El Congreso de los Diputados aprueba la ley contra la ocupación con el apoyo de Sumar, PNV, Junts, ERC, Podemos y EH Bildu

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la denominada Ley de eficiencia del servicio público de la Justicia, tras lograr levantar el veto impuesto por el Senado. La norma impulsada por el Gobierno español ha contado finalmente con el apoyo de Podemos, lo que ha permitido su aprobación con 177 votos a favor, frente a 170 en contra y ninguna abstención. Las formaciones que han votado a favor han sido el PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Podemos y EH Bildu.

La votación ha estado marcada por las tensiones en el seno de la mayoría que sostiene al Ejecutivo, debido a una enmienda polémica introducida en el texto, que busca agilizar los procesos judiciales en casos de ocupación para facilitar los desalojos. La formación morada, que al principio había advertido de la posibilidad de no respaldar la ley, ha justificado su apoyo tras el supuesto compromiso del Ejecutivo de Sánchez de “aprobar un real decreto que prorrogará durante un año la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables” y “extender las ayudas al transporte”.

Durante el debate parlamentario, tanto el PSOE como Podemos han cargado contra el veto del PP en el Senado, al que acusaron de “bloquear una norma clave para modernizar la Justicia”. Así, paradójicamente, la ley contra la ocupación ha sido aprobada por la izquierda y rechazada por la derecha. Y Podemos no es la única formación que da su visto bueno: PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu también han dado el sí. Durante el debate parlamentario, el diputado de EH Bildu Ion Iñarritu, conocido por sus simpatías hacia el Estado de Israel, ha calificado la norma de “compleja”, pero asegura que el acuerdo alcanzado es “satisfactorio”, según recoge La Vanguardia.

La aprobación de esta ley llega en un momento de alarma social y política sobre la ocupación en el Estado español. La enmienda que permite tramitar los desalojos mediante juicios rápidos ha generado reacciones encontradas entre los grupos parlamentarios y los movimientos sociales. Los casos de allanamiento y usurpación de viviendas podrán resolverse ahora en un plazo máximo de 15 días, frente a los “largos” procesos judiciales previos, que podían extenderse hasta 23 meses en algunas circunstancias.

Desde Podemos, su portavoz Ione Belarra criticó en su momento que la enmienda “afecta directamente a personas vulnerables” y que se trató de un “error” en la votación inicial que debe ser subsanado. Aun así, su formación ha decidido respaldar la ley tras el anuncio de “nuevas medidas sociales”, que son parciales y sin garantías. La norma será ahora promulgada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuente: Diario Socialista.