Biden renueva la «criminal política de agresión» contra Venezuela

En el «Mensaje al Congreso», fechado el 1 de marzo, el actual presidente estadounidense, Joseph Biden, anuncia la renovación de la orden ejecutiva que Barack Obama firmó por primera vez, hace ocho años y desde entonces sucesivamente renovada, que cataloga a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

En un comunicado emitido el jueves, el gobierno de Venezuela repudia enérgicamente la nueva prórroga del decreto ejecutivo, que “continúa la criminal agresión política contra el pueblo venezolano a través de la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales”.

El ejecutivo de Caracas también condena la “afirmación infundada” de que el país caribeño representa algún tipo de amenaza para EE.UU.

“Más aún cuando es evidente que Venezuela fue el país que tuvo que enfrentar multitud de amenazas, chantajes, agresiones y atentados que violan los derechos humanos de todo el pueblo venezolano”, denuncia la nota, subrayando que esto viola “las normas establecidas de derecho internacional público” y constituye “un crimen de lesa humanidad”.

Con esta ampliación de «la errática política de la Casa Blanca, un gobierno que se precia de defender los derechos humanos y los principios de la democracia no hace más que revelar, una vez más, su carácter autoritario, cruel y mentiroso», así como la «su falta de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos», acusa el documento.

Subrayando que conduce las relaciones internacionales bajo los principios de la solidaridad entre los pueblos y la diplomacia de paz, el gobierno venezolano afirma que la soberanía del país es “inquebrantable” y que “ninguna agresión, por grande que sea, doblegará la voluntad democrática de su pueblo”.

Las autoridades venezolanas han denunciado a lo largo de los años el impacto de las sanciones impuestas por EE. UU. al país sudamericano y su pueblo.

En agosto de 2021, la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su país había entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe que contenía pruebas del daño causado por las sanciones de Estados Unidos al pueblo venezolano.

Ese mismo año, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, desmanteló el argumento comúnmente esgrimido por la Casa Blanca de que las sanciones van dirigidas al «régimen de Maduro» (que no le gusta ni le interesa), pero no el población.

Fuente: Abril Abril.