El gobierno “progresista” español se compromete con Bruselas a recortar 20.000 millones tras las elecciones

Los recortes que vienen: algo de lo que no se está hablando en esta campaña electoral y que puede suponer importantes futuros ataques a las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales ante los que debemos estar preparados.

En un contexto de prolongación de la guerra en Ucrania, elevación de tipos de interés, enfriamiento de la economía y crisis inflacionaria persistente ya se empiezan a escuchar las voces que piden recortes presupuestarios, más allá de quién gane las elecciones. De momento el propio “Gobierno progresista” ha alcanzado un acuerdo con la UE que supone realizar importantes recortes presupuestarios.

Es decir, que ha adquirido el compromiso de acercarse a velocidad de crucero a los criterios que la UE ha fijado en 3-60 (3% de déficit y la deuda pública en no más del 60% del PIB). La realidad por el momento es que a finales de 2023 habrá un 3,9% de déficit, partiendo del 4,8% de 2022 y una deuda pública en el 111,1% del PIB.

Este compromiso deja claro que lo que se “promete” en campaña electoral (como la ayuda de 20.000 euros por joven para emprender que hizo Sumar, o los anuncios de construcción de miles de viviendas públicas de Sánchez) no son más que palabras vacías, mientras por debajo se cuecen las políticas reales que pasan por embridar el gasto público.

Las exigencias de Bruselas llegan después de que se haya disparado el gasto público para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania, con un incremento de 150.000 millones de euros de gasto durante los últimos cinco años, elevando los niveles de déficit y deuda a cifras históricas. Pero la mayor parte de este gasto se ha destinado a engrasar los beneficios empresariales, durante y después de la pandemia, suprimiendo o bonificando cuotas sociales empresariales y manteniendo el empleo mediante los Erte a costa del Estado. Y posteriormente, con los fondos europeos Next Generation de más de 140.000 millones entre ayudas a fondo perdido y financieras, destinados a facilitar la “transición ecológica y digital” en proyectos sectoriales (PERTE) que están dando jugosos beneficios a las grandes empresas del IBEX 35. Ahora se aproxima el fin de fiesta, una vez decretado el fin de la relajación de la disciplina presupuestaria por Bruselas, por lo que le tocará pagar los platos rotos a la clase trabajadora. Ya que las reducciones importantes del gasto público terminarán seguramente por afectar las partidas de las pensiones, la sanidad o la educación.

De hecho, en el mes de mayo pasado la ministra de Hacienda María Jesús Montero avanzó que el Estado español se había comprometido con Bruselas a rebajar el desequilibrio de las cuentas públicas al 3% del PIB en 2024, un año antes de lo previsto. Y aunque indicaba que lo iba a hacer sin recortes, lo cierto es que el propio Gobierno prevé en el documento enviado a Bruselas un recorte del 1,5% del PIB, unos 20.000 millones de euros, entre 2023 y 2024. Mientras la deuda pasaría del 111,9% del 2023 al 109,1% en 2024. Con el compromiso añadido de que el gasto público no va a crecer por encima de lo que lo haga el PIB nominal durante toda la próxima legislatura hasta 2026. Todo ello con la idea de que a la entrada en vigor del nuevo marco europeo del control fiscal, las cuentas públicas estén por debajo del 3% de déficit y evitar así, el control de los hombres de negro de las cuentas españolas.

Los recortes sociales que vienen después de las elecciones

Ahora vendrá la resaca, una vez finalizada la relajación fiscal decretada por la UE, lo que implica un ajuste presupuestario que pagará la mayoría social. Pero no les ha resultado oportuno declararlo en plena campaña electoral, cuando la movilización del electorado por parte del PSOE-Sumar es crucial para tratar de ganar las elecciones ante el bloque político que forman PP y Vox.

De momento a lo largo de este año 2023 la previsión es de un aterrizaje suave con un objetivo del 3,9% de déficit sobre el PIB al finalizar el año, y reducir tan solo cinco décimas el gasto, algo que se podría lograr con la revocación de algunas medidas de estímulo adoptadas para combatir la inflación, lo que se prevé que ocurra para finales de este año cuando probablemente se retire la rebaja del IVA de los alimentos o la bonificación del transporte público, además de las reducciones de la tarifa eléctrica.

Pero la parte importante del ajuste se ha dejado para el próximo ejercicio de 2024. Durante ese año se pretende reducir el déficit público del 3,9% a una cifra inferior al 3%, cuando la previsión anterior era más modesta (3,3% y así quedar fuera de los procedimientos de control directo de la UE que se implementan a partir de un déficit superior al 3%.

Por otra parte, los planes enviados a Bruselas también prevén para el año 2024 una importante reducción del gasto público de unos 14.000 millones de euros, con otros 6.000 millones más para 2025, hasta sumar los 20.000 millones totales, algo que debe darse en un contexto en el que ya no habrá pliegue de velas en las medidas de estímulo porque ya estarán retiradas, por lo que todos los ajustes se realizarán directamente sobre el hueso de los servicios públicos.

El “Gobierno progresista” ha comprometido con Bruselas que el futuro ejecutivo no incrementará el gasto público por encima del PIB nominal en ningún caso. Con lo que nos espera un claro ataque a la calidad y la viabilidad de los servicios públicos esenciales. Algo que, sin embargo, no se va a aplicar al gasto militar, que tras un crecimiento récord en el gasto para los presupuestos de este año del 26% seguirá incrementándose hasta alcanzar un mínimo del 2% del PIB al que se ha comprometido el “progresista” Sánchez con la OTAN. Y algo que tampoco sucederá con las subvenciones a las grandes empresas dado que se pretende que queden fuera del marco de la deuda para garantizar la mal llamada transición ecológica y digital blindando el beneficio empresarial a toda costa.

Cada vez más difícil llegar a fin de mes

Frente a los grandes beneficios empresariales que en muchos sectores económicos han sido récord ya desde finales de la pandemia, el Banco de España acaba de publicar un informe sobre la situación financiera de los hogares españoles en el que se destaca que el 9%, 1,6 millones de familias, se encuentra en situación de vulnerabilidad por tener graves dificultades para llegar a final de mes. El dato supone un incremento de 30.000 personas más que antes de que comenzase la crisis inflacionaria agravada por el conflicto de Ucrania. Todo ello bajo el mandato de un gobierno que se autocalifica como “el más progresista de la historia” y que no para de sacar pecho por haber implementado lo que han llamado el “escudo social” para que nadie se quede atrás. Anunciando, entre otras cosas, el fin de los desahucios cuando solo el año pasado hubo una media de 105 desahucios diarios (más de 38.000) y la mayoría sin alternativa habitacional. Con una crisis de los precios, sobre todo de los alimentos, los alquileres y las hipotecas que está suponiendo un golpe tremendo a los niveles de subsistencia de la mayoría social.

Es mucho lo que nos estamos jugando en estos momentos, como demuestran los ajustes que vienen y por eso no nos podemos dejar engañar con promesas vacías que nos paralicen ante la amenaza de la reacción por la posible llegada de Vox al gobierno.

Fuente: Izquierda Diario.