Denuncian a la Junta por permitir que prescriban sanciones y medidas de restauración ambiental por vertidos en los ríos Guadalquivir y Guadalete
El colectivo Ecologistas en Acción-Cádiz ha iniciado acción judicial ante el TSJA, Sección 3ª, tras haberse producido la prescripción de sanciones y órdenes que obligaban a la reposición a su estado original de diversos espacios y terrenos alterados por vertidos ilícitos de aguas residuales a cauces públicos (río Guadalquivir, río Guadalete…), tras la inactividad de los responsables de la Viceconsejería en este sentido.
Afirman que “durante 6 años los expedientes estuvieron paralizados en las dependencias de la Secretaría General Técnica y la Jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones, sin que los funcionarios que ostentaban estos cargos resolvieran los recursos interpuestos por los infractores”.
La grave responsabilidad en que han incurrido los órganos implicados en la resolución de estos expedientes, esperando 6 años en resolver cuando la Ley 39/2015 establece un plazo máximo de 3 meses, “ha ocasionado, no solo la falta de recaudación de las multas impuestas, sino también un tremendo perjuicio al medio ambiente y los ecosistemas naturales. No solo no se restauraron los espacios contaminados, sino que estos dos funcionarios, con su actitud manifiestamente negligente, permitieron que los infractores pudieran continuar impunemente con los vertidos contaminantes”.
Las sanciones administrativas y la reparación de daños medioambientales tienen como finalidad según el colectivo “proteger de forma efectiva el derecho humano que tienen todos los andaluces al medio ambiente y tener suficiente efecto disuasorio sobre los potenciales infractores para evitar la comisión de infracciones administrativas y daños ambientales”.
En el procedimiento que actualmente se sigue ante la Sala de lo Contencioso del TSJA, Ecologistas en Acción exige “que se tramiten los correspondientes expedientes de responsabilidad disciplinaria contra D. A.S.M que ostentaba la Secretaría General Técnica y contra Dª M.M.M. que ostentaba la Jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones”.
Tres años después de la sentencia del TSJA, sección 3ª, de 10 de febrero de 2021 que obligó a la Viceconsejería a resolver los recursos de alzada como solicitaba Ecologistas en Acción, la situación general “continúa de forma similar” según denuncia la entidad ecologista.
Se desconoce el alcance de esta práctica administrativa tan sospechosa que garantiza la impunidad de infractores medioambientales, pero según el colectivo ecologista “podemos asegurar que continúa y está desproporcionadamente extendida”.
Además anuncian que iniciarán “nuevas acciones contra aquellas autoridades y cargos técnicos que, con sus graves omisiones, favorezcan la destrucción del medio ambiente y la impunidad de los infractores”.
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