas y antidesahucios. El PP ya ha anunciado que no aplicará la ley en los territorios y localidades que gobierna.

Hace un año, la presión de los sindicatos de inquilinas e inquilinos logró aprobar la primera regulación de los precios del alquiler de la democracia: la Ley 11/2020, una norma vigente en Catalunya que ampara a más de 5 millones de personas, que se ha convertido en un referente europeo y que ha tenido efectos positivos.

Como han reconocido PSOE y UP, todo esto ha motivado que dicha ley haya determinado las negociaciones con el Gobierno, que no ha tenido otra opción que acordar una regulación a nivel estatal.

Sin embargo, los sindicatos de inquilinas e inquilinos han querido matizar algunas de las cuestiones de esta ley de vivienda.

Entre ellas se encuentra la aplicación de la regulación de precios que debería ser automática en todos los municipios en los que hay una situación de mercado tenso, al igual que se aplica el salario mínimo de forma global en todo el mercado laboral.

Con tal de respetar la autonomía local, se debería permitir a los municipios que puedan hacer variaciones, pasado el primer año de regulación. “Es preciso evitar desequilibrios territoriales en la aplicación de la regulación, que generarían efectos indeseados”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.

Asímismo, la bajada de los precios hinchados debe ser obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, y no solo para las empresas con más de 10 viviendas.

En el caso de Barcelona, donde existen datos oficiales, casi el 70% de los y las inquilinas tendría difícil beneficiarse de una bajada. Para el resto de municipios como Zaragoza, Uesca o Teruel, sería aún mayor la cifra de no beneficiarios. “¿Cómo es posible que una entidad jurídica con nueve viviendas en propiedad en un área de mercado tenso, no se vea afectada por la bajada obligatoria? ¿O cómo se explica que una persona física con 200 propiedades tampoco se vea afectada?”, se preguntan desde el sindicato aragonés.

Además, el acuerdo retrasa las bajadas de precio obligatorias hasta 18 meses posteriores a la aprobación de la ley. “Esto no sólo supone que estas reducciones se fijarán exclusivamente para los grandes tenedores, sino que además, la aplicación obligatoria del índice de precios a los nuevos contratos entrará en vigor -como muy pronto- de aquí a dos años”, y añaden, “desatendiendo, por lo tanto, la necesidad de que los precios de alquiler bajen urgentemente dado que entre 2013 y 2019 se han duplicado”.

Una bonificación fiscal a las rentas más altas

En el caso de los particulares con menos de 10 viviendas, el acuerdo habla de que las bajadas de precios sean voluntarias, a cambio de una bonificación fiscal del 90%. Esto implicaría una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con ingresos más altos, y como advierten desde los sindicatos de inquilinas “no está claro que ayude a bajar precios”.

Los cálculos de los sindicatos de inquilinas apuntan a que los beneficios fiscales como condición para bajar un 10% el alquiler resultaría rentable para los arrendadores que perciben ingresos por rentas de contratos de alquiler superiores a 3.000€.

En definitiva, para los sindicatos de inquilinas e inquilinos este acuerdo supone un punto de partida para avanzar en medidas más garantistas, pero es insuficiente.

Y no solo en lo que se refiere a regulación de precios. Hay que recordar que sobre la mesa hay diversos retos que nos pondrían a la altura de nuestro entorno europeo. En este sentido, estas entidades señalan dos medidas muy claras e insoslayables.

Los honorarios de las inmobiliarias

Por un lado, establecer contratos renovables automáticamente a no ser que el arrendatario incurra en una falta grave o que el arrendador necesite recuperar la vivienda para uso propio (o de un familiar). Por otro, reclaman que los honorarios de las inmobiliarias deben ir a cargo de los arrendadores, que son quienes piden la comercialización la vivienda y para quienes trabajan.

“En los días que vendrán nos jugamos que estas y otras cuestiones entren en la ley”, por ello desde los sindicatos de inquilinas recuerdan que la semana pasada la sociedad civil organizada presentó, junto a 9 partidos (UP, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, CUP, Más País, Nueva Canarias, Compromís, BNG) una propuesta de Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada.

“No tenemos ninguna duda que estos partidos defenderán las líneas que fueron planteadas para que sean recogidas en el nuevo texto legislativo”, concluyen.

Los Gobiernos del PP no aplicarán la ley

Por su parte, el Partido Popular ya ha anunciado que insuficiente o no recurrirá la Ley de Vivienda en el Tribunal Constitucional y que “blindará” los territorios y ayuntamientos en los que gobierna para que no se apliquen las medidas que contempla el Gobierno de coalición. Cabe recordar que las competencias en materia de vivienda corresponden a los gobiernos territoriales y locales.

Fuente: ara.inifo