El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Huelva autoriza una balsa de residuos en tóxicos a la empresa en la que trabaja su hermano

Según una investigación que adelanta este lunes eldiario.es, Pedro Yórquez, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, ha autorizado la construcción de una balsa de residuos para la empresa minera MATSA, donde trabaja su hermano. Este proyecto, aprobado por Yórquez, se ubicaría en Valdelamusa, una pedanía de Cortegana en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y plantea almacenar hasta 15 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos, incluyendo arsénico, plomo y otros metales pesados. La decisión genera polémica, además de por el posible conflicto de intereses, por el sentimiento de desamparo entre los habitantes y colectivos de la zona que consideran que la Junta de Andalucía sigue priorizando intereses económicos de grandes empresas sobre la salud pública y la sostenibilidad ambiental.

La Junta, al defender esta autorización, asegura que el proyecto cumple con las normativas de distancia respecto a las zonas habitadas y que la relación laboral de Yórquez con MATSA no compromete su imparcialidad. Sin embargo, la rapidez del proceso, sumada a la cercanía del depósito a áreas pobladas y a ecosistemas frágiles, ha avivado la oposición local. Esta incluye protestas, recogidas de firmas y una petición en Change.org que ya ha reunido miles de adhesiones de vecinos preocupados por el impacto que este megaproyecto podría tener en su salud y entorno natural.

Valdelamusa, en el corazón de la amenaza tóxica

La balsa de residuos proyectada por MATSA es una de las mayores en Europa y responde a la necesidad de la empresa de almacenar los desechos de su intensa actividad minera en la región. Con una capacidad de 15 millones de metros cúbicos, los residuos de esta balsa incluyen arsénico, plomo, talio y otros metales pesados, cuyos efectos sobre el agua, el suelo y el aire serían devastadores en caso de fuga o de fallo en la estructura. Aunque la empresa asegura que se están siguiendo las medidas de seguridad adecuadas, la proximidad a ríos y arroyos locales, como el barranco del Tamujoso, plantea riesgos de contaminación que podrían alcanzar la ría de Huelva, afectando a las reservas de agua de la región y comprometiendo seriamente la calidad de vida de las comunidades circundantes.

Estudios han vinculado la exposición prolongada a estos metales pesados con problemas graves de salud, como cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas, daños neurológicos y problemas de desarrollo en niños. Este riesgo a la salud se añade a la amenaza de un desastre ecológico que podría afectar la flora y fauna del área, entre ellas, el brezo Erica andevalensis, una planta endémica adaptada a suelos con altos niveles de toxicidad, y el buitre negro, especie emblemática y en peligro debido a la fragmentación de su hábitat. La supervivencia de estas especies se verá comprometida si el entorno sufre una alteración severa de los niveles de toxicidad en agua y suelo.

«No queremos una balsa tóxica en nuestra tierra»

En Valdelamusa y en otras localidades cercanas, vecinas y vecinos han mostrado un rechazo contundente a la construcción de la balsa de residuos. Colectivos ecologistas y ciudadanos preocupados han comenzado a movilizarse, organizando manifestaciones y creando campañas en redes sociales y plataformas de recogida de firmas como la ya citada en Change.org, donde la petición cuenta con más de 4.400 adhesiones. Las personas habitantes de Valdelamusa y alrededores temen que sus recursos hídricos, especialmente el agua potable, se vean comprometidos si la balsa continúa adelante sin garantías de seguridad claras y suficientes, una preocupación más que justificada por los impactos que la minería ya ha dejado en la zona a lo largo de los años.

Este rechazo colectivo no es un caso aislado; representa una resistencia cada vez mayor frente a un modelo extractivo que, según denuncian estos colectivos, desatiende las necesidades y los derechos de las comunidades en favor de beneficios empresariales. Para muchos de estos activistas, el agua y el medioambiente son bienes innegociables, y su defensa no es una opción, sino una obligación. «Defender el agua y el aire es defender el derecho a vivir en paz en nuestra tierra», comentan en redes sociales, y su posición se hace eco de la frustración de un pueblo que siente que sus intereses están siendo ignorados en las decisiones sobre su propio territorio.

La Junta de Andalucía y la sombra del conflicto de intereses

La Junta de Andalucía ha defendido la autorización de este proyecto, afirmando en comunicaciones oficiales que el depósito de residuos cumple con todas las normativas aplicables y argumentando que la relación laboral en MATSA del hermano del delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Huelva, Pedro Yórquez, no supone un conflicto de intereses.

Pedro Yórquez Sancha empezó su carrera política como asesor del alcalde de Aljaraque (Huelva) del Partido Popular Juan Manuel Orta entre 2003 y 2007, según consta en su currículo alojado en el Ayuntamiento de localidad onubense. A partir de 2007 pasó a ser concejal del PP en el municipio hasta 2022. Llegó a ser segundo teniente de Alcalde. De ahí pasó a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta.

Su hermano, pro su parte, es ingeniero técnico de minas y aparece actualmente como técnico facultativo. En un correo electrónico remitido a elDiario.es afirma que empezó a trabajar para MATSA en 2012. “Mi contratación fue por méritos propios y no estuvo relacionada con ningún tipo de relación personal o familiar. Tampoco he sido promocionado, ascendido ni se ha incrementado mi salario desde que una persona de mi familia ostenta las responsabilidades públicas que refieren. No he tenido ninguna participación ni intervención, de ninguna manera, en el proyecto de instalación de gestión de tailings”, recoge el diario digital este lunes.

Según este calendario, ya estaba ligado a la minera MATSA antes de que la australiana Sandfire adquiriera la sociedad en 2021 por 1.500 millones de euros. La empresa había sido hasta entonces propiedad de la multinacional petrolera Trafigura y el fondo soberano de inversión de Emiratos Árabes Unidos Mubadala que entró en la sociedad al comprar a Trafigura el 50% del accionariado en 2015 por unos 400 millones de euros.

Fuente: La Mar de Onuba.